La factoría de Ford en Almussafes: casi 150 millones en ayudas públicas en una década y un nuevo ERE que amenaza a 630 trabajadores
La dirección de Ford ha planteado esta semana un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que podría afectar a 630 trabajadores de las plantas BAO, de fabricación de vehículos. La noticia ha caído como un mazazo en la plantilla de la factoría, uno de los puntales de la economía valenciana, que se enfrenta al segundo ERE (el anterior afectó a 350 empleados). La multinacional argumenta que es necesario reducir la producción de forma “estructural” en unos 280 vehículos diarios y justifica la decisión en una caída de la demanda europea y, singularmente, de la venta de modelos que fabrica la planta valenciana como el S-Max (48%), el Galaxy (43%) o el Mondeo (68%).
La previsión para la fabricación en 2021 de 1.640 vehículos diarios descenderá hasta los 1.360 en abril, según la previsión de la compañía, por lo que “existe un exceso de 630 personas en la planta de fabricación”. Así, desde hace un lustro la plantilla no ha dejado de descender pese a las ayudas públicas de la Generalitat Valenciana que recibe la compañía. Con una plantilla de casi 7.000 trabajadores, el nuevo ERE en la planta volvería a dejar aproximadamente los mismos empleados que hace una década.
La Generalitat Valenciana, especialmente a través de la Conselleria d'Economia, ha inyectado en Ford 146,3 millones de euros desde 2010. Una parte de esas ayudas se canaliza a través de la Fundación para el Desarrollo y la Investigación, coparticipada entre Ford España SL y la Generalitat. De hecho, el Gobierno del Pacte del Botànic prácticamente dobló las ayudas anuales a partir del 2017. Sin embargo, la inyección de fondos públicos no han evitado la inestabilidad en el empleo ni los dos recientes ERE (a los que hay que sumar, además, los trabajadores en Expediente de Regulación Temporal de Empleo a consecuencia de la pandemia de la COVID-19).
Paco González, representante de Intersindical en el Comité de Empresa, reclama que las ayudas públicas “deben estar condicionadas al mantenimiento de las condiciones óptimas de los derechos de los trabajadores”. Tal como han transmitido los sindicatos en repetidas ocasiones al conseller de Economia, Rafa Climent, la inyección de fondos públicos “debe estar condicionada al mantenimiento del empleo y al compromiso de mantener la factoría viable a corto y largo plazo”. “Se dan millones y continuamos en la incertidumbre”, lamenta González.
El representante de Intersindical cree que la multinacional debe comprometer una producción suficiente para garantizar la viabilidad de la planta de Ford en Almussafes. “Hemos acumulado beneficios récord en los siete últimos años mientras que en Europa registraba pérdidas”, recuerda González, quien señala que ninguna planta fabrica cinco modelos. “Sacamos calidad y cantidad”, agrega.
El presidente del Comité de Empresa y portavoz el sindicato mayoritario UGT, Carlos Faubel, pidió tras el anuncio un receso de dos semanas para poder estudiar la situación antes de iniciar las negociaciones y no abordar este volumen de despidos “deprisa y a la carrera”. El próximo 30 de marzo se reunirá el Comité de Empresa Europeo y abordará la situación en todo el continente y al día siguiente ha acordado reunirse el Comité de Empresa de Ford Almussafes.
“Aún no hemos empezado a negociar, fue una sorpresa absoluta, sabemos que la situación está mal pero teníamos el convencimiento de que esto no vendría tan pronto”, asegura González, quien mantiene que el Comité de Empresa no quiere “ir a la confrontación”. “No podemos ni vamos a consentir un despido traumático”, asegura el representante sindical, quien apuesta por pactar cualquier reducción de la plantilla con la garantía de unas condiciones dignas hasta su jubilación.
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