Una eurodiputada danesa denuncia ante la Unión Europea la presunta ilegalidad de la ampliación del puerto de Valencia
El pasado 27 de diciembre, coincidiendo con la adjudicación a MSC de las obras y gestión del nuevo muelle del puerto de Valencia, la eurodiputada danesa de Los Verdes Margrete Auken -responsable del 'Informe Auken' de 2009 sobre los desmanes urbanísticos en el litoral español- registró una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea en la que denuncia la vulneración de distintas normativas legales de la Unión Europea por las obras de ampliación del puerto de Valencia.
Se refiere Auken a la falta de Evaluación Ambiental Estratégica, “a pesar de estar las obras estrechamente relacionadas con grandes afecciones de emisiones contaminantes, extracciones fondos marinos, nuevas infraestructuras viarias y una alteración de la dinamica litoral que daña el Parc Natural de l´Albufera, y teniendo en cuenta que su Declaración de Impacto Ambiental que data del año 2007 que evaluó un proyecto sustancialmente di2ferente y más pequeño del actual en dimensiones y afecciones tanto en las obras en sí como en las actividades portuarias proyectadas. Así, la eurodiputada 'verde' se pregunta: ”¿Como plantea asegurar la Comisión el cumplimiento del derecho ambiental comunitario en este caso?“.
Desde la comisión ciudadana Ciudad-Puerto insisten en que es necesario declarar una moratoria sobre la ampliación, “por lo menos hasta asegurar la legalidad comunitaria de las obras”, ante la “inseguridad jurídica” generada y reiteran que las obras proyectadas suponen unos impactos “muy negativos” en el aire, en el mar y en las playas, que son “claramente distintos que los considerandos en el estudio de impacto ambiental de 2007”. Hace doce años “no se consideraron la mayor embergadura de todas las obras, el gran aumento de actividades contaminantes y las nuevas infraestructuras viarias proyectadas, como el acceso norte”.
Apuntan así mismo que la legislación europea “no permite la trampa de una evaluación parcelada y parcial de los impactos acumulados de unas obras que son parte de un mismo plan que incide sobre el mismo territorio”. Además de su ilegalidad, la propuesta de ampliación es “escandalosamente contradictoria con la reciente declaración de emergencia climática por parte de la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia, apostando por un modelo desarrollista de ciudad anacrónico, contaminante e insalubre”.
La comisión ciudadana tampoco cree que ninguna medida “compensatoria” podrá revertir los “daños irreversibles al medio ambiente y a la salud del aumento de actividad del puerto, al doblar o triplicar la actividad contaminante de camiones, cruceros, enormes buques de contenedores, grúas y petroleros”.
Las mismas obras “implican un movimiento enorme de arena dragada, cemento y otros materiales que tendrá gran impacto”. Al incluir en una evaluación estratégica el proyectado “acceso norte submarino” para camiones diésel (12.000 diarios), considerado por el Puerto como una parte “fundamental” del plan de expansión, la escala de destrucción ambiental sería “dantesca”, resaltan.
El Puerto se expone a una sanción de la UE
La segunda fase de la ampliación norte del puerto podría acarrear consecuencias legales con la Unión Europea en forma de penalización económica. La primera fase de la ampliación ejecutada hace nueve años tuvo un coste de 203 millones de euros, de los cuales la Comisión Europea aportó 74 millones.
Las actuaciones ejecutadas hace ahora casi una década conllevaron la creación de una nueva dársena mediante la ejecución de un dique de abrigo, un contradique y una explanada para instalaciones y acopio de carga, así como el actual muelle de cruceros. Ahora, parte de estas infraestructuras se suprimirán en la segunda fase por una modificación del proyecto que tiene por objetivo dedicar toda la ampliación norte al tráfico de contenedores.
Esta modificación implicará la eliminación de diferentes recintos ya construidos en la primera fase del proyecto y financiados en parte con los 74 millones de los fondos de cohesión europeos, entre ellos el muelle de cruceros y el contradique norte, una situación que podría acarrear una sanción de Bruselas.
