La Audiencia de Barcelona avala por primera vez la actuación de la Guardia Civil el 1-O: “Era necesario el empleo de la fuerza”
La Audiencia de Barcelona ha avalado por primera la actuación de la Guardia Civil el 1-O. Los magistrados concluyen que si bien cinco votantes de un colegio de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) resultaron heridos por la intervención policial, ésta cumplió con los requisitos de proporcionalidad y necesidad y estuvo amparada por el auto del TSJ catalán que ordenaba a los cuerpos policiales impedir el referéndum.
En un auto, del que ha sido ponente el juez José Maria Assalit, los magistrados de la sección 5 confirman la resolución de la jueza de Manresa que denegó varias diligencias solicitadas por los heridos y por el fiscal, entre ellas identificar a los guardias civiles que intervinieron en el colegio Joncadella del municipio y la declaración como imputado del teniente que comandó el operativo en Sant Joan de Vilatorrada.
“Para intentar entrar en el edificio era necesario el empleo de la fuerza/violencia”, zanjan los magistrados. El motivo es que los votantes se resistían “pacíficamente” a que los agentes incautaran sobres, papeletas y urnas. Recuerdan los togados que los agentes advirtieron a los votantes congregados a las puertas del centro del uso de la fuerza para entrar en el colegio. Los ciudadanos rechazaron dejar entrar a los agentes y “en ningún momento tuvieron una actitud violenta”, destaca el auto. Ante la resistencia de los votantes, los agentes cogieron y arrastraron a cinco votantes causándoles lesiones.
Sin embargo, continúa el auto, los agentes cesaron su actuación al “percatarse” de que cogiendo y arrastrando a los votantes “no podían cumplir con la misión” de impedir el referéndum, por lo que trataron de entrar en el colegio por una puerta trasera. La intentaron abrir sin éxito con golpes de mazo. Finalmente los agentes abandonaron el colegio.
“Para evitar causar males mayores a los ciudadanos que se resistían pacíficamente, frente al mal de no afirmar el cumplimiento de las órdenes judiciales, los mandos policiales decidieron, con buen criterio, dar por finalizado el operativo policial”, aseveran los magistrados.
De esta forma, la Audiencia de Barcelona enmarca el aval a la intervención policial en base a dos criterios: si los agentes avisaron del uso de la fuerza y si, ante la resistencia de los votantes, el empleo de las porras o los empujones fueron proporcionales y necesarios para cumplir con la orden de impedir el referéndum.
Se da la circunstancia que la misma sección y el mismo ponente habían resuelto en sentido opuesto hace tan solo unos meses y habían ordenado identificar a los guardias civiles que intervinieron en el instituto de Sant Joan de Vilatorrada el 1-O. En aquel auto, los magistrados admitieron que los agentes actuaron en base a la orden de impedir el referéndum, pero matizaron que los mandos policiales deberían haber valorado si, para lograrlo, “era altamente altamente probable lesionar” a los votantes y, de al hacerlo, provocar “un posible deterioro de las instituciones”.
“Impedir que se siguiera votando en Sant Joan de Vilatorrada suponía el cumplimiento de las órdenes judiciales, pero de continuar esa votación, su resultado no hubiera tenido las consecuencias jurídicas pretendidas por los organizadores. Nótese que en otros lugares de Cataluña no hubieron actuaciones, las votaciones se realizaron y se suministraron resultados, sin consecuencia jurídica alguna”, aseveraron los magistrados el pasado mes de noviembre respecto a la votación en el instituto.
Por contra, ahora avalan la intervención policial en el colegio del mismo pueblo. Así, la jueza de instrucción de Manresa seguirá investigando la actuación de la Guardia Civil en el instituto de Sant Joan de Vilatorrada pero, en base al auto de la Audiencia, podrá archivar las pesquisas sobre la intervención en el colegio de primaria del municipio.
Los recursos a las decisiones de los jueces de instrucción de cada municipio donde se produjeron cargas recaen en secciones distintas de la Audiencia de Barcelona. La sección 5 ha sido la encargada de resolver los recursos de la investigación de las cargas en distintos pueblos de la comarca del Bages que lleva a cabo una jueza de Manresa. De hecho, este miércoles declararán como investigados tres guardias civiles por un presunto delito de detención ilegal a un votante el 1-O en el pueblo de Fonollosa tras ordenarlo la Audiencia.
