Rafael Ribó: “Es irresponsable decir que achaco los males de la sanidad catalana a pacientes de otras partes de España”
Rafael Ribó (Barcelona, 1945) cumple 15 años como Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo catalán. El último de ellos, con el mandato caducado y a la espera de que el Parlament logre una mayoría de tres quintos para renovarlo. Histórico dirigente del PSUC e ICV, Ribó ha estado recientemente en la primera línea política y mediática por sus informes sobre las actuaciones policiales del 1-O y la situación de los exmiembros del Govern, que no duda en considerar como presos políticos.
Entre su actividad reciente se cuenta también el impulso del pacto contra la segregación escolar o los informes anuales sobre los derechos de los niños. En los últimos días, sin embargo, ha protagonizado una polémica a cuenta de la sanidad catalana. Preguntado en la SER sobre las elevadas listas de espera en Catalunya, contestó que uno de los déficits del sistema de salud es el sobrecoste que generan las derivaciones de pacientes de otras comunidades autónomas.
¿Se equivocó usted en sus declaraciones?
La polémica es que yo salgo de los estudios y me encuentro un titular que está circulando a toda velocidad donde se dice que achaco a los pacientes venidos de otras partes de España los males de la sanidad catalana. Eso es una inmensa irresponsabilidad y periodismo amarillo. Me colocaron esa pregunta porque en un diario había un reportaje que decía que las listas de espera en Catalunya eran las peores. Entonces, el periodista me dice: 'Señor Ribó, la sanidad catalana está muy mal'. Y yo le dije: 'Perdone, pero si tan mal está, ¿cómo se explica que vengan de todos lados de España a operarse aquí?' Esto es tan verdad como que es de día.
¿Pero cree que esas derivaciones de otras comunidades suponen un déficit real, teniendo en cuenta que constituyen un porcentaje mínimo de pacientes?
De las listas de espera le dije que no opinaría porque no tenía elementos. Pero el principal problema de la sanidad es que los profesionales están muy mal pagados, que no invertimos lo suficiente para atrapar la investigación a la que avanza la sanidad y que se nos están jubilando médicos y nos quedamos sin. Estos son los problemas reales. Pero volviendo a la polémica, como dice el Ministerio de Sanidad, hay el sistema CSUR que distribuye a los enfermos que necesitan especialización de tratamiento a los sitios con mejores hospitales, como Catalunya o Madrid. Y es lógico que los envíen. Esto genera un coste que está compensado con una fórmula que no se aplica del todo y que ha llevado a un diputado como Joan Baldoví a reclamar 400 millones para el País Valencià. El sistema del CSUR, que es muy moderno y lógico, y que suscribo, no llega todavía al 80% de la financiación. Y provoca un decalaje.
Se lo decía porque este sobrecoste es de un 0,2% del presupuesto anual de Sanidad de la Generalitat.
A mi los datos que me ha pasado el Departamento de Salud son de un uno y pico por ciento. Pero da igual. Son 100 y pico millones que sobre el total puede parecer poco, pero es que yo no solo hablaba de este déficit. Vuelvo al inicio. El déficit de salud es pagar mal a los profesionales, la falta de inversión tecnológica y no prever renovación de plantillas, sobre todo en la Primaria. Trasladar esta polémica a toda la salud y darle connotación racista, como si yo dijera que nuestros males vienen de fuera, es ignominioso.
Del Síndic, se lo hicieron notar algunos diputados, se espera que profundice en las carencias del sistema cuando le preguntan por ellas, como las listas de espera, no que enumere sus bondades, ¿no cree?
Algunos de estos diputados que se ha escandalizado no hacen ni la más mínima alusión a que diez días antes entré en el Parlament un informe sobre el derecho de los niños donde hay un extenso capítulo que critica de forma drástica la falta de criterios de prioridad para los niños que están en listas de espera. Si se quiere discutir sobre listas de espera en Catalunya los diputados tienen a su alcance cantidad de informes y por eso he pedido una comparecencia para hablar de la situación de la salud.
Usted ha seguido muy de cerca la situación de los presos independentistas. ¿Cómo valor a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre Junqueras?
Hace dos años que venimos pidiendo que se tenga en cuenta los derechos políticos fundamentales que están siendo transgredidos por la justicia española, partiendo de la premisa de que es un error monumental haber introducido la vía judicial en la solución del problema político que es el encaje de Catalunya en España. Entre esos aspectos, que tanto Junqueras como Puigdemont y Comín, ante el Parlamento Europeo, o Junqueras, Sànchez, Rull y Turull en el Congreso, tenían inmunidad, porque el TJUE dice que se ha de proyectar en todos los ámbitos de inmunidad. Es una agresión a los derechos fundamentales, los suyos y los de sus electores.
