Depuradora de Borriol: Un pelotazo por casualidad
Por error, por desconocimiento, porque firmaron documentos que no entendían. Son las razones que los seis acusados en el juicio de la depuradora de Borriol han dado para explicar su comportamiento, que dio lugar a que Francisco Martínez, mano derecha del expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, estuviera a punto de ganar 50.000 euros de manera ilícita. Lo iba a lograr gracias a la compra de un terreno justo en el lugar donde la Diputación planeaba esta infraestructura. Todos los acusados reconocen haber hecho los trámites necesarios para que ese beneficio se produjera, pero aseguran que ese no era su objetivo. Durante el lunes y martes, los seis imputados han dibujado ante el juez toda una cadena de casualidades para negar su responsabilidad. La vista finalizará previsiblemente la próxima semana.
El martes, el primero en declarar fue Adelino Santamaría, exalcalde de Borriol, la localidad en la que iba a construirse la obra. Santamaría reconoció que pidió la ampliación del proyecto para que alcanzara precisamente a las tierras que recientemente había comprado la familia Martínez. Pero afirmó que lo hizo porque los técnicos así lo decidieron, y que él “no tenía preparación” para comprender lo que firmaba. Además, explicó que en ningún momento fue informado de que el terreno fuera del entonces vicepresidente de la Diputación, a pesar de que mantuvo multitud de reuniones durante años sobre esa obra, que era, según reconoció, de vital importancia en su pequeño municipio.
“Nadie me preguntó”
“Nadie me preguntó”Otro de los acusados que declararon el martes es Raúl Babiloni, amigo y socio de Martínez. La Generalitat ubicó el proyecto de la depuradora en sus terrenos y él vendió una parte a la hija del exvicepresidente, Andrea. Ella después incluyó la parcela en una empresa de la familia. Babiloni explicó que para él fue un “perjuicio” que se eligieran sus tierras para la obra, que vendió una parte a Andrea Martínez porque después podrían permutarla por otro terreno para su aprovechamiento turístico, que era el interés “laboral” de “la chiquilla”. También se le acusa de actuar de intermediario para que no se conociera que Martínez era el dueño final de la parcela. En su declaración, aceptó que no dio ese dato “porque nadie me lo pidió”. Además, dijo que desconocía que entre las competencias de Martínez estaba el ciclo integral del agua y las contrataciones, a pesar de que eran amigos y socios en varias empresas.
El último en declarar fue Luis García, empleado de Babiloni. Su papel fue el de aceptar ser el apoderado de la empresa de los Martínez dueña de las tierras, para pasar esos poderes después a su jefe. El escrito del fiscal dice que es una medida de precaución para que la familia Martínez no apareciera en los trámites ni como poderdante. García, por su parte, dice que todo fue un error. La notaría, dijo, puso sus datos en los papeles en vez de los de Babiloni. Preguntado por las razones de esta confusión, el acusado dijo no tener la menor idea.
Estas declaraciones se suman a las del lunes, cuando Martínez y sus dos hijos, Andrea y Raúl, dieron explicaciones parecidas para explicar sus actos. En concreto, el exvicepresidente dijo que firmó todos los documentos que aprobaban la obra -con su terreno incluido- sin leerlos, porque confiaba en los técnicos. La familia no llegó a embolsarse el dinero porque el grupo Compromís en el Ayuntamiento de Borriol denunció las irregularidades el mismo día en el que tenían que aprobarse en el Pleno.
