El Gobierno se compromete a traspasar a Catalunya la gestión del Ingreso Mínimo Vital por el apoyo de ERC a los Presupuestos

Si el acuerdo entre el Gobierno central y ERC se acaba cumpliendo, la Generalitat de Catalunya gestionará el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una de las políticas claves puestas en marcha por el ejecutivo durante la pandemia que sin embargo ha quedado recientemente deslucido por la dificultad de muchos usuarios para acceder a las prestaciones que otorga. Así lo ha anunciado este miércoles el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, y el líder republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, quienes han anunciado el 'sí' de los 13 diputados de ERC a los Presupuestos.

Los dirigentes de ERC han sacado pecho por el traspaso de la gestión de las prestaciones del IMV, tal como avanzó este martes Nació Digital, que son el plato fuerte del paquete de políticas que han logrado en el marco de la negociación de los Presupuestos con el Gobierno. Los republicanos recuerdan que hasta ahora solo a Euskadi y Navarra, las comunidades de régimen foral, les habían sido reconocida la capacidad de gestionar estas ayudas. Por su parte, la Generalitat reclamaba el traspaso desde el mismo momento que estas ayudas se aprobaron en el Congreso, en junio pasado, al entender que las autonomías tienen las competencias en prestaciones de protección social.

La gestión de estas presentaciones se llevará a cabo “desde la Generalitat y con personal de la Generalitat”, ha indicado Aragonès, que ha destacado que además de los fondos necesarios para las presentaciones también se ha acordado con que el Estado aporte los fondos necesarios para pagar los gastos de gestión. Con todo, el vicepresident ha reconocido que Catalunya no tendrá la capacidad normativa de estas ayudas y por tanto, para modificar las condiciones de acceso utilizarán la ley de la renta garantizada, que sí es de control autonómica.

Por su parte, Fuentes del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social apuntan que la ley aprobada en el Congreso ya preveía la opción de que fueran las autonomías quienes tomasen las riendas de estas ayudas una vez estuviesen desplegadas. El marco normativo del IMV prevé que el Gobierno pueda suscribir convenios con las comunidades para la gestión de las prestaciones, y marcaba el año 2021 como la fecha en la que comenzarían a acordar mecanismos de colaboración autonómicos.

El traspaso de la competencia de las prestaciones de protección social es, para los republicanos, una de las conquistas más visibles de la negociación, pero no el único punto del que han presumido este miércoles en rueda de prensa. Según ha detallado Aragonès, el Gobierno se ha comprometido a llegar que el 19% de inversiones y transferencias totales se destinen a Catalunya, lo que suma más de 2.300 millones y supera por primera vez el porcentaje de PIB catalán.

El vicepresident además ha asegurado que la Generalitat controlará una parte de la gestión de las ayudas europeas que serán inyectadas para hacer frente a la crisis de la COVID-19. “Lo que debíamos evitar era que el Gobierno enviase sus proyectos preseleccionados a la Comisión Europea sin diálogo con la Generalitat. Ahora nos aseguramos que la Generalitat podrá revisar previamente los proyectos que enviará la Moncloa”, ha asegurado Aragonès.

El grueso de la lista de compromisos obtenidos por ERC es de carácter económico y social. Tal como había anunciado Rufián este martes, otra de las demandas conseguidas es acabar con el control financiero que el Ministerio de Hacienda ejercía sobre las finanzas catalanas desde 2015, una condición impuesta a cambio del acceso de la Generalitat al Fondo de Liquidez Autonómica, del que la administración catalana ya había salido hace casi dos años.

Aragonès también ha destacado que el acuerdo alcanzado con el Gobierno ha introducido una cláusula de cumplimiento que se llevará a cabo a través de un sistema de control, una parte de la cual se llevará a cabo en la comisión bilateral de infraestructuras. Será en este marco cuando se revisará, cada cuatro meses, que los fondos comprometidos en materia de infraestructuras llegue efectivamente a Catalunya.