Elcogas, el debate entre la viabilidad y la esperanza de los trabajadores
La incertidumbre entre los trabajadores de la planta de Elcogas, en Puertollano, comenzó en junio del 2014, cuando la dirección de la empresa decidió iniciar las gestiones para solicitar el cese de la actividad de explotación de la central en la localidad ciudadrealeña. La decisión afectaba directamente a 300 personas, entre contratas y plantilla, y a otros miles de puestos de trabajo a lo largo de la comarca. Elcogas justificaba la decisión apoyándose en la “inviabilidad económica” de la compañía, debido a su marco regulatorio y también al mercado eléctrico. Las pérdidas, aseguraba el consejo de Administración, llegaban a los 150 millones de euros.
La movilización de los trabajadores fue inmediata. Muchos de los profesionales sólo habían trabajado en la empresa, fundada en 1992. Las acciones incluyeron protestas multitudinarias, convocando a más de veinte mil personas, según los sindicatos, a lo largo de Puertollano. Ciudadanos, trabajadores y sindicatos reivindicaban el papel crucial de la planta en el sector industrial no sólo de la comarca, sino también en toda la región. Los afectados se encerraron también en la central, llevaron a cabo huelgas, paros y pitadas, y han acudido incluso ante el Parlamento Europeo para pedir ayuda y mantener la planta abierta.
El Gobierno de Castilla-La Mancha, entonces liderado por María Dolores de Cospedal, hizo muchos anuncios y aseguró que una de sus prioridades era mantener la central abierta. Sin embargo, los trabajadores han denunciado que la única vez que la 'popular' se reunió con ellos y escuchó sus peticiones fue en plena campaña electoral, de cara a las elecciones generales. Mientras tanto, Industria seguía con el proceso de cierre de la central. La empresa inició una solicitud de suspensión temporal de cierre, lo que fue rechazado por la cartera liderada por José Manuel Soria, asegurando que “no tenía cabida” en la Ley. El expediente se trasladó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que recibirá las alegaciones de la empresa.
Finalmente, Industria autorizó el cierre de la planta, en agosto de este año, y daba tres meses para concretar la declaración de indisponibilidad. El temor al ERE se concretó en el anuncio de la empresa, y el comité de empresa de Elcogas comenzó sus propias negociaciones, trasladándose a Madrid donde fueron recibidos en octubre en las sedes de Endesa, Iberdrola y, por supuesto, Elcogas. Los representantes de los trabajadores llevaron cartas en las que solicitaba una postura “común” con la que tratar el tema ante Industria, un reclamo que se reiteró en variadas ocasiones. Los trabajadores querían enfrentar la situación junto a Elcogas, pero también con la presencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
En el frente político, el Gobierno que ahora lidera Emiliano García-Page, se reunió con los trabajadores de Elcogas nada más anunciarse la autorización de cierre de Industria. El socialista logró reunirse con José Manuel Soria, ministro de Industria, para tratar el cierre de la planta. Soria se comprometió a aportar entre 15 y 20 millones de euros anuales para garantizar la viabilidad de la empresa, pero exigía a Page aportar también dinero desde la Junta de Comunidades. El PP de Castilla-La Mancha acusó al socialista de no adoptar medidas activas para salvar la planta, mientras que aseguraban que para ellos se trataba de una prioridad.
En noviembre, cuatro días después de que se aplazara la desconexión de la central, la dirección de Elcogas anunció la retirada del ERE extintivo. Se abría “un nuevo escenario”, que los trabajadores trataron con mucha prudencia y la empresa achacó a una “voluntad” de mantener abierta la central. Elcogas tenía que presentar un plan de viabilidad ante el Ministerio de Industria. Este plan se presentó días después de las últimas elecciones generales y, en él, apelaban a la carencia de “recursos necesarios” para mantenerse. El plazo para la desconexión de la planta de Puertollano, sin embargo, es inminente, ya que se cumple este próximo 31 de enero. La empresa ha propuesto la hibridación de la planta, para el uso de combustibles fósiles y otros alternativos para lograr la generación de electricidad. En este sentido, han señalado la posibilidad de incorporar la biomasa y otros residuos sólidos urbanos.
La propuesta fue coordinada por la consultora Pricewaterhouse Coopers, con “todos los parámetros necesarios para que encuentre su encaje regulatorio” para que el Ministerio de Industria pudiera analizarla en el “menor plazo de tiempo posible”. Los trabajadores han señalado que todavía no conocen los detalles del Plan de viabilidad, pero que están a favor de las “grandes líneas”, es decir, la hibridación de la central. Pero, según ha señalado el comité de empresa, esperan todavía para conocer en detalle el aspecto jurídico del documento presentado ante Industria. “Valoramos positivamente que los accionistas hayan entregado el plan, pero pensamos que debería haberse hecho antes de las elecciones generales”, aseguran los representantes de los trabajadores.