Usted no se posiciona sobre actualidad política pero sí ha dicho ser favorable al diálogo para resolver el conflicto catalán. ¿Ve en esta dirección las negociaciones de investidura entre PSOE y ERC?
Tendría que haber un diálogo a fondo y sin límites de valentía y tratamiento para llegar a un acuerdo. En su día, cuando murió el dictador, tuvimos a un jefe de gobierno que venía del movimiento y que tuvo la valentía de hacer venir a España al president en el exilio, Tarradellas. Haría falta una valentía similar para afrontar este tema. Con discreción, no a golpe de declaraciones y de escándalos, sino con el máximo rigor y estudio, habría que tener un diálogo sobre cómo hemos fallado en aplicar el artículo 2 de la Constitución, que habla de nacionalidades y regiones. Estamos a tiempo de recuperar elementos que configuran una gran riqueza: la diversidad del Estado español. Y quiero confiar en que los dirigentes actuales conversarán sobre ello. Los problemas políticos se solucionan con diálogo.
Sobre otra sentencia, la que inhabilita a Quim Torra. Usted le recomendó que retirase los lazos amarillos de acuerdo con la orden de la Junta Electoral. ¿Se equivocó el president al no hacerle caso?
Se equivocó al no hacer caso del mandato de la Junta Electoral mientras nadie contradijo a la junta con argumentos en los correspondientes recursos. La libertad de expresión es que tu puedas llevar un lazo amarillo o una bandera LGTBI. Nadie lo puede impedir nunca excepto para símbolos antidemocráticos o que sirvan de amenaza. En los edificios públicos se pueden exhibir si hay una mayoría correspondiente detrás. Si la Junta Electoral dice que en campaña esto atenta contra la pluralidad, esto me parece discutible, pero lo he de discutir con los instrumentos que me da el sistema. Si no, sé que me podrán sancionar. Yo le dije al president que retirase la pancarta al inicio de la campaña y, si quería, la volviese a colgar después. Una presidencia de la Generalitat no merece esta polémica.
Una de las campañas a la que usted ha dedicado más tiempo es la reducción de la segregación escolar en el sistema educativo. Ahora la Generalitat está a punto de aprobar un decreto para reducirla. ¿Cómo valora la norma?
Estoy muy orgulloso de que tras tres años de insistir desde esta casa en que el problema número uno de la educación era este, tengamos un consenso amplio sobre ello entre todos los actores de la educación excepto la USTEC [sindicato mayoritario en la pública] y la FaPaC [principal federación de AMPA]. Todos han aceptado que no hay igualdad de oportunidades para los niños y niñas cuando entran al sistema educativo. El decreto de la Generalitat sale de nuestro trabajo, y a partir ahí una parte de la concertada ha expresado críticas. Pues discutámoslas. De ahí a que se haga público el decreto espero que las debatamos para que a partir del próximo curso tengamos instrumentos para combatir la segregación. Será un paso de gigante.
¿Se puede combatir la segregación sin el acuerdo de la concertada?
Es que han de estar de acuerdo. Hasta ahora han estado sentados a la mesa y han expresado críticamente sus posiciones como cualquier otro. Hemos ido buscando el denominador común. Una parte de la concertada dice ahora que lo llevará a los tribunales, pero es muy reciente. Habrá que ver cómo lo pulimos.
Le pongo un ejemplo. Hace poco hemos sacado un informe sobre el problema de la vivienda de emergencia. Propongo un gran pacto como el de la segregación para la vivienda, sabiendo que tampoco lo solucionaremos en dos días. Hay retrasos de uno o dos años de espera para lo pisos de emergencia. Da vergüenza decirlo. Pido que nos sentemos en una mesa los distintos operadores para llegar a acuerdos.
¿Cómo ve que con la actual situación habitacional los antidisturbios de los Mossos actúen en desahucios? Ha habido actuaciones recientes muy criticadas.
Son policía judicial. Y si un juez da órdenes de desahuciar habrá que respetar las condiciones para llevar a cabo un desahucio, como por ejemplo el informe de servicios sociales. Pero si aún así hay la orden, a quien le toca es a los Mossos.
