El Gobierno valenciano ingresa 800.000 euros recuperados de la corrupción del caso Blasco

Parte de los fondos saqueados por el exconseller de Cooperación Rafael Blasco regresan a su antiguo departamento más de una década después. La Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, que dirige la vicepresidenta popular Susana Camarero, ha ingresado una partida de 861.964,60 euros procedentes de la última pieza del 'caso Cooperación', en la que el exconseller del PP fue condenado por prevaricación y fraude.

La Conselleria de Hacienda autorizó en junio un incremento en el presupuesto de ingresos de este departamento y una transferencia desde una partida extrapresupuestaria -apuntes contables de los derechos reconocidos, que sirven, por ejemplo, para las sentencias judiciales pendientes de ejecutar- al presupuesto para cooperación. En concreto, la resolución indica que “corresponde a reintegros procedentes del procedimiento 55/20. Pieza 5. Caso cooperación”, que probó el amaño en contratos informáticos de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía entre 2008 y 2011, cuando Rafael Blasco la dirigía.

Según la ley de presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2024, en materia de cooperación los ingresos obtenidos de la recuperación de activos por sentencias judiciales firmes deben incorporarse al presupuesto para cooperación al desarrollo. Es decir, que lo que se ha probado que se desfalcó en ayuda humanitaria debe volver a su lugar.

La Generalitