Pacto a la valenciana y gobierno para España
La tarde del miércoles 27 de mayo de 2015, apenas 72 horas después de las elecciones en las que la mayoría social marcó con su voto un nuevo tiempo en la política valenciana y a la vista del postureo mediático en que estaba derivando el resultado electoral, Podemos tomó la iniciativa y convocó el primer encuentro de las tres fuerzas que podían materializar las aspiraciones de cambio de la ciudadanía, tanto en la Generalitat Valenciana como en la mayoría de los gobiernos locales.
Optamos por lanzar esa convocatoria de manera pública “para evitar las zonas de penumbra, los pactos de café”, defendimos entonces, como seguimos defendiendo ahora, que “la ciudadanía no nos había votado simplemente para sacar al PP del poder, sino para hacer otra política y de otra manera”.
Así fue como el lunes 2 de junio, se iniciaron las reuniones que condujeron al acuerdo que jueves 11 de ese mes suscribimos los representantes de las tres fuerzas políticas que podíamos garantizar desde Les Corts el cambio de políticas públicas que reclamaba una sociedad valenciana que no soportaba por más tiempo la dolorosa alianza de ineficiencia, derroche y corrupción que había caracterizado a las décadas de gobierno del PP.
Ese acuerdo programático, denominado Acuerdo del Botánico, por el histórico jardín donde fue suscrito, permitió que el jueves 25 de junio, el socialista Ximo Puig fuese elegido como President de la Generalitat Valenciana. Para la mayoría absoluta que le permitió ser elegido President en primera vuelta fueron imprescindibles los ocho votos afirmativos prestados por Podemos y las cinco abstenciones de los restantes miembros de este grupo parlamentario.
Las cuatro semanas y media transcurridas desde las elecciones fueron particularmente difíciles. A la expectación de la ciudadanía se unía la presión de tantos analistas y opinadores profesionales que sembraban dudas interesadas sobre la posibilidad del acuerdo y la inestabilidad que podía conllevar.
Fueron semanas de tensión en las que no faltaron ni declaraciones grandilocuentes ni descalificaciones, en los que hubo encuentros y desencuentros e incluso veladas amenazas de dinamitar acuerdos de progreso ya fraguados en muchos ayuntamientos si no se facilitaba la investidura del candidato socialista a la Generalitat. Unos movimientos que en Podemos siempre vivimos como viejas estratagemas para tensar las negociaciones y debilitar al interlocutor.
Lo que si fue real y vale la pena recordarlo, fueron las presiones desde la sede madrileña de Ferraz al PSOE de Blanquerías para que pactara con Ciudadanos, a semejanza de lo que ya hacía en aquellas fechas Susana Díaz en Andalucía, erigida en principal bastión del viejo aparato socialista.
Pero Andalucía no es la Comunidad Valenciana. Aquí no se trataba de conservar el poder territorial a cualquier precio. Aquí la prioridad era rescatar a una sociedad dinámica pero al borde del total colapso social, económico y cultural por la prolongada manipulación del PP de todos los resortes del poder institucional y sus peligrosas incursiones en el ámbito financiero y mediático, entre otros sectores contaminados por prácticas clientelares. Como tampoco era igual el hartazgo social expresado durante tanto tiempo en las calles, y finalmente en las urnas, de una sociedad a la que asfixiaba tanta prepotencia, mentira y corrupción.
Contra lo predicho, o incluso deseado, por agitadores y agoreros, el acuerdo fue posible, un acuerdo programático, que contenía cinco ejes básicos para la actuación política. Ejes concretados en medidas urgentes, inaplazables, orientadas a la mejora de las condiciones de vida de la mayoría social, de regeneración democrática y de lucha contra la corrupción, medidas para un cambio de modelo productivo más eficiente y articulado sobre el principio de la sostenibilidad. Medidas que priorizan la inversión social tendente a la recuperación de servicios públicos básicos, como los de sanidad y educación, a la altura de las necesidades y aspiraciones de las valencianas y valencianos del siglo XXI.
Ahora, cuando la combinación de los efectos de una ley electoral de sesgo mayoritario, en la que los votos emitidos ven alterado su valor por efecto del tamaño de las circunscripciones, y de unas reglas institucionales concebidas para favorecer el bipartidismo, dificultan la expresión política de la mayoritaria voluntad de cambio expresada en las urnas, conviene rememorar las condiciones de aquel acuerdo. No sólo para recordar que fue Podemos quien rompió con el inmovilismo y sentó las bases que hicieron posible el acuerdo del Botánico que se identifica en los medios de comunicación como el “acuerdo a la valenciana”, sino también algunas de las razones que lo hicieron posible y las diferencias con el acuerdo al que cabe aspirar hoy para el gobierno de España.
