EU abre la vía judicial contra el nuevo Pepri del Cabanyal
Los concejales de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Valencia, Amadeu Sanchis y Rosa Albert, junto al abogado José Luis Ramos, han anunciado que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el acuerdo del 21 de julio de la Dirección General de Evaluación Ambiental que acordó “no someter a Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) la modidicación del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del Cabanyal-Canyamelar por considerar que no tiene efectos significativos en el medio ambiente”.
Además, EU considera que sí que se puede recurrir el acuerdo “tal y como ha estimado el TSJCV al admitir a trámite el recurso”, ya que desde Esquerra Unida estiman que el Pepri requiere de EAE por tener “efectos significativos sobre el medio ambiente”.
Así, Sanchis recuerda que la Comisión Europea tramitó en dos ocasiones denuncia contra España por falta de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan del Cabanyal al estimar que afectar a más de 1.500 viviendas y a unos 100.000 metros cuadrados urbanos en un centro histórico “necesariamente debe generar un impacto que se debe evaluar antes de decidir si se hace o no el plan”.
El concejal de EU recuerda que en ambas ocasiones se suspendieron las denuncias porque se paralizó el Pepri, la primera vez por la suspensión del TSJCV y en la segunda por el ministerio de Cultura “por medio de la declaración de espolio”. Por eso,
Sanchis recuerda que el vigente Plan General “no tuvo en cuenta la ejecución de la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez atravesando el Cabanyal”, lo que resulta “contrario a la doctrina legal que establece la necesidad de la evaluación ambiental estratégica en proyectos urbanísticos que afectan a un núcleo histórico”.
Esquerra Unida ha presentado la demanda “precisamente porque en la primera alegación que presentamos el 18 de septiembre solicitamos precisamente la retirada del Pepri miestras no contara con la EAE favorable”, por lo que han decidido presentar la demanda que ha sido admitida a trámite, “esperamos que sea el primer paso para la paralización del plan”.
Por último, Ramos ha declarado que la falta de EAE es “sólo uno de los puntos negros del nuevo Pepri, por lo que será muy difícil que los tribunales puedan confirmar su legalidad. Pretender negar el acceso a la justicia de los ciudadanos, como han hecho en este caso, delata la falta de confianza sobre la legalidad del que están aprobando”.
