Castilla-La Mancha ante la Industria 4.0: así quiere hacer su “cuarta revolución”
Hay una “cuarta revolución industrial” de la que Castilla-La Mancha no quiere quedarse al margen. La introducción de las tecnologías digitales en la industria es todavía una asignatura pendiente con motivo de un sector muy castigado por la crisis que ha tenido que sobrevivir sin atender a su propio desarrollo. En todos los indicadores sobre la penetración de las nuevas tecnologías en la región, y más concretamente en las empresas, queda reflejada esa necesidad de embarcarse en la denominada Industria 4.0. Consciente de este contexto, y también del futuro aún por explotar en un área de producción con potencial de empleo, el Gobierno regional está elaborando una Ley de Industria, actualmente en fase de consulta pública.
Recientemente se ha publicado el Índice de Negocios en la Industria (INI) correspondiente al pasado mes de junio. Según estas estadísticas, Castilla-La Mancha se encuentra entre las 15 comunidades autónomas en las que la cifra de negocios en este sector ha experimentado un aumento, concretamente del 7,6%.
Es un buen porcentaje pero tal y como ha señalado en alguna ocasión la consejera de Economía, Patricia Franco, requiere de un mayor impulso, debido a los vaivenes del sector. Por ejemplo, en cuestión de solo un año y según el Instituto Nacional de Estadística (INE), esta cifra de negocios puede pasar de subir un 17% a caer un 11%.
El exponente de la situación se ha dado en comarcas que se habían convertido en punteras no solo en producción sino en creación de empleo, y que han sucumbido a la crisis. Algunas de ellas, como es el caso del Corredor del Henares, han conseguido despuntar y mantenerse a salvo, pero otras como la de Puertollano, en la provincia de Ciudad Real, se han convertido en símbolo del declive, sobre todo desde el cierre de Elcogas. También en la comarca de Talavera de la Reina es una asignatura pendiente el impulso al sector.
De cualquier forma, en la región está vigente una normativa con más de 25 años de antigüedad que establece las normas básicas de ordenación de las actividades industriales. Un cuarto de siglo en el que ha cambiado prácticamente todo, lo que ha hecho que esta ley haya quedado “imprecisa”, provocando a su vez una “inseguridad jurídica” debido tanto a conflictos competenciales como a los derechos y obligaciones de las empresas, agentes industriales y administraciones públicas.
Es un vacío que la Junta quiere cubrir con la nueva ley regional, anunciada como uno de los retos de la presente legislatura. Y quiere hacerlo bajo dos objetivos primordiales: establecer un régimen de la actividad industrial, precisando los deberes y responsabilidades de los titulares de industrias e instalaciones; y poner en marcha un marco de programas de fomento de la economía industrial, en línea con la Industria 4.0. Se trata de un marco general que ayudará a otras legislaciones como la de zonas prioritarias.
Emprendimiento, inversiones y planes estratégicos
A este respecto, el segundo bloque comprende a su vez un decálogo de intenciones, que comienzan por el desarrollo, la modernización y la consolidación del sector industrial, y terminan en el estímulo del emprendimiento industrial y la captación de inversiones. En el camino, el Ejecutivo también quiere incrementar el tamaño empresarial del sector, crear planes estratégicos sectoriales y de zonas en declive, y fomentar la competitividad.
La norma incluirá igualmente la regulación de los profesionales de la seguridad industrial, incluyendo aquí a los proyectistas y directores de obra, las empresas instaladoras y mantenedoras, y los organismos de control. Asimismo, se establecerán seguimientos y controles sobre instalaciones y establecimientos industriales, así como mecanismos de inspección, comprobación y medidas correctoras.
Finalmente, es objeto de la futura Ley de Industria la creación de órganos de participación como el Consejo castellano- manchego de Seguridad Industrial, así como el Comité de seguimiento de la Industria con participación de los diferentes agentes sociales que, de acuerdo con los objetivos marcados, propondrá y estudiará diferentes programas de actuación sectorial, incardinados dentro de la política de promoción empresarial.
