Antifraude considera que el despido de una empleada de la Cámara de Castelló fue una “represalia” por denunciar un caso de corrupción

“La medida de despido, al menos indiciariamente, es la característica de una represalia”. Esta es la principal conclusión a la que llega la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) sobre el cese de la trabajadora D.V.R. el pasado 6 de febrero tras denunciar al secretario general de la Cámara, Jesús Ramos Estall, por un presunto caso de corrupción. La abogada de la empleada leyó este fragmento, de un informe de 79 páginas, durante el juicio que el pasado miércoles se celebró en el juzgado de lo social número 3 de Castelló. La letrada solicitó que el despido fuera declarado nulo e improcedente y solicitó una indemnización de cerca 140.000€ además de otros 25.000€ por lesionar el derecho al honor de su clienta, con cerca de 30 años en la Cámara. Por su parte, Jesús Ramos, acusado y al mismo tiempo abogado defensor de la presidenta de la institución, Dolores Guillamón, exigió el desistimiento de la demanda.

Tal y como ha venido publicando elDiario.es, D.V.R., ex directora financiera de la Cámara denunció a Ramos ante la brigada provincial de la policía judicial el 27 de septiembre de 2019 tras sentirse presionada por éste para validar la adjudicación de 150.000 euros del servicio de asesoramiento jurídico, financiero, contable, fiscal y laboral a la empresa Adade Castellón SL, cuyos administradores son el propio Ramos y su esposa, María Soledad Miravet. La trabajadora temió cometer un presunto ilícito por contravenir la ley valenciana de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de Personas con Cargos Público no Electos. Asimismo comunicó estos hechos a la AVAF, que el 18 de octubre de 2019 le otorgó el estatuto de protección de la persona denunciante.

Ramos, desde julio de 2016, se ha embolsado 348.500 euros de la Cámara a través de dos de sus mercantiles. Todo ello gracias a que la conselleria de Economía Sostenible, órgano tutelar de las cámaras de comercio, puesto que son corporaciones de derecho público, le permitiera trabajar tres horas diarias por 60.000 euros anuales y completar su jornada laboral a través de sus empresas, que han acabado obteniendo las licitaciones más cuantiosas de la Cámara de Castelló.

La denuncia de D.V.R fue admitida a trámite por el juzgado de instrucción número 5 de Castellón, que el pasado 24 de enero emitió un auto por el que declaró a Ramos y Miravet investigados por prevaricación y corrupción entre particulares. Días después, el 30 de enero, el Comité Ejecutivo de la Cámara, a instancias de Ramos, acordó cesar a la empleada, que en ese momento se encontraba de baja. Su abogada aludió durante el juicio a un defecto de forma en la comunicación del despido. El 23 de enero la trabajadora recibió un burofax con el expediente disciplinario que, en su caso, se transformó en expediente contradictorio al ser delegada sindical, lo que le daba derecho a ser escuchada ante los órganos de la Cámara. Pese a disponer de hasta 30 días naturales para recoger el burofax, la trabajadora lo retiró el 7 de febrero después que, un día antes, la corporación le comunicara el despido por correo electrónico. “La cámara ha actuado de manera negligente para que no se pudiera defender”, sostiene su letrada.

Palabras clave

Según la abogada de Ramos, el despido estaría justificado “por vulnerar el sistema informático y transgredir la buena fe contractual”. Ramos desliga el despido con la denuncia en su contra, “ya le investigábamos desde antes”, y le atribuye cuatro faltas graves: equivocarse en la adjudicación de un concurso, pagar a una empresa informática por un programa que no se utilizaba, asesorar sobre una licitación a una compañera mientras estaba de baja y un error en la asignación de fondos Feder que habría supuesto una pérdida de cerca de 100.000€ a la Cámara. Por contra, la abogada de D.V.R. sostiene que el fallo en la adjudicación se resolvió, el pago informático se realizó porque nadie del área de Recursos Humanos le informó durante 10 años que había dejado de utilizarse esa aplicación, su compañera de departamento no ha sido citada a testificar sobre la supuesta licitación y la información de los fondos Feder se publicó en la web en tiempo y forma. Además, apuntó la letrada, las faltas estarían prescritas al haber pasado más de dos meses entre que los responsables de la Cámara conocieron y denunciaron los hechos.

La única falta plenamente vigente sería el supuesto archivo de material personal de la trabajadora en el ordenador asignado por la empresa. Se trataría de documentación sobre el Nou Bàsquet Femení Castelló, del que D.V.R. es presidenta. Según Ramos esta información se encontró “de forma casual” el pasado 20 y 21 de enero mientras se manipulaba su computador para que los correos de Hacienda “ya no le llegaran a ella”. “¿Qué buscaba un denunciado en un proceso penal en el ordenador de la denunciante?”, criticó la abogada, quien lamentó a continuación que el ordenador no estuviera precintado y cualquiera pudiera acceder “en todo momento”. “¿Podían entrar libremente, sin clave?”, preguntó el juez hasta en tres ocasiones. Según el propio Ramos, el 21 de enero se ordenó al informático realizar una búsqueda con palabras clave como “básquet, nou o femení”. Y se solicitó a una empresa externa y experta en recuperación de datos un análisis del disco duro. El informe pericial, con archivos sobre este club de baloncesto, llegó el 4 de febrero, dos días antes del despido oficial y cuatro después de que el comité ejecutivo, el 30 de enero, aprobara el cese.

Contra Antifraude

En su informe final, Ramos arremetió contra la trabajadora, a la que acusó de “actuar con resentimiento” porque en marzo de 2019 recortó sus funciones, pero sin modificar ni su categoría ni salario. “Tenía un poder total y lo sintió como un ataque personal”, destacó el secretario, quien se jactó de aportar “400.000 euros de beneficio a la Cámara” y de tener “muchos enemigos porque he intentado modificar muchas cosas”. Por último, Ramos tildó de “vergonzoso” el informe de la AVAF y adelantó que estudiarán “si podemos accionar contra la institución”.

Por su parte, la letrada de D.V.R relacionó su despido con la denuncia a Ramos y el proceso penal abierto. “No parece un montaje, son cuestiones serias”, manifestó. De hecho, este expediente también se ha aportado a la causa del despido pese a los recursos en contra de Ramos y la Cámara. “No hacía falta destripar el ordenador”, prosiguió la letrada, quien no dio credibilidad a que ese mismo 21 de enero se examinara el ordenador hasta las 11.00, según diversos testigos, y a las 12.00 ya estuviera escrito y en Correos el expediente disciplinario. “No es posible redactar el pliego de cargos si no había una investigación previa”, por lo que se trató de “buscar una prueba válida para despedirla”, lamentó. Acto seguido acusó a la presidenta de la Cámara, Dolores Guillamón, de apoyar a Ramos y desentenderse de sus funciones de “proteger y velar por los derechos de la denunciante, tal y como le había solicitado expresamente Antifraude”.