Inmuebles subastados, incautados o embargados y 64.000 euros para pagar las millonarias responsabilidades civiles del saqueo de la cooperación del 'caso Blasco''

El caso Blasco, que juzga el descomunal saqueo de los fondos de la cooperación valenciana por parte del exconseller Rafael Blasco y de un variopinto grupo de empresarios y testaferros, se ha finiquitado en sus piezas 2 y 3 con responsabilidades civiles más bien a la baja, tras el controvertido pacto de conformidad entre los principales acusados y la Fiscalía Anticorrupción. Los principales acusados, según confirman fuentes jurídicas a elDiario.es, han aportado bienes embargados en la pieza principal del caso, una plaza de garaje, un bajo y 64.566 euros. La Abogacía de la Generalitat Valenciana, que ejerce de acusación particular, ha recurrido ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Provincial de València que condenó a penas mínimas a los integrantes de la trama, tras los pactos con el Ministerio Fiscal y el reconocimiento del delito. La Abogacía calcula que la responsabilidad civil asciende a 4,6 millones de euros, una cantidad a la que habría que sumar tres millones suplementarios por la reparación civil del daño moral causado, tal como informó este diario.

El exconseller Blasco puso a disposición de la justicia su lujosa vivienda en la Barrca d'Agües Vives de Alzira, adjudicada este pasado jueves en una subasta, y un bajo en la calle del Taquígrafo Martí, alquilado a un salón de masajes eróticos, del que es titular una hija de su esposa Consuelo Císcar. Augusto César Tauroni, testaferro de Blasco, y su esposa Alina Indiekina aportaron los dos apartamentos de lujo, ya embargados en la pieza principal del caso, que adquirieron en Miami.

El funcionario Marc Llinares ha aportado 5.556 euros; el exdirector general de inmigración Josep Maria Felip, 15.000 euros; el cooperante Fernando Darder, 5.000 euros; Alfonso Navarro Torres, de la Fundación Hemisferio, 15.000 euros; Arturo Tauroni, hermano del testaferro de Blasco, una plaza de garaje en Alzira a nombre de un tercero por un valor de 24.000 euros. Otro acusado, el presunto testaferro y exmiembro de Unió Valenciana Adolfo Soler, no ha aportado cantidad alguna porque no se presentó al juicio (está huido en Bolivia desde hace casi una década) y sigue sin ser reclamado por la Audiencia Provincial de València, según informó el diario Las Provincias. La Coordinadora Valenciana de ONGD, que ejerce la acusación popular, critica en su recurso ante el TS las cantidades “ridículas” que han aportado algunos acusados.

El recurso de la Abogacía recuerda que la sentencia no ha determinado la cuantía del daño ocasionado, “por lo que difícilmente puede realizar un pronunciamiento sobre su reparación, ni siquiera parcial”. Además, critica que Blasco pretenda satisfacer la responsabilidad civil con la dación en pago de un inmueble para su eventual venta, a pesar de que “tuvo tiempo suficiente para proceder a la venta del inmueble que se ofrece en dación de pago por cuanto pertenece a un tercero y no pende sobre él embargo alguno”. La Generalitat Valenciana eleva la cifra hasta un total de 7,6 millones de euros por la responsabilidad civil y la reparación del daño.

El recurso de casación de la Coordinadora Valenciana de ONGD argumenta que no se puede considerar que Blasco tuviera una “voluntad firme” de reparar el daño causado cuando ha puesto a disposición de la Generalitat un inmueble embargado. “Es un verdadero despropósito”, apostilla el letrado de la CVONGD, quien tilda la “aparente insolvencia actual” del siete veces exconseller de “ficción” para evitar el embargo de su patrimonio.

La casa de Blasco en Alzira, diseñada por el arquitecto Vicente Guallart, ha sido adjudicada esta semana en una subasta del Colegio de Procuradores (aunque pilotada por el Tribunal de Cuentas) por la puja mínima: 624.110 euros. En la pieza 1 del caso los inmuebles (tres pisos y una plaza de garaje) que había comprado con el dinero de las ayudas una fundación privada en complicidad con el conseller y su equipo, salieron a subasta para hacer frente a la responsabilidad civil. A esos bienes se suma la venta de un piso en Castelló de Marcial López, otro condenado, por 143.000 euros.  

Blasco debía pagar a la Administración valenciana 2,7 milllones de euros en concepto de responsabilidad económica por su condena de seis años y medio de cárcel (que ya ha cumplido) en la pieza 1, centrada en el saqueo de sendas subvenciones de ayuda al desarrollo en Nicaragua. El patrimonio del clan Blasco asciende a 51 propiedades equivalentes a 37 campos de fútbol como el de Mestalla, además de una impresionante colección de arte. Con la venta de la finca de la Barraca d’Aigües Vives por el precio de tasación, se habrán recuperado 1,5 millones de euros del fraude en las ayudas de cooperación.