Una nueva vida para el Estatuto de Autonomía que fracasó hace siete años
En octubre de 2004, el entonces presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, propuso una reforma del Estatuto de Autonomía con el objetivo principal de que la comunidad autónoma pudiera decidir en la gestión del agua y más concretamente en la Comisión de Explotación del Tajo-Segura. Fue la primera mención en busca del blindaje de las decisiones castellano-manchegas sobre el trasvase, dentro de una guerra del agua entonces menos enconada debido a que gobernaba en el país el PSOE, con José Luis Rodríguez Zapatero. Un año después, el PP (entonces presidido en la región por José Manuel Molina) y el PSOE firmaban el denominado 'Acuerdo de Fuensalida', con el compromiso de ambos partidos de sacarla adelante. Pero nunca llegó a aprobarse.
Tras un grupo de trabajo en la que se sentaron las bases para la reforma y un primer borrador, se produjo un cambio fundamental en los ‘populares’ castellano-manchegos: María Dolores de Cospedal fue nombrada presidenta del partido. Se alcanzó un principio de acuerdo que incorporaba la medida de reducir los trasvases desde el Tajo hasta su fecha de caducidad en 2015. El texto recibió el refrendo unánime de las Cortes regionales y se remitió al Congreso de los Diputados .
Una vez tomado en consideración, y en el trámite de enmiendas, tanto PP como PSOE decidieron sustituir la fecha de caducidad del trasvase por una reserva mínima de 500 hectómetros no trasvasables para el Tajo. A partir de ahí, empezaron los desacuerdos entre ambos partidos en el marco de la Comisión Constitucional: mientras los socialistas pedían incluir en el preámbulo una reserva de 4.000 hectómetros en toda la región, el PP pidió que esa cifra fuera una estimación pero sin que se utilizara el término ‘reserva’. Al final, los ‘populares’ votaron contra la reforma, lo que rompió el consenso e hizo que las Cortes castellano-manchegas pidieran la retirada del texto, en este caso con el rechazo del PP en la región.
Fue todo un galimatías desde el cual han pasado ya siete años. Tras una legislatura con Gobierno del PP en la comunidad autónoma en la que apenas se mencionó una posible reforma estatutaria, el asunto, con los socialistas gobernando de nuevo, vuelve a estar encima de la mesa. Pero ya no se menciona el agua. Ahora el objetivo, según ha reiterado en numerosas ocasiones el presidente, Emiliano García-Page, es blindar los derechos sociales y de ciudadanía y cambiar el sistema electoral para aumentar el número de diputados regionales que redujo Cospedal siendo presidenta. Y, para ello, se busca de nuevo el consenso.
Aprovechar el texto de 2010 ¿sin menciones al agua?
Así lo ha repetido el vicepresidente actual, José Luis Martínez Guijarro, en el inicio de la ronda de encuentros con los partidos políticos para abordar la reforma. A raíz de estas reuniones, también ha ido desvelando algunos detalles sobre el proceso: que se aprovechará el texto de la reforma que fracasó en 2010 (aunque probablemente sin menciones al agua y con otros cambios sustanciales) y que se definirán “más claramente” las competencias autonómicas.
Pese al convencimiento del Gobierno de García-Page, el PP no parece tener intención de ponerlo fácil. Cospedal sigue siendo presidenta del partido en Castilla-La Mancha (además de diputada en el Congreso, secretaria general del PP a nivel nacional y ministra de Defensa) y el partido se enfrenta a su congreso regional el próximo 18 de marzo sin que hasta ahora nadie confirme ni desmienta que vaya a seguir como presidenta (al escaño en la región ya renunció para poder ir al Congreso). En este contexto, la próxima reunión de la Junta para esta reforma está fijada con Podemos. Pero todavía no hay agenda con el PP.
De hecho, esta misma semana, la presidenta del Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha enviado una carta a García-Page instándole a convocar a los 'populares' a una reunión para hablar “de los temas que realmente preocupan a los ciudadanos” en relación a la sanidad, la educación o el bienestar social antes que para hablar de la anunciada reforma estatutaria y el cambio de la ley electoral. “La prioridad tienen que ser los asuntos que realmente preocupan a los castellano-manchegos. Entendemos que es más importante hablar de que haya más profesionales sanitarios que de que haya más diputados”, agrega la carta.
Garantía presupuestaria de derechos sociales
Por el momento, en el primer encuentro, IU ha solicitado un modelo de Comunidad Autónoma que se enmarque dentro del Estado federal, “republicano, plurinacional, solidario, laico, democrático y ecológico, que nosotros defendemos”. Por su parte, Ciudadanos quiere también abordar la garantía presupuestaria de los derechos sociales, las necesidades individuales de cada una de las provincias de Castilla-La Mancha y la reforma de la Ley Electoral. Este partido ha hecho hincapié en la importancia de “buscar nuevas fórmulas para garantizar que el voto de los castellano-manchegos tenga el mismo valor, independientemente del lugar en el que residan”.
Desde Podemos se defenderá el autogobierno, asumiendo el máximo techo competencial que permite la Constitución, así como un sistema de financiación basado en la solidaridad, la suficiencia y la autonomía. Así está reflejado en el acuerdo de investidura que firmó con el PSOE y que se rompió el pasado mes de octubre, pero que sigue siendo la base de sus peticiones y exigencias, como ha sucedido con la tramitación del Plan de Garantías Ciudadanas y de los Presupuestos regionales de 2017.
Los plazos, en esta ocasión, están más ajustados y cerrados que hace diez años. Al menos, en cuanto a las previsiones de la Junta. El Ejecutivo quiere que haya un primer borrador antes del verano para que el nuevo texto se tramite en las Cortes regionales en el periodo de sesiones de otoño y puede remitirse al Congreso en 2018. La última reforma del Estatuto de realizó en 2002 para cambiar el régimen de cesión de tributos del Estado.
