El movimiento feminista valenciano denuncia otras 8 multas por los piquetes del 8M
El colectivo feminista de Valencia denuncia ocho nuevas multas amparadas en la ley mordaza durante la huelga del pasado 8 de marzo. Integrantes del colectivo han recibido multas por un total de 5.000 euros, por “presuntas faltas de orden público” durante la convocatoria del paro internacional de mujeres.
La Asamblea Feminista de Valencia ya denunció el pasado año que recibió una docena de sanciones de entre 200 y 600 euros por cabeza, que llegaban a los 6.000 euros en conjunto. Todo el colectivo decidió autoinculparse en solidaridad con las compañeras sancionadas y asumir el importe.
Las feministas valencianas han iniciado una campaña de denuncia en redes sociales para visibilizar la “represión institucional” que aseguran estar recibiendo de nuevo por parte del Estado y señalan al delegado del gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, como “principal responsable” de las sanciones. En junio del pasado año, por el mismo motivo, las afectadas acudieron a la Delegación del Gobierno en Valencia como protesta por las multas y el responsable se comprometió a revisarlas una a una.
Después de un año, el colectivo sigue esperando la revisión y está a la espera de juicio. “Las causas que se alegaron contra las feministas (en 2018) fueron pedir a un policía que hablara en valenciano, ocupar las calles durante una huelga legal, informar en los piquetes constituidos para ello y protestar por la violencia policial ejercida contra las activistas”, informa la Assemblea Feminista de València en un comunicado. Asimismo, el colectivo pide “la retirada de todas las multas del 8M en procesos abiertos del año pasado y del presente” y consideran que se trata de “un nuevo ataque represivo contra todo el movimiento feminista”
Denuncias de Hazte Oír
El movimiento feminista también ha querido denunciar la represión que están sufriendo tres activistas acusados de “delito de odio” por protestar contra el autobús machista de la asociación Hazte Oir y que llevaba por lema “#StopFeminazis. No es violencia de género, es violencia doméstica”. La asociación ultracatólica pide 17.000 euros a cada uno.
Las feministas denuncian que los hechos “no son aislados ni tampoco coincidencia, sino que forman parte de la estrategia represiva hacia el movimiento feminista ejercida por varias ramas del sistema patriarcal”.
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