La estabilidad de la coalición valenciana de izquierdas: siete presupuestos en tiempo y forma

Cuando se formalizó la alianza de izquierdas para gobernar la Generalitat Valenciana, bautizada como Pacto del Botánico, la oposición lo rebautizó como “Consell del Titànic”, aludiendo que hacía agua por todos los costados, anticipando la posibilidad de naufragar. Seis años después, las Corts Valencianes han aprobado este miércoles los séptimos presupuestos consecutivos del Ejecutivo formado por PSPV, Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida.

La valenciana es la única autonomía de Estado español que saca adelante sus cuentas “en tiempo y forma” en este periodo de tiempo, pese a las dificultad de negociar y plasmar el proyecto en las cuentas públicas de tres formaciones distintas. Que cada 1 de enero entren en vigor los presupuestos autonómicos y la actualización de las medidas fiscales es una cuestión de la que se vanagloria el conseller de Hacienda, Vicent Soler, considerando al Ejecutivo una anomalía en España. En la misma línea se manifestaba el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que considera el consenso en el Botánico una muestra de estabilidad. “Creo que la manera de resistir, de ser capaces de recuperarnos, es que haya una situación política lo más estable posible y la mayor cohesión y unidad en la sociedad”, ha defendido el dirigente socialista al salir del pleno, una hora antes de la conferencia de presidentes autonómicos.

Las fuerzas que componen el Pacto del Botánico han destacado el trabajo de la coalición de izquierdas, mientras que comunidades como Madrid, Murcia, Andalucía y Castilla y León, gobernadas por la alianza de PP y Ciudadanos, han sufrido fuertes sacudidas en el último lustro. La portavoz de Unides Podem, Pilar Lima, ha defendido los presupuestos “expansivos, sociales e inclusivos” y ha destacado la inversión en Sanidad, la conselleria con más fondos, que supera los 7.800 millones de euros. Para la parlamentaria, el Botánico es “un ejemplo de gobierno de coalición”.

El portavoz socialista, Manolo Mata, ha destacado que la valenciana es “la comunidad que tiene un presupuesto antes que nadie”, que ha demostrado que “la política es esencial”: “En los tiempos más difíciles hacemos todo lo que podemos para salvar vidas”. “Otros gobiernos”, ha continuado, caen ante la imposibilidad de aprobar las cuentas, mientras que las aprobadas en las Corts Valencianes buscan que “nadie se quede atrás”. “Esto ha funcionado bien y eso no ha funcionado en ningún lugar de España”, ha señalado a los escaños de la oposición.

Por su parte, el síndic de Compromís, Fran Ferri, ha aprovechado su última intervención parlamentaria antes de regresar a la empresa privada para reivindicar la unidad y estabilidad del Pacto del Botánico, que pide “cuidar” entre todos para mantener la senda de las políticas públicas iniciada en 2015.

17.000 millones para reforzar el Estado del Bienestar

El parlamento autonómico, con el voto en contra de la oposición al completo, ha aprobado unas cuentas que crecen hasta los 28.000 millones de euros, un 9% más que en 2021, con el objetivo de impulsar la recuperación económica, social y emocional de una población azotada por la pandemia. Son los presupuestos más elevados que ha aprobado la Generalitat Valenciana hasta la fecha, alimentados por la inyección de los fondos europeos, que potencian la inversión en sectores productivos, vivienda e innovación; partidas lastradas por la falta de financiación autonómica.

Las cuentas públicas superarán por primera vez la barrera de los 17.000 millones de euros (en concreto, 17.300,83) de inversión en Sanidad, Educación, Igualdad, Vivienda y Empleo. La cifra generó reticencias durante la negociación entre los socios de gobierno y provocó un retraso de una semana en su presentación a las Corts Valencianes. El llamado gasto social tiene como objetivo mantener los recursos de inversión y de personal destinados a servicios públicos esenciales en niveles de gasto semejantes a los de 2020 y 2021, en los que con motivo de la pandemia el Consell reforzó los recursos públicos que se habían visto fuertemente afectados por los recortes de la crisis de 2008. Las cuentas públicas mantienen los contratos de refuerzo Covid, con 6.500 sanitarios, e incorporan 100 millones de euros para poner en marcha un plan de salud mental que atienda las necesidades acrecentadas durante la pandemia. La atención a la dependencia crece en 51,8 millones hasta los 430,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 13,69% respecto al presupuesto de 2021.

La infrafinanciación autonómica, que deja a la autonomía con un agujero anual de 1.300 millones de euros, hace que para alcanzar la media del gasto social español el Ejecutivo se endeude notablemente, con 7.058 millones de deuda procedentes principalmente del Fondo de Liquidez Autonómico.