En primer lugar, es fundamental recordar que el acuerdo del Botánico no es tan sólo un acuerdo entre partidos, sino un acuerdo alcanzado de manera pública y con la participación, indirecta pero decisiva, de una nutrida representación de entidades y colectivos sociales cuyas reivindicaciones de años recibieron respaldo en el documento.
En segundo lugar, el acuerdo del Botánico no es un pacto cerrado, sino un acuerdo de mínimos al que se incorporaron mecanismos de seguimiento, desarrollo y evaluación que, no sin dificultades, vienen dando garantía de continuidad a los compromisos de acción política adquiridos ante la ciudadanía.
Por esta doble vía el acuerdo del Botánico se ha convertido en un acuerdo con la gente, por la gente y para la gente. La meditada decisión de Podemos de prestar al candidato del PSOE tan sólo ocho de los trece votos disponibles, junto a la renuncia a integrar el gobierno valenciano no fueron sólo una prueba de altura de miras y generosidad política sino también una garantía adicional del acuerdo al posibilitar un singular equilibrio entre la estabilidad del gobierno autonómico y la capacidad de control parlamentario de la acción política del mismo.
La cuestión para Podemos, no residía ni en cambiar de personas, ni en cambiar la denominación de las consellerias, sino en cambiar realmente de políticas. Y era evidente que un PSOE valenciano, instalado durante veinte años en la oposición, con mínima renovación generacional y de propuestas y con escasa influencia en la política nacional, que además había obtenido el peor resultado electoral de su historia, no gozaba de las mejores credenciales para garantizar el cambio de rumbo que demandaba la nueva mayoría social. De ahí la importancia no tanto de entrar en el gobierno, sino de ejercer un papel de vigilancia y contrapeso de aquel desde nuestra estrecha vinculación a la sociedad civil.
Con frecuencia los modos e inercias de la vieja política, las resistencias de una administración poco transparente y marcada por décadas de prácticas clientelares, entre otros inconvenientes, ponen en serías dificultades la labor que Podemos se ha reservado en el acuerdo del Botánico para asegurar el cumplimiento y desarrollo de sus principios. Pero la principal dificultad estriba en contribuir de manera activa y día a día, que se ejecuten políticas de lucha contra la desigualdad y que mejoren las oportunidades de la mayoría social al tiempo que se fortalecen los mecanismos de participación ciudadana. Políticas cuya efectividad pone en cuestión los privilegios de minorías muy sólidamente asentadas en el orden económico y social, cuya capacidad de influencia penetra incluso las interioridades de instituciones y fuerzas políticas tradicionales.
Por esta razón, desde nuestra experiencia en la concepción y aseguramiento del acuerdo del Botánico, apostamos porque el “acuerdo a la valenciana” que algunos defienden para el gobierno de España, sea un acuerdo sobre principios básicos de actuación, abierto a las demandas y aspiraciones de la mayoría social, un acuerdo dinámico y sujeto a seguimiento, desarrollo y evaluación. En suma un acuerdo con garantías.
Y la mejor garantía en este momento decisivo para una España que debe afrontar grandes retos económicos y sociales, también en términos europeos, junto a una profunda tarea de regeneración política que no puede posponer el definitivo reconocimiento de su rica diversidad, es la de un acuerdo programático básico sí, pero cuya ejecución sea asumida por un gobierno que incorpore a las fuerzas de cambio progresistas. Un gobierno que ahora requiere, en el ámbito estatal, de la presencia de Podemos y sus confluencias, así como de la colaboración activa de otras fuerzas afines.
Un gobierno que el PSOE no puede permitir que defraude la ilusión mayoritaria de cambio real, recurriendo al comodín que le ofrece la nueva derecha, porque eso sería continuista para España y letal para el propio Partido Socialista. Es momento de un gobierno proporcional y equilibrado que articule en su propia composición los debidos contrapesos para que el poder no sólo frene al poder, sino para que se garantice su permanente sometimiento a los intereses de la mayoría social.
Antonio Montiel Márquez es Síndic del Grup Parlamentari Podem en las Corts Valencianes y secretario general de Podemos en la Comunitat Valenciana.
