El Gobierno valenciano comunica a Ribera Salud que recuperará la gestión pública del hospital de Dénia en enero de 2024

El Gobierno valenciano se prepara para un nuevo proceso de recuperación para la gestión pública de uno de los departamentos sanitarios privatizados durante los mandatos del PP. Tras la reversión de los hospitales de Alzira y de Torrevieja, la Conselleria de Sanidad comunicará el próximo martes 31 de enero a Ribera Salud, la empresa concesionaria, el inicio de la recuperación pública del área de salud de Dénia, en un proceso que durará un año y que por lo tanto concluirá a final de enero de 2024, cuando todo el departamento sanitario volverá a ser de gestión directa.

Así lo anunció este jueves el conseller de Sanidad Universal y Salud Pública, Miguel Mínguez, en su comparecencia en las Corts Valencianes, donde destacó el compromiso del Consell de recuperar para lo público todas las áreas con concesión administrativa. “Después de Dénia vendrán Manises y Elx-Crevillent”, afirmó.

Mínguez abogó por iniciar el proceso en Dénia con las “máximas garantías” tras el proceso de Alzira y Torrevieja, donde la misma empresa concesionaria, Ribera Salud, puso “multitud de obstáculos”, mostró una “falta de colaboración completa” y recurrió a una “judicialización innecesaria” en la que los tribunales “siempre dieron la razón” a la Generalitat Valenciana.

Para ello, en junio se puso en marcha un grupo de trabajo para iniciar este proceso con las “máximas garantías jurídicas” y será el martes, día 31, cuando se comunique a la empresa el contrato de concesión finalizará, “tal como se establece en los términos de contratación”, el 31 de enero de 2024.

Mínguez expresó su deseo que, vista la experiencia de Alzira y Torrevieja, la empresa “ofrecerá la colaboración que se espera y es habitual en el tráfico jurídico” y aseguró que la reversión supondrá “mejores condiciones laborales”.

Asimismo, remarcó que están en contacto con los profesionales para que el proceso se realice siempre “desde la vía del diálogo” ya que la Generalitat desea una “transición natural y sin conflictos”. Así, se mostró convencido de que este proceso culminará con una “mejora sustancial” de la atención a la población del área de Dénia.

Sobrecostes y conflictos en el modelo concesional

La recuperación de servicios públicos esenciales privatizados durante los 20 años del PP al frente de la Generalitat Valenciana forma parte de los compromisos adquiridos en 2015 en el denominado Pacto del Botánico, el acuerdo de Gobierno que propició el cambio a un ejecutivo de izquierdas formado por PSPV, Compromís y Unides Podem, presidido por el socialista Ximo Puig.

Además de la mencionada reversión de los hospitales de Alzira y Torrevieja, en diciembre de 2021, el Gobierno valenciano recuperó también la gestión pública de las resonancias magnéticas también privatizadas por Zaplana, que causaron sobrecostes de hasta 160 millones para las arcas públicas.

Todo este proceso de recuperación de la gestión pública de la sanidad no es un capricho, sino que viene avalada por numerosos informes técnicos. En concreto, el “informe de la subdirección general de recursos económicos de la Conselleria de Sanidad en relación con la gestión del departamento en régimen de concesión de Torrevieja y la decisión de la no prórroga” remitido a la justicia para justificar la recuperación pública de las concesiones desmonta todo el sistema concesional implantado por el PP.

según el informe, “existen una serie de limitaciones y deficiencias contractuales que impiden la continuación del servicio en el modelo en régimen concesional actual”, de las que se destacan: deficiencias estructurales de los contratos vigentes con las concesiones; dificultad de la administración para implementar mecanismos de control y regulación; imposibilidad de modificar el precio del contrato; y elevada litigiosidad entre las partes. Según este documento, “se han contraído obligaciones no previstas en el contrato siendo necesario recurrir a expedientes de enriquecimiento injusto (EEI) para su compensación a las concesionarias”. En concreto, “para La Ribera ejercicios 2008-2015, Dénia 2008-2013 y Torrevieja 2006-2012, únicas de las que se ha practicado liquidaciones, se han realizado cuatro expedientes de enriquecimiento injusto por importe total de 118 millones de euros”.