Una hijastra del exconseller Blasco fue accionista de una sociedad beneficiada por el político en el pelotazo de las ITV

Una mordida presuntamente cobrada por Eduardo Zaplana a Sedesa -de la familia Cotino- en Luxemburgo por el concurso de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) valencianas ha acabado con el exministro y expresidente de la Generalitat en prisión provisional. Las concesiones de las ITV de 1999 se convirtieron en un objeto de alto valor para su reventa, máxime cuando en 2004 hubo un cambio legislativo que disparó su rentabilidad gracias al incremento del coste de las tarifas un 139 %.

No en vano, prácticamente todas las adjudicatarias de este concurso impulsado en la era Zaplana cambiaron de manos entre los ejercicios 1999 y 2006, según reveló la Sindicatura de Comptes en su informe especial sobre las ITV 1997-2015, que concluyó que las valencianas fueron las inspecciones técnicas más caras de España. Entre esos cambios de accionariado se encontró la ganadora del lote 4 Aseguramiento Técnico de Calidad SL.

Sobre esta sociedad ha hablado el portavoz de Compromís Fran Ferri en la comparecencia de Rafael Blasco en la comisión del caso Taula, tres días después de salir de prisión por el caso de saqueo de fondos de las ONG. Ferri ha revelado que una de las hijastras del exconseller en su matrimonio con Consuelo Císcar, en concreto Consuelo Salom Císcar, formó parte del accionariado de la concesionaria de las ITV Aseguramiento Técnico de Calidad SA (Atecsa) a través de Grupo Templo 9000.

Según la documentación a la que ha tenido acceso Ferri, Maria Consuelo Salom Ciscar entró a formar parte en el año 1999 del entramado empresarial involucrado en la explotación del Lote 4 de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), junto con otros accionistas como Gregorio Martínez Tolosa, Luís Juárez Argente y Juan Ramón Ferris Tortajada, vinculado este último con diferentes iniciativas políticas de Rafael Blasco.

Estos accionistas se incorporaron al negocio de las ITV meses después de la privatización y adjudicación, a través de diferentes operaciones de compraventa de acciones, por lo cual no fueron firmantes del contrato de explotación con la Administración ni su participación era pública. Según la Sindicatura de Cuentas, las concesionarias de este servicio se vieron beneficiadas por un incremento de tarifas del 139% propiciado por el Decreto 19/2004 que introducía la prueba de emisión sonora, no prevista en el pliego de condiciones y sin modificar el canon que había que satisfacer ante la administración. Un cambio que impulsó el propio Blasco siendo conseller de Territorio y que directamente benefició a las concesionarias.

El 25 de enero de 1999, el Grupo Templo 9000, a través de la sociedad Valenciana de Servicios Integrales, adquirió las participaciones que poseían de Atecsa (la empresa concesionaria del Lote 4 de las ITV) a las mercantiles: Textiles Prieto, S.L, Jucoba S.L y Tras Internacional S.L. Después de este movimiento accionarial el Grupo Templo 9000 SL contaba con el 99,96% del capital social de Atecsa.

El 4 de febrero de 1999, Maria Consuelo Salom Ciscar participó en una operación financiera ante Caja Rural de Torrent con un valor de 900 millones de pesetas (5,4 millones de euros) por la cual el resto de accionistas así como la sociedad Grupo Templo 9000 se convertían en seguros de la sociedad Valenciana Servicios Integrales. Como parte de esta operación, los accionistas (entre los cuales se encontraba María Consuelo Salom Ciscar) pignoraron 22.725 acciones de Atecsa, la concesionaria del Lote 4 de las estaciones de ITV.

Precisamente tanto Juan Ramon Ferris Tortajada, como Gregorio Martínez Tolosa, a través de las mismas empresas involucradas en la gestión del lote 4 de las ITV y otras de naturaleza similar, también consiguieron la adjudicación de un programa de plazas en residencias geriátricas lanzado en 2001 por Rafael Blasco Castany, esta vez como conseller de Bienestar Social. La UTE concesionaria acabó vendiendo su lote de residencias a la constructora andaluza Grupo Portival.

Ferri ha aireado esta información en pleno interrogatorio y ha interpelado a Blasco por el posible beneficio que habría propiciado a la empresa en la que participaba su hijastra y Juan Ramón Ferris, también conocido del político valenciano.

El exconseller ha explicado que esa presencia en el accionariado de Grupo Templo 9000 de su hijastra “no se llegó a formalizar”. “Usted sabe que el beneficio fue cero”, ha sentenciado. 

Para Ferri, “el señor Blasco no ha sabido explicar este lunes ni su relación con Ferris Tortajada, ni por qué una persona tan próxima formaba parte de negocios donde su acción como conseller fue tan determinante. Nos encontramos ante una muestra más de lo que siempre hemos denunciado desde Compromís: la privatización de las ITV supuso que los valencianos pagáramos las tarifas más caras de toda España, mientras las empresas próximas a dirigentes del Partido Popular hacían un gran negocio. No nos extraña que la adjudicación de las ITV provocara una nueva operación policial en el caso Erial, como presunta fuente de sobornos directos por parte de una concesionaria al expresidente Zaplana”.