Caixabank incumplió sus protocolos al no verificar las firmas de pago en la estafa a la EMT de València
Caixabank, la entidad bancaria que cursó las ocho transferencias por un valor de cuatro millones de euros en el marco de la fenomenal estafa del CEO a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València, debió verificar las firmas de las órdenes de pago y controlar la titularidad de las cuentas de destino, según los protocolos internos que el banco ha aportado al juez que investiga el fraude. El documento interno, al que ha tenido acceso elDiario.es, detalla las tareas del Servicio Operativo de Banca Institucional (SOBI) de Caixabank, el departamento que cursó la mayoría de los pagos a Bank of China. Así, en materia de transferencias y traspasos, los empleados del SOBI tienen entre sus competencias la obligación de verificar las firmas de las órdenes de pago y controlar la titularidad de las cuentas de destino.
La estafa se inició el 3 de septiembre del 2019, cuando Celia Zafra, jefa de Administración de la EMT y única imputada en la causa, recibió los e-mails falsos en nombre del concejal Giuseppe Grezzi y varias llamadas de un falso abogado de Deloitte dando instrucciones para llevar a cabo una insólita OPA de la empresa municipal en China. Zafra fue despedida por incumplir varios protocolos internos de la EMT, la empresa en la que llevaba casi cuatro décadas trabajando (según el gerente de la mercantil municipal, la mujer sirvió en bandeja al estafador las firmas de sus superiores, apoderados en las cuentas bancarias). El 6 de septiembre, tres días después del inicio del fraude, Caixabank detectó que la firma en las cartas de pago de la jefa de Gestión, María Rayón, no coincidía con la de su DNI.
El banco, cumpliendo con su protocolo interno, avisó a Rayón, de baja por maternidad, a través de Zafra pero sin dar demasiados detalles (la jefa de Administración había firmado un falso contrato de confidencialidad que cumplió hasta sus últimas consecuencias). “Dicen los de Caixabank que, cuando puedas, te pases por allí a firmar, porque hay diferencias entre tu firma actual y la del DNI”, escribió la directiva. “Sin prisas”, añade. Rayón no acudió al banco y Caixabank no insistió más. Aquella jornada, según las transcripciones de las conversaciones telefónicas entre Zafra y los responsables del SOBI a las que ha tenido acceso este diario, un trabajador de Caixabank aseguró a la jefa de Administración de la EMT que “en principio ya se han verificado las firmas y todo”.
El 9 de septiembre Zafra llama de nuevo al SOBI para interesarse por una de las transferencias que no había sido cargada aún a la cuenta de la EMT. “No se la han hecho todavía, lo tienen los compañeros de firma”, le responde una empleada del SOBI, quien apostilla: “a la mayor brevedad posible le confirman”. A pesar de las sospechas iniciales por la firma de Rayón, Caixabank siguió efectuando las transferencias.
El 17 de septiembre, el SOBI escribe al gestor de la cuenta de la EMT, J. M. G. R., un correo electrónico en el que advierten de que no pueden gestionar la transferencia solicitada “porque HP Firmas nos indica que es un corta y pega”. El gestor, que había estado de vacaciones hasta el 9 de septiembre y tenía noticias por primera vez sobre las extrañas operaciones de la EMT, pide aquel día a Zafra los originales de las cartas de pago y las facturas. Tres días después (el 20 de septiembre) saltó la alerta interna de Caixabank porque la cuenta de la EMT estaba operando en China a pesar de no tener firmado el papel necesario. La alarma del departamento de prevención del blanqueo de capitales y del terrorismo del Centro de Soporte Regulatorio de Caixabank saltó 17 días después del inicio del fraude.
A las 11.09 el SOBI le envió a J. M. G. R. un correo electrónico en el que, de nuevo, advertía de que “según indicaciones del departamento de validación de firmas parece un corta y pega”. Pocas horas después, a las 14.36, el gestor recibió en su correo electrónico la alerta interna que detectó un “cambio relevante en la operativa”. “A pesar de no disponer de la documentación, no se encuentran indicios de actividades sospechosas”, reza el e-mail, que añade: Toda la actividad analizada guarda relación con el sector de actividad de nuestro cliente“. El lunes 23 de septiembre la estafa saltó por los aires. El gestor de la cuenta por fin recibió aquel día las facturas, de las que sospecha inmediatamente, contacta con el gerente de la EMT y se destapa la farsa.
El juez pidió a la entidad bancaria los protocolos internos para las transferencias internacionales. Caixabank se limitó a aportar el “protocolo de actuación de los SOBI”. El magistrado, en un auto del 12 de mayo, solicitó a la entidad “los documentos en que se concrete el desarrollo del protocolo SOBI ya remitido”. El requerimiento no fue atendido y el pasado 1 de septiembre, una diligencia del juzgado volvió a reclamar la documentación. Seis días después, la procuradora de Caixabank respondió al juez que “no hay ningún procedimiento especial” para el SOBI.
Caixabank descarta cualquier tipo de responsabilidad por estos hechos y rechaza devolver el dinero, mientras que la EMT considera que fue responsable subsidiaria del robo. El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de València que investiga el caso deberá determinar si Caixabank cumplió sus protocolos internos. Los intentos de verificar las firmas, tras las sospechas iniciales, resultaron en todo momento infructuosos. En Bankia, según celebraron sus trabajadores en una revista interna, la estafa no coló desde el primer momento ahorrándoles un importante “daño reputacional” valorado en cuatro millones de euros.
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