No es lo mismo que te atienda una médico que un gerente

This England es la primera serie de televisión que se ha hecho sobre la pandemia de COVID-19 en el Reino Unido. Es una producción de Sky, realizada con grandes medios, y con la participación de Michael Winterbottom, Kenneth Branagh o Ophelia Lovibond. Está basada en los testimonios recogidos entre las personas que trabajaban en residencias y hospitales; también de algunas de las participantes en el Grupo Asesor Científico para Emergencias y en el gobierno británico. Y, entre estos dos ámbitos, que en la serie se presentan tan alejados como opuestos, se desarrolla la narración, con algunas imágenes durísimas.

Entre esas escenas desoladoras se incluyen las secuencias en las que se nos muestra como un hospital de emergencias, que nos recuerda al hospital para pandemias Isabel Zendal que la comunidad de Madrid construyó, está completamente vacío mientras vemos como agonizan en las residencias o en sus propios domicilios - atendidas por enfermeros, médicos y personal de las residencias sin recursos suficientes - las personas mayores que se decidió no debían ingresar en un hospital. Al mismo tiempo, la narración recoge todos los medios y esfuerzos de la misma sanidad pública británica por salvar la vida del primer ministro, Boris Johnson, cuando este enfermó gravemente por el COVID.

Dos días después de haber visto el último episodio de This England, aún sigo bajo el impacto de su crudeza. Y pienso cómo hubiera sido la misma serie si, en lugar de Londres, describiera la situación en Madrid durante esos mismos meses. El recuerdo del cinismo de las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso esos días me sigue provocando tanta indignación, que el histriónico Boris Johnson encarnado por Branagh, en la comparación, queda como un malvado menor. Díaz Ayuso llevó su ideología ultraliberal donde ni los herederos de Thatcher alcanzaron. La sobremortalidad en la Comunidad de Madrid fue en 2020 la mayor de toda la Unión Europea, según el barómetro anual del Comité Europeo de las Regiones publicado en octubre de 2021, mientras que Londres no se encuentra entre las regiones de mayor exceso de mortalidad en Europa en ese mismo año. La esperanza de vida en Madrid cayó el doble que la media de España: 3,6 años menos que antes de la pandemia, según el informe anual sobre “Esperanzas de vida en España” publicado por el Ministerio de Sanidad este pasado mes de noviembre. Sin embargo, este aumento de la mortalidad no afectó a todas las personas por igual: en el barrio de Salamanca, el refugio urbano de los ricos madrileños, el descenso de la esperanza de vida fue 20 veces menor que en los distritos del sur de Madrid, los de menor renta. Lo recoge el informe “Caída de la esperanza de vida en distritos de Madrid 2020: relación con determinantes sociales” publicado en Gaceta Sanitaria.

En ese mismo periodo, en la Comunitat Valenciana, la caída de la esperanza de vida fue cuatro veces menor (0,84 años) que en la Comunidad de Madrid. Y sin diferencias notables según el nivel de renta, a diferencia de lo ocurrido donde gobiernan los ultraliberales. Las diferencias en las prioridades del gobierno valenciano y las del madrileño, se materializan, también, en cuántos años vamos a vivir y en cómo los vivimos. El establecimiento de esas prioridades no ha tenido nada de casual. Desde que en 2011 el presidente Zapatero aceptó la cirugía impuesta a las cuentas públicas españolas, lo que se conoció como el “austericidio”, por la canciller alemana Merkel y que elevó a niveles antes impensables de crueldad social el presidente Rajoy durante sus mandatos, Compromís decidió responder con un programa político con medidas concretas en las que el esfuerzo iba dirigido a rescatar a las personas y no a los bancos, como fue la prioridad del bipartidismo.

Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero pactaron el 23 de agosto de 2011 la reforma de la Constitución que limitaba la capacidad del Estado para hacer frente a las necesidades sociales, que es lo que fue el acuerdo para establecer el límite del déficit público. Entre las causas de dicho déficit, destacaba la escasa capacidad fiscal del Estado: en mayo 2003, José Luis Rodríguez Zapatero, todavía entonces candidato a la presidencia del gobierno, afirmaba en una entrevista que “bajar los impuestos es de izquierdas”. Un año después, llegó al gobierno y bajó los impuestos. En 2009, los ingresos fiscales en España eran del 32,8%. Ese mismo año, la media de la Unión Europea era seis puntos mayor, un 38,4%. En España se había eliminado el Impuesto sobre el Patrimonio y reducido el de Sociedades: los impuestos se habían modificado beneficiando a los deciles de la población con mayor renta. El Estado reducía sus recursos mientras las grandes empresas y las rentas más altas salían beneficiadas. Luego vino lo de siempre: privatización de beneficios (para unos pocos), socialización de las pérdidas (para la mayoría). El rescate a los bancos lo pagamos entre todos: nos subieron los impuestos. Pero más a unos que a otros. En este siglo, como regla general, cuando la socialdemocracia o los liberales y conservadores bajan los impuestos, lo hacen a las rentas más altas (véase ahora la rebaja que se pretende en nuestro territorio para las grandes empresas familiares); cuando los suben, es incrementando la presión a las rentas del trabajo. Es decir, a todos nosotros. Y, cómo sabemos desde que Thomas Piketty lo evidenciará con sus trabajos y bases de datos sobre la desigualdad, cuando las rentas del capital suben más que las del trabajo, se incrementan las diferencias sociales.

