Catalunya entra en un limbo legal tras la suspensión de la investidura
Sin un nuevo pleno a la vista ni un candidato alternativo a Carles Puigdemont, la legislatura catalana se ha instalado en un vacío legal. El plazo de dos meses para unas nuevas elecciones no ha empezado a correr porque el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha aplazado la primera sesión de investidura.
Para desencallar la situación, es necesario que se celebre un pleno de investidura, sea cual sea su resultado. Pero el mantenimiento de la candidatura de Puigdemont y la prohibición de su investidura a distancia por parte del Tribunal Constitucional (que también rechazan los letrados del Parlament y la oposición), añade más complejidad.
La Mesa del Parlament ha decidido este martes pedir a los letrados de la Cámara que remitan a los diputados un escrito en el que se “circunscribirán los plazos” para la celebración de la sesión de investidura. Es decir, una especie de manual de instrucciones, dado que Torrent sigue teniendo a Puigdemont como el candidato a president designado, y ha dicho que no iniciará una nueva ronda de consultas con los grupos.
Ciutadans, además, ha pedido un informe a los letrados para ver “en qué situación” queda ahora el Parlament, ha explicado Inés Arrimadas, que también presentará un recurso de amparo ante Torrent para que defienda los derechos de todos los diputados ante la incertidumbre actual.
Según establece el artículo 67.3 del Estatut, si transcurridos dos meses desde la primera votación de investidura se sigue sin haber podido elegir al nuevo president, el Parlament queda disuelto “automáticamente”. Entonces, el president de la Generalitat en funciones –ahora no lo hay, porque en aplicación del 155 es el Gobierno del Estado el que está al mando– debe convocar elecciones “de manera inmediata”, para que puedan celebrarse en un plazo de entre 40 y 60 días. El problema es que la primera votación no se ha producido.
La literalidad de la ley de la presidencia de la Generalitat marca diez días –que vencen este miércoles– desde la constitución de la Cámara para que el presidente del Parlament proponga al pleno un candidato a la investidura. No especifica que en ese plazo deba celebrarse el debate, aunque ha venido siendo lo habitual en todas las legislaturas.
“Ahora no hay calendario, lo que hay es un vacío legal”, ha valorado el exletrado del Parlament y profesor de Ciencias Políticas de la UPF Francesc Pau, que ha lamentado por “excesivo” el auto del Constitucional del sábado que prohibió la investidura no presencial, y que ha provocado que Torrent suspenda el debate de este martes. “Si el Constitucional no da ninguna indicación, estaremos en una laguna legal”, ha añadido el jurista, en declaraciones a TV3.
Pau ha subrayado la importancia de la decisión del Constitucional sobre si admite o no a trámite el recurso del Gobierno contra la investidura de Carles Puigdemont, algo que no debería demorarse más allá de la próxima semana. De momento, este martes el alto tribunal se ha reafirmado en su prohibición de la investidura a distancia.
