El Consell gestiona el fin de Canal 9 entre el desconcierto y la improvisación

“El cierre de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) fue una decisión repentina y no había un plan específico”. El conseller de Economía, Máximo Buch, ha dejado claro lo que todo el mundo sospechaba comprobando el chapucero cierre de la televisión pública autonómica: El PP no sabe qué hacer ahora con todo lo relacionado con Canal 9 tras decidir su cierre de forma instintiva y apresurada

¿Quién ofrecerá información y entretenimiento en valenciano?

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, causó perplejidad cuando el día de la Constitución aseguró que varias cadenas –entre ellas algunas especializadas en la Teletienda- se habían interesado por las frecuencias que ocupaba Canal 9. En algunos sectores, que una televisión autonómica pudiera ser sustituida por la emisión en bucle de un catálogo comercial despertó indignación.

Esto provocó la rápida reacción del aparato de comunicación de Fabra, que un día después aseguró que la opción Teletienda estaba descartada. La Generalitat sólo negocia con TVE, dijeron.

Esta opción, aún poco madura, pasa por reforzar la producción propia del canal estatal en la Comunidad Valenciana o la emisión de producciones autonómicas, algo imposible sin más personal –TVE sólo cuenta con 20 empleados en su delegación regional- o más inversión. Ni el gobierno valenciano, al borde de la quiebra, ni la televisión estatal, ahogada económicamente por la reducción de las aportaciones del estado, parecen preparados para aportar dinero en este objetivo a corto plazo.

Fabra y Buch, éste en declaraciones a Europa Press, parecen confiar en que la iniciativa privada, espontáneamente, compensará el vacío dejado por Canal 9. “Cuando hay una demanda, alguien siempre tiende a cubrirla”, asegura el Conseller de Economía. Es posible, pero Canal 9 ingresó poco más de 9 millones de euros en 2012 y, según el auditor, perdió 192 millones en ese mismo ejercicio. En 2013, antes del traumático cierre, la Generalitat presupuestó una aportación de 69 millones a la televisión autonómica. No parece que haya mucho mercado para la comunicación en valenciano, de hecho, la presencia de medios en lengua autóctona es casi testimonial.

¿Cuánto costará el cierre?

Por sorprendente que parezca, el Consell aún no ha comentado públicamente cuánto costará la clausura de Canal 9. Fabra ha insistido este lunes, en una entrevista en El Mundo, que cumplir “la sentencia de nulidad nos costaría 228 millones de euros”. Eso son los cálculos del Consell sobre el coste de RTVV desde el momento de la anulación del ERE hasta el fin del mandato, en mayo de 2015, pero nada se sabe sobre lo que valdrá bajar la persiana de la televisión.

Paradójicamente, los trabajadores sí han hecho estos números. Según su estudio, la liquidación de RTVV costará 130 millones de euros que se destinarían, entre otros, a pagar derechos de emisión de contenidos que ahora nunca se emitirán (18 millones) o romper contratos que prevén indemnizaciones diversas (otros 10 millones).

¿Cuánto costarán las indemnizaciones de los trabajadores?

Los sindicatos de RTVV, en el estudio antes mencionado, las cifran en 88 millones de euros. El Consell parece no tener ni idea. Aunque en su día el vicepresidente José Ciscar habló de compensar a los despedidos con 45 días por año de trabajo, el tope que marca la ley, parece que la Generalitat da bandazos aquí. Ahora se habla de indemnizar con 20 días.

Nadie lo sabe, ya que la cifra final deberá ser acorde a la ley y, a ser posible, pactada con los trabajadores: la Generalitat quiere evitar otro revolcón en los tribunales. El despido de los profesionales de Canal 9, en cualquier caso, no es inminente, ya que Fabra quiere plantear un concurso para externalizar la gestión y ejecución del ERE de extinción que despedirá a más de 1.600 empleados. Esto, más la posterior negociación, podría llevar meses.

Mientras, los profesionales disfrutan –sufren, mayoritariamente, dada su notoria voluntad de trabajar- de permisos retribuidos que cuestan 200.000 euros diarios. Efectivamente, como ha dicho el conseller de Economía, “fue una decisión repentina y no había un plan específico”.