En el País Valenciano, además, bajo los gobiernos del Partido Popular ocurrió un hecho inédito desde el inicio de la Transición: nos convertimos en pobres con respecto al resto del Estado. Con los gobiernos de Zaplana, Olivas, Camps y Fabra en la Comunitat Valenciana la pérdida de convergencia con España - que en ese periodo estuvo la mayor parte del tiempo también gobernada por el PP con Aznar y Rajoy - fue enorme. Pasamos de estar en la media española en Producto Interior Bruto per cápita, 99,8% en 1995, a quedar claramente por debajo de la misma, 87,3% en 2015 (datos FUNCAS e INE). Son doce puntos de empobrecimiento real con el PP en la Generalitat Valenciana mientras adormecían a la ciudadanía valenciana con cuentos y espejismos: de la Formula 1 y las infraestructuras inútiles al maquillaje de la realidad económica. El PP nos hizo más pobres mientras nos contaba cuentos en los que éramos ricos.

Ricos, más aún, se hicieron los beneficiarios de las privatizaciones llevadas a cabo por los gobiernos populares. Sobre sus consecuencias, una sola reflexión: existen plataformas ciudadanas en todas las áreas de salud privatizadas que han exigido su reversión a lo público; sin embargo, no existe ninguna plataforma ciudadana que exija la privatización de la Sanidad pública: lo que sí que existen son lobbys y grandes capitales que buscan donde hacer negocio. Más negocio. Al coste que sea. Aunque sea a costa de la salud. El negocio de los hospitales y los seguros de salud privados crece al mismo tiempo que la atención en los departamentos de salud mengua. En el mío, área de salud de Manises, privatizada por el Partido Popular, mi médico de atención primaria, con suerte, te atenderá presencialmente en tres semanas. Y, eso, con suerte. Una situación que ha llevado a la ciudadanía de Quart de Poblet a integrarse en la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública. Estoy seguro de que seremos capaces de revertir esta privatización, como ya ha hemos hecho en Alzira y Torrevieja, cuando finalice en 2024 el contrato actual que otorgó la concesión a la empresa Sanitas. El informe de Desigualdades en Salud de 2018, previo a la pandemia, del Observatorio Valenciano de Salud, recoge una menor esperanza de vida en mi comarca que en la media del territorio valenciano: un mayor motivo para contar con la mejor atención sanitaria. La salud no puede ser un negocio más.

La recuperación y el mantenimiento del mejor servicio público en Sanidad, como en las otras áreas del conjunto del sistema de servicios públicos valencianos, solo será posible si hay continuidad de los gobiernos del Botànic. Es decir, si hay una presencia fuerte de Compromís. Se avecinan tiempos en los que habrá que volver a elegir. En 2022, el canciller socialdemócrata alemán, Olaf Scholz ha planteado retomar reglas fiscales más rígidas en el conjunto de la Unión Europea. Mientras, las economías más ricas e insolidarias de la UE (Dinamarca, Suecia, Austria y los Países Bajos) fueron más allá pidiendo recuperar el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), lo que nos recuerda a la canciller Merkel y a su política de austeridad que tanto dolor generó tras la Gran Recesión de 2008. Afortunadamente, Scholz no gobierna solo: lo hace en un gobierno de coalición donde están Bündis 90/Die Grünen (Los Verdes alemanes). El Partido Verde Europeo es internacionalista, europeísta, defensor de la justicia social y opuesto a las medidas antisociales en cualquier lugar. En la Comunitat Valenciana, lo representamos VerdsEquo del PV uno de los tres partidos que fundamos y conformamos Compromís.

La presión para llevar a cabo un ajuste fiscal y presupuestario seguirá ahí. Y vistos los precedentes apuntados en las cumbres económicas de la UE de este año que acaba, todo apunta a que se incrementará en 2023. Es una presión que ya conocemos: en otoño de 2019 conseguimos que en la Comunitat Valenciana tuviéramos unos presupuestos suficientes para proteger a la ciudadanía valenciana. No fue fácil: recuerdo un intenso debate económico en aquellas fechas, en la Comisión de Seguimiento del Pacte del Botànic II, en el que los representantes de Compromís defendimos una política presupuestaria solidaria, de acuerdo con nuestro programa “Rescatem Persones”. Unos meses después, una pandemia inesperada, pero no imprevisible - como nos recuerda Fernando Valladares, Premio Jaume I en la categoría de Protección del Medio Ambiente 2021, la presión sobre los ecosistemas, si no le ponemos freno, hará que las zoonosis sean cada vez más frecuentes – evidenció una vez más la importancia de tener unos servicios públicos de las dimensiones y calidad a las necesidades de la ciudadanía. No podemos permitir que la Sanidad se convierta en un negocio más.

No es lo mismo que un día te atienda una médico, que dará prioridad a tu salud y a la Salud Pública, que un gerente, que no podrá evitar pensar en la cuenta de resultados de su empresa cuando te escuche hablar de tus dolencias. Algunas personas, esa experiencia, como resultado de las privatizaciones del Partido Popular, ya la hemos experimentado. Para ponerle fin y que no vuelva a ocurrir es necesario que quiénes defendemos los servicios públicos dignos y de calidad sigamos con nuestra tarea. Del resultado de las próximas elecciones dependerá.