¿Aunque tenga que haber cargas contra los activistas que lo intentan impedir?
Si hay un uso desproporcionado de la fuerza, sin duda exigiremos responsabilidades.
Usted es también Defensor del Niño. En este ámbito, uno de los grandes problemas es el de los menores migrantes no acompañados y los extutelados que duermen en la calle, sobre todo en Barcelona.
Esto pasa en toda Europa, pero de entrada en las zonas que son frontera. Mi colega griego nos explica experiencias de menores parecidas. Estos menores han de ser acogidos en el sentido más garantista de sus derechos. De entrada, llevamos años luchando para que no se hagan las pruebas de edad a los menores. Es someterles a una vejación incierta en materia de resultados. Además, cada menor ha de ser tratado en su caso concreto y ser preparado para cuando salga del sistema y con su situación regularizada. Es que nos encontramos con menores que una vez acaban la tutela salen a la calle y no tiene nada, están en el limbo, y ¡pueden ser internados en un CIE!
Este año se ha conocido que usted aceptó en 2015 un viaje en avión privado para ver la final de Champions Barça-Juventus que estaba pagado por un empresario, Jordi Soler, ahora investigado por el caso del 3% de Convergència. ¿Por qué aceptó siendo usted un cargo público?
A las finales de Champions va muchísima gente de muchas entidades, instituciones, etc. Y yo no voy a investigar cómo han ido. En mi caso he ido pagándome de mi bolsillo vuelos chárter y entradas y una vez, ¡una!, que iba a ir con un amigo mío y me falló, me quedé colgado y otro amigo que iba con un grupo que yo no conocía de nada me ofreció la posibilidad de ese viaje. Lo acepté por eso. No tenía ni la más mínima relación, conexión o supeditación con nadie de las 14 o 15 personas que iban en ese avión.
¿No sabía usted quién pagaba el vuelo?
Ni idea. Y en esta casa no hay un solo expediente que se refiera a nadie de los que viajaban en ese avión. La posible implicación de ese señor con el 3% la hemos conocido años después, pero la maniobra mediática es decir que el Síndic estaba con la corrupción. Es al revés. Y aun así reconocí en el Parlament que fue un error.
¿Pero en ningún momento pensó usted que si un desconocido le pagaba un pasaje como ese es porque usted es quien es?
Si hubiese tenido la sospecha de que lo hacían por ser yo quien soy no habría aceptado. Pero eso habría sucedido si los que iban en ese vuelo hubiesen tenido expedientes que yo debía solucionar, y no era el caso.
Esto ocurrió en 2015. Desde 2016, con el nuevo código de conducta, aceptar un viaje como ese está prohibido.
A posteriori hemos colocado medidas necesarias y que cumplimos a rajatabla en este sentido. Por eso dije que, viéndolo con distancia, seguro que fue un error. En esta casa se publican sueldos, presupuesto... Todo lo relativo a transparencia desde seis años antes de que se publicara la ley. Y no para exhibirlo, sino porque nos lo creemos.
Usted es Síndic desde 2004. Su mandato, el segundo –que inició en 2009–, lleva casi un año caducado. ¿Cuando cree que se renovará?
Hay que preguntarlo a los parlamentarios. Igual que cuándo renovarán el Consejo del Audiovisual de Catalunya, el Consejo de Garantías Estatutarias o la Sindicatura de Cuentas. Hay colegas míos españoles que llevan seis años en funciones. ¡Pero a los demás nadie los critica!
Se necesita el voto de tres quintos del Parlament para renovar el cargo del Síndic. Con la actual coyuntura política en Catalunya, se pasará usted años.
Esto depende de las mayorías o de mi voluntad, si algún día les digo 'señores, me voy'.
¿Se plantea irse?
Eso no se lo diré.
Usted es de las pocas figuras, quizás junto a Miquel Iceta, que lleva cerca de 40 años casi siempre en la primera línea política. ¿Cómo lo ha logrado?
De estos 40 años he estado 20 siendo profesor universitario, antes de ir al Congreso. En mi etapa parlamentaria daba clases y tenía el sueldo en la universidad. Dicen que llevo 40 años en el coche oficial pero no he tenido nunca. Cuando el Síndic tuvo, por instancia de Jordi Sànchez lo devolvimos. Cuando me escogieron para Síndic ya no estaba en la primera línea. No busqué el cargo y me lo propusieron. Convergència, curiosamente, votó en contra, así que poca simpatía les debía suscitar.
