El Govern reconoce “carencias” en los avisos a la población tras el accidente de la petroquímica de Tarragona

El accidente en el polígono petroquímico de Tarragona de enero pasado, que supuso la muerte de tres personas, ha evidenciado “carencias” en los sistemas de alerta de la población del territorio afectado. Esta es una de las principales conclusiones del informe que ha presentado este lunes el Govern sobre el episodio, que reconoce que generó “desconcierto y preocupación” entre la ciudadanía sobre cómo debe avisarse de la necesidad de confinamiento y cuándo deben activarse las sirenas.

El relato de los hechos recogido en el informe constata que, tras la explosión ocurrida el 14 de enero en uno de los reactores de la planta de IQOXE, la red de sirenas no sonaron y la información que recibió la ciudadanía afectada “no fue suficientemente homogénea”. “Hace falta mejorar los aspectos comunicativos de la emergencia”, asegura el documento, ya que “la desinformación o la contradicción entre informaciones generan desconfianza”. 

Ante esto, el Govern se compromete a revisar y reforzar los protocolos de información y alarma a la población en caso de accidente, y a coordinarlo con los municipios. Algunas mejoras, indican los responsables de la protección civil, ya han sido introducidas en el nuevo plan de emergencias del sector químico, aprobado el pasado mes de marzo. Este nuevo protocolo da más peso a las autoridades locales de la zona afectada, y prevé la utilización de nuevos canales de información a la población, como los mensajes de texto SMS o por correo electrónico, las alertas que lleguen directamente a los móviles situados en determinadas zonas o mensajes “push” que se lancen desde la aplicación de la Generalitat.

La Generalitat también llevará a cabo, durante el segundo trimestre de este año, un estudio sobre las diferentes opciones para alertar a la población que se usan en otros países y en diferentes ámbitos. Asimismo, el documento recoge la necesidad de efectuar más simulacros. Ante un accidente como el ocurrido, indica el informe, “se necesitan instrucciones claras e informaciones precisas. Todo el mundo debe saber que tiene que hacer especialmente en los momentos inmediatos a la emergencia”, por lo que es necesario que haya ensayos previos sobre diferentes situaciones de riesgo.

El documento ha sido elaborado por el viceconseller de la Presidència, Pau Villòria, que ha trabajado durante dos meses en una mesa en la que ha reunido a los agentes relacionados con el sector, con las autoridades locales de Tarragona, y con el tejido social y económico de la zona afectada. Durante la presentación del informe, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha destacado que tras el accidente en el municipio de La Calonja se llevó a cabo una “exhaustiva revisión de los protocolos de atención de las emergencias”, así como del “rol que deben asumir los diferentes actores”.

Con todo, el dosier presentado por el Govern es incompleto y deberá ser completado por la investigación del accidente, mediante el expediente informativo abierto en el ámbito de la seguridad industrial. Este expediente, que el Govern prevé que pueda concluirse durante este mes de mayo, sin embargo está condicionado a la investigación judicial, que por el momento se encuentra bajo secreto de sumario. Esta circunstancia, indica el informe, está “condicionando la recogida de datos”. La Generalitat está estudiando además encargar la auditoria a una empresa externa, con un coste de 100.000 euros.

Respecto al posible retorno de la empresa a la actividad, el departamento de Empresa no tiene previsto aún autorizarla. Para hacerlo, la Generalitat pide que se justifique “fehacientemente” el cumplimiento de las condiciones de seguridad, y que estas sean avaladas por un informe y su correspondiente dictamen. 

El Govern se compromete además a “revisar” los recursos humanos de las tareas de control e inspección en empresas del sector petroquímico. Según indica el informe, la propuesta es incrementar en cuatro inspectores el personal encargado, de los cuales dos estarían destinados a la industria química del entorno de Tarragona. Por último, se creará un grupo de trabajo de Accidentes Graves, con la participación de representantes de empresas evaluadoras, organismos de control y organismos afectados, que se reunirá cuando acabe la investigación.