Siete causas que anuncian un año judicial convulso para el PP valenciano
El curso político se abre con incertidumbre sobre la formación de gobierno y el judicial con malas noticias para el PP, el primer partido procesado en España. En la Comunidad Valenciana, los populares también coparán portadas por la acción de la justicia contra la corrupción. Así están los siete casos que hacen aguantar la respiración a Isabel Bonig, la líder valenciana del partido.
Pendiente de sentencia: Los contratos millonarios de 'El Bigotes' en Fitur
La fiscalía considera probado que la Generalitat adjudicó a Orange Market, una empresa de la trama Gürtel, los trabajos del pabellón valenciano en Fitur, la feria internacional de turismo de Madrid. Lo hizo a pesar de la falta de experiencia de la compañía, de sus precios, casi siempre lo más caros, y de que la justificación de los trabajos se hacía alegando tareas no hechas o directamente con facturas falsas. Orange Market facturó 5 millones de euros solo con sus encargos para Fitur.
Milagrosa Martínez, exconsejera de Turismo, y su entonces jefe de gabinete, Rafael Betoret y Angélica Such, otra exconsejera de Turismo, han sido juzgados por prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho. Tras 15 meses de juicio -acabó en abril de 2016- la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana debe fallar en breve en un asunto en el que también se han sentado en el banquillo los responsables de Gürtel: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, 'El Bigotes'.
Pendiente de juicio: Las mordidas durante la visita del Papa
La Fiscalía pide 11 años de prisión para Juan Cotino, uno de los líderes del sector cristiano del PP, por impulsar “activamente” la implicación de la Gürtel en la visita del Papa a Valencia. La investigación sostiene que la trama robó al menos 4.4 millones de euros contratando, a través de Canal 9, la cobertura de audio y vídeo con una empresa sin experiencia en el sector, la constructora leonesa Teconsa.
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata aprecia indicios de delitos de asociación ilícita, prevaricación, malversación, fraude, falsedad, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y cohecho. La fecha del juicio está pendiente de la recusación presentada contra dos de los magistrados encargados de dirigirlo, que ya fueron apartados de Gürtel por su afinidad al PP.
Pendiente de juicio: Emarsa, el saqueo de las cloacas valencianas
La acusación pública sostiene que el exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Manises, Enrique Crespo, del PP, saqueó la depuradora de Valencia que operaba bajo la marca Emarsa hasta quedarse con casi 24 millones de euros. Lo hizo, cree la Fiscalía, en connivencia con empresarios y altos cargos de la empresa, que manipulaban al alza los costes de la sociedad o directamente facturaban por servicios inexistentes para recibir más dinero de la Generalitat que luego gastaban en casas, prostitutas, viajes y comilonas.
La Audiencia de Valencia suspendió el juicio por el supuesto desfalco, que se iba a celebrar en noviembre, por la ausencia del presunto cerebro de la trama, el empresario Jorge Roca Samper, entonces fugado en Moldavía. Ya detenido, extraditado y procesado, se debería fijar nueva fecha en breve. El fiscal pide hasta 14 años de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación administrativa en combinación con falsedad en documento público y de documento mercantil.
Bajo investigación: caso Taula
En el caso que ha puesto patas arriba al PP valenciano se investigan supuestos delitos de blanqueo de capitales y financiación ilegal, delitos contra la administración, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude y falsedad.
La causa se ocupa de las prácticas supuestamente corruptas de varios cargos del PP e instituciones y entidades bajo su control. casos de Imelsa (empresa de la Diputación de Valencia), la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, Ciegsa (empresa de la Generalitat encargada de construir colegios públicos bajo sospecha por sobrecostes millonarios) y la Fundación Jaume II El Just, por realizar adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones ilegales.
El asunto también ha puesto en el alero la carrera de Rita Barberá, pendiente del Tribunal Supremo por su condición de aforada, y nueve de los 10 concejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia, imputados por blanqueo de capitales y financiación ilegal. Peor suerte ha corrido el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, acabado para la vida pública tras ser públicamente repudiado por el PP.
Bajo investigación: Valmor, el pufo de la Fórmula 1
La Fórmula 1 supuso un quebranto de 300 millones de euros para la Generalitat. No sólo eso: en una operación calificada de “insólita” y “pufo” en mentideros empresariales, la Generalitat compró por 99 céntimos (y los 34 millones de deuda que arrastraba) Valmor, una empresa que endosó así sus pérdidas por la Fórmula 1. En caso de haber obtenido beneficios, se los hubiera quedado. Al menos, jurídicamente podría haberlo hecho.
La justicia también ve sospechosa la operación, que está bajo investigación: La Fiscalía Anticorrupción imputa al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, Jorge Martínez 'Aspar', socio de Valmor, y la exconsellera Lola Johnson, los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Varios testigos han descargado la responsabilidad del asunto, calificado de incomprensible, en Camps. El expresidente aún no ha declarado por el asunto.
Bajo investigación: La gestión de Císcar en el IVAM
Consuelo Císcar, exdirectora del IVAM, el museo de arte moderno de Valencia, y cuatro subdirectores de la pinacoteca en su etapa fueron imputados por los supuestos delitos de prevaricación, falsedad y malversación por comprar obras de arte con sobrecostes del 1.500%.
La juez aseguró al levantar el secreto de sumario que hay “importes no justificados por obras de arte o por publicaciones que resultaba evidente que no respondían a este valor” y que esta práctica redundaba en “un claro lucro para terceros”. Císcar es esposa de Rafael Blasco, el factótum del PP en prisión por robar ayudas de la Generalitat al tercer mundo. Se niega a dimitir de su cargo en el Consell Valencià de Cultura, un órgano que asesora a la Generalitat.
Bajo investigación: El cártel del fuego de Serafín Castellano
Un juez de Sagunto investiga por supuestos delitos de organización criminal, alteración del precio en concurso público, falsedad mercantil, prevaricación, cohecho, malversación, falsedad en documento público y negociación fraudulenta a funcionario público a 30 personas, entre ellas, Serafín Castellano, quién lo fue casi todo en el PP valenciano.
Anticorrupción ha puesto bajo la lupa adjudicaciones por más de 40 millones de euros en servicios aéreos para la extinción de incendios. Los contratos habrían ido a parar a empresas del denominado cártel del fuego, que habrían sobornado o premiado a Castellano con dádivas o dinero.
Aunque más importantes, estos no son los únicos casos sobre corrupción del PP. La gestión de la superintendente del Palau de les Arts, Helga Smichdr, las pesquisas de la Fiscalía sobre las pérdidas multimillonarias de Feria Valencia y otras piezas de caso Cooperación -el robo de ayudas al tercer mundo- garantizan que no sólo este curso, sino tal vez la legislatura, será convulso desde el punto de vista judicial para los populares.
