El fiscal retrata la “organización criminal” del PP en el 'caso Taula': Rus “mandaba” y el 'yonqui del dinero' “obedece a su amo”

Un gestión “poco loable” y “peculiar”, por “no decir delictiva”. Así se ha referido el fiscal anticorrupción Fernando Maldonado a la trayectoria de Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', al frente de la empresa pública de la Diputación de Valencia Imelsa, epicentro de la trama del 'caso Taula'. El representante del Ministerio Público ha retratado, en su informe de conclusiones del juicio por la pieza de los zombis del 'caso Taula', la presunta red corrupta, cuyo nacimiento ha situado en el congreso del PP provincial de Valencia que ganó en 2004 Alfonso Rus y que supone “la historia de una traición al interés público de todos los acusados en beneficio propio”. Benavent, ha recordado el fiscal, manejaba un presupuesto de casi 40 millones de euros anuales: “Asusta pensar lo que han podido hacer con este dinero”, ha lamentado Maldonado.

En la cúpula de la trama ha situado a Rus, su jefe de gabinete, Emilio Llopis, Marcos Benavent, presunto recaudador y Máximo Caturla, consejero de una de las empresas públicas saqueadas. “Disponer de dinero que no te corresponde” y “contratar a personas que no trabajan”, además de “inventarte documentos y contratos” son “hechos especialmente graves”, ha afirmado.

Los audios que desencadenaron la instrucción demuestran, a juicio del fiscal, la “fidelidad loable” de la trama hacia Alfonso Rus (“si tuviese amigos, querría tenerlos así”, ha dicho irónicamente). En una de las grabaciones, el propio Benavent aseveraba que siguiendo ciegamente a Rus no le faltaría “ni dinero ni faena”.

“Todo esto demuestra que el que mandaba era Rus, por su ascendencia política, su forma de ser y su personalidad y porque ganó la convención del PP”, ha dicho el representante de Anticorrupción en referencia al expresidente de la Diputación de Valencia, de quien ha apostillado: “Es el que da las órdenes, los demás se cobijan a su sombra y obedecen”.

El fiscal Fernando Maldonado también ha reprochado al expresidente que se negara en su declaración en el juicio a responder a las preguntas del Ministerio Público. Hubiera sido una manera de “dar explicaciones a la sociedad”. Así, podría haber explicado “qué hacía con Marcos Benavent contando dinero”, en referencia a uno de los audios más famosos.

El segundo juicio del 'caso Taula', tras la contundente condena a casi ocho años de prisión para el 'yonqui del dinero' por blanqueo en la primera sentencia por la pieza J, versa sobre los trabajadores zombis contratados en Imelsa (y también en la empresa pública autonómica Ciegsa, dedicada a la construcción de colegios) que en realidad trabajaban para el PP o, en menor medida, para el PSPV-PSOE. En Imelsa, “se repartían asesores” disfrazándolos de trabajadores de la empresa pública, “sean del PP o del PSOE”, ha dicho en referencia al socialista Rafael Rubio, entonces diputado provincial y también acusado en la causa e investigado en el 'caso Azud'.

En el juicio han aflorado trabajadores que fueron contratados en Imelsa y en Ciegsa que confesaron que en realidad prestaban sus servicios “en la sede del PP en Valencia” e incluso un jugador de futbol del equipo de Alfonso Rus que fue contratado en Imelsa, además del pago de una deuda a la firma de comunicación de José Adolfo Vedri mediante la contratación de dos de sus trabajadores con dinero público.

También se han expuesto los altísimos complementos por productividad que se embolsaron tres de los acusados: Benavent —más de 50.000 euros en apenas tres ejercicios—; María Escrihuela, exdirectora de personal (97.000 euros en cuatro años), y José Enrique Montblanch, director económico financiero que percibió 82.000 euros en tres años. “No han aparecido ni criterios ni documentos justificativos”, ha abundado el fiscal. En comparación, ha recordado que el resto de trabajadores cobraron unos 1.000 euros en complementos por productividad: “A todos [los acusados] les beneficiaba el descontrol” en la empresa pública.

Alfonso Rus “controlaba todo”

“Evidentemente”, ha afirmado el fiscal, “la autoría directa corresponde a Marcos Benavent pero él obedece a su amo y su amo es Alfonso Rus”. El expresidente de la institución provincial, “a través de sus hombres de confianza, controlaba todo lo que pasaba en Imelsa, en Ciegsa y en la Diputación”, ha remachado. El representante de Anticorrupción ha situado a Rus al frente de la presunta organización criminal, en el “seno de una administración pública, lo cual es especialmente grave”.

También ha defendido el periodo de colaboración de Benavent con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y con la Fiscalía, a pesar de su reciente cambio de estrategia de defensa. “En aquel momento”, ha dicho, “su conciencia debió prevalecer y nos dijo la verdad; ahora, 10 años después nos dice que la culpa es de su [anterior] letrado, cuando se están cruzando querellas entre ellos”. El bandazo de Benavent ha supuesto un “obstáculo para la investigación”, según ha reprochado el fiscal, que le ha retirado la eximente de colaboración. “Es difícil explicar una transformación tan radical”, ha afirmado el fiscal.

El letrado de la Generalitat Valenciana, que ejerce la acusación particular, ha criticado el “jaleo” que algunas defensas han intentado crear a cuenta de la cadena de custodia de los audios y ha recordado que no se ha aportado ninguna prueba de que fueran manipulados. Además de avalar las grabaciones como una prueba “totalmente válida y lícita”, el letrado ha recordado que la acusación en la pieza de los zombis se apuntala con el informe de la Sindicatura de Cuentas y de Ciegsa sobre los trabajadores que no acudían a su puesto.

Un “sistema de lobbies” en el PP “con caudales públicos”

“En este caso”, según ha explicado el letrado, “tenemos la declaración de tres coacusados como cooperadores necesarios que han reconocido que no han trabajado”, una confesión “espontánea, clara y coherente” corroborada, además, por el resto del material probatorio. La acusación particular considera que la trama de los zombis trató de “establecer un sistema de lobbies” en el seno del PP provincial, “pagados con caudales públicos”.

“Hay una necesidad de contratar a determinadas personas del partido que arman jaleo”, ha argumentado el letrado de la Generalitat Valenciana, quien ha destacado que se usó dinero público “destinado a la construcción de centros educativos para mantener la paz” en el PP.

Para reafirmar la comisión del presunto delito de malversación, la acusación particular ha recordado que existió una “conducta consciente de desvío de fondos públicos”. “No hay ninguna prueba de su trabajo, el interés es mantener una estructura de partido clientelista fuera de lo permitido por la ley”.

La “única finalidad” es “tenerlos contentos en el partido”, ha agregado. Así, se desvió dinero previsto para la construcción de colegios a “sujetos que nunca trabajaron para la administración pública”, por lo que existe una “conducta consciente de desvío de fondos públicos”, ha concluido el letrado de la Generalitat Valenciana.