Interior insiste al juez que no se dieron órdenes a la Policía para que cargara el 1-O

El centro de mando que conformaron los jefes del Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Guardia Civil en Catalunya el 1-O no dio órdenes concretas a los agentes para que cargaran. Es lo que defendieron los responsables policiales del operativo y que ahora los nuevos cargos de Interior del Gobierno del PSOE han reafirmado ante el juez de Barcelona que investiga la actuación policial.

En un nuevo oficio, al que ha tenido acceso este diario, el director del gabinete de coordinación y estudios de la secretaría de Estado de Seguridad –cargo que en el 1-O ocupaba el entonces coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos– , José Antonio Rodríguez, insiste en que “no consta” que exista registro de comunicaciones orales o escritas desde el centro de mando que pilotaba Pérez de los Cobos hacia los agentes. En consecuencia, la decisión de intervenir en los colegios se desprende que recayó en los jefes de las unidades antidisturbios desplegadas por Barcelona.

Rodríguez recuerda además al juez un dato relevante: Mossos d'Esquadra, Policía y Guardia Civil no levantaron acta de dos reuniones previas del 28 y 29 de octubre para coordinarse el 1-O. En estos encuentros fue precisamente donde, según Rodríguez, se acordaron las “instrucciones concretas de coordinación”. A ellas asistieron, además de Pérez de los Cobos como mando único, los responsables de los tres cuerpos policiales, el entonces comisario jefe de la Policía en Catalunya, Sebastián Trapote; el comisario de los Mossos Ferran López, número dos de Trapero; y el general jefe de la Guardia Civil en Catalunya Ángel Gozalo.

Pese a que no hay actas de las reuniones previas de coordinación entre cuerpos policiales, Rodríguez recuerda que los criterios generales de actuación distribuidos a los agentes quedaron plasmadas en la instrucción 4/2017 redactada por el entonces secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.

En dicho documento, obrante en la causa desde su inicio, además de reiterar que se debía garantizar el “mantenimiento de la convivencia ciudadana”, tal y como indicaba el auto del TSJC para impedir el 1-O, Nieto instaba a los agentes a identificar a los miembros de las mesas, no volver a los centros donde se hubiera intervenido o estudiar rutas alternativas para la salida de los centros. Es decir, una actuación ágil que priorizara la incautación de urnas y papeletas en los colegios. “La rapidez se considera esencial para el éxito de la actuación policial”, rezaba el documento.

La información facilitada por Interior al juez de instrucción de Barcelona que investiga las cargas ha sido reclamada por las defensas en la causa por rebelión del Tribunal Supremo. El tribunal ha aceptado como prueba del juicio la petición de varios de los acusados para que Interior emita un informe sobre quién dio la orden de cargar el 1-O.

El oficio de Rodríguez responde a la cuarta petición del juez al Ministerio del Interior sobre los criterios seguidos para escoger los colegios donde se intervino. El instructor también preguntaba sobre el “otro medio”, distinto a los canales de comunicación oficiales, por el que los agentes se emplazaban a hablar el 1-O y que ha enervado a las acusaciones de los heridos y a la popular que ejerce el Ayuntamiento de Barcelona.

Rodríguez responde que todas las preguntas realizadas por el juez ya han sido contestadas en varias fases de la instrucción y asegura que todas las comunicaciones que existen son las realizadas por radio y que ya fueron entregadas al juzgado, negando así la existencia del “otro medio”.

Asimismo, el juez preguntó sobre las comunicaciones de la Policía y la Guardia Civil a través de un aplicativo denominado GESTOR DE EVENTOS, una aplicación informática impuesta por Pérez de los Cobos también a los Mossos y que funcionó a trompicones el 1-O. Rodríguez recuerda lo que ya expuso al juez en otro oficio su antecesor en el cargo, Juan Hernández Mosquera: la aplicación GESTOR no servía para que los mandos diesen órdenes, sino que funcionaba en sentido contrario, para que los agentes sobre el terreno pudieran transmitir informaciones “estratégicas” a sus jefes.

Las informaciones que mandaban los agentes fueron recabadas, continúa Hernández, por una “célula de seguimiento” del operativo, formada por Mossos, Guardia Civil, Policía y la secretaría de Estado de Seguridad. Pérez de los Cobos suspendió la primera reunión del día prevista a las 10 horas y no informó hasta la noche sobre las actuaciones de sus policías. Desde primera hora ya se constató la “muy limitada eficacia” de los Mossos para impedir el 1-O, expone Hernández, tesis que el propio Pérez de los Cobos ha defendido en informes ante el juez de Barcelona y el Tribunal Supremo, donde compareció como testigo en la instrucción de la causa del 'procés' y volverá a hacerlo en el juicio.

El mapa del operativo

Cuando arrancó la causa sobre la intervención policial del 1-O en Barcelona, el juez abrió, por un lado, una pieza principal para investigar el operativo en su conjunto. A su vez, el instructor abrió 27 piezas separadas –una por cada colegio donde se hubo cargas– donde se investigan los porrazos y golpes concretes sobre votantes de los agentes. De estas, una decena ya se han archivado.

Respecto a la investigación global del operativo, el juez, el fiscal y el resto de acusaciones han podido hacerse una idea del mismo en base a las declaraciones de los agentes que han desfilado por el juzgado y a los documentos aportados por Interior. De todo ello se desprende que el centro de mando policial del 1-O, comandado por Pérez de los Cobos, no ordenó cargar en los colegios, sino que la decisión dependió de los inspectores de los antidisturbios sobre el terreno, y que tan solo se dieron unas instrucciones genéricas sobre cómo proceder, las incluidas en el documento de Nieto.

De hecho, varios de los antidisturbios investigados han trasladado en sus interrogatorios que los mandos de Interior los dejaron a los pies de los caballos en los colegios. Y es que, según relataron varios imputados, fueron los propios inspectores de los antidisturbios, a pie de calle, los que tuvieron que decidir cómo proceder ante una situación contradictoria: la instrucción de Nieto les ordenaba actuar rápido, pero la presencia multitudinaria de votantes impedía entrar y salir en pocos minutos de los colegios, obligando a desalojos por la fuerza que en algunos casos se alagaron durante más de una hora.

En suma, la última respuesta de Interior viene a confirmar lo que se ha puesto de manifiesto en el año que dura la instrucción tanto en el juzgado de Barcelona como en otras causas derivadas del 'procés': una honda desconfianza entre los Mossos y los cuerpos policiales estatales y un operativo policial del 1-O que no desmerece la calificación de ineficaz tanto por el número de agentes y votantes heridos como porque no logró el objetivo que tenía encomendado por la Justicia, esto es, impedir el referéndum.