Serret (ERC) admite ante el juez que desobedeció al Constitucional para “sacar adelante” el referéndum
El procés no abandona los tribunales españoles y europeos. La exconsellera de Agricultura y actual diputada de ERC, Meritxell Serret, ha declarado este viernes ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena tras tres años en Bélgica para reconocer que pese a que recibió las advertencias del Tribunal Constitucional decidió “sacar adelante” el referéndum del 1 de octubre de 2017, pero negar que su departamento destinara dinero público a la votación. Es decir, admitir la desobediencia –que solo implica penas de inhabilitación– pero combatir la malversación –castigada con penas de cárcel.
Al tiempo que Serret declaraba ante Llarena, el exconseller de Presidència Jordi Turull, condenado en firme por el Supremo a doce años de cárcel por sedición y malversación, ha dado una rueda de prensa en Barcelona para anunciar que en los próximos días presentará el primer recurso de los presos del procés ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, instancia ante la que los independentistas tienen puestas sus esperanzas. Espoleado por el voto crítico de dos magistrados del Constitucional que consideraron “desproporcionadas” las penas impuesta por el Supremo, Turull ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez “si está del lado de trinchar derechos fundamentales en aras a la unidad de España o del lado de los que defienden que no hay estado de derecho sin respeto a esos derechos”.
El Supremo y el TEDH son los dos escenarios en los que se moverá a partir de ahora la causa del procés, a los que hay que sumar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que dirimirá sobre las cuestiones prejudiciales planteadas por Llarena respecto a la extradición de Carles Puigdemont. A la espera de si el expresident y los exconsellers Comín y Ponsatí son entregados, Llarena ha proseguido la instrucción de la causa del procés respecto a Serret, a la que ha comunicado su procesamiento por los delitos de malversación y desobediencia tras ponerse a disposición del alto tribunal el pasado 11 de marzo.
En declaraciones a los medios, la exconsellera de Agricultura ha calificado su declaración como un “paso consecuente” tras su comparecencia del pasado marzo. “He reconocido haber recibido los requerimientos del Constitucional y he asumido los acuerdos de Govern que realizamos siguiendo el mandato popular de esa mayoría parlamentaria de sacar adelante el referéndum”, ha señalado la exconsellera, si bien ha remarcado que desde su departamento “nunca se incurrió en ningún gasto que pudiera ser considerado delito”.
Ya en clave política, Serret ha dicho que como diputada de la actual cámara catalana continuará trabajando “por una solución política para este conflicto político” que, según ella, ha derivado en un “causa general contra el independentismo”. Serret ha estado arropada por una delegación de líderes soberanistas encabezada por vicepresident en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès; la portavoz de ERC, Marta Vilalta; la diputada de Junts Pilar Calvo y el de la CUP Albert Botrán, que han reclamado una ley de amnistía como “solución democrática” en Catalunya.
Por su lado, desde Barcelona y aprovechando un permiso penitenciario, Turull ha remarcado que el voto particular de dos magistrados del Constitucional crítico con la sentencia del procés “deshace la mentira” y “rompe el mantra de que el Supremo respetó todas las garantías”. “Ya no lo dicen solo la ONU, Amnistía Internacional, los tribunales belgas y alemanes; también dos jueces del Constitucional”, ha dicho en una intervención de marcado carácter político. Por su lado, el penalista Jordi Pina, que ejerce su defensa, ha indicado que está ultimando el recurso ante el TEDH y estudiando todos sus extremos, como por ejemplo si se pedirá la libertad de Turull como medida cautelar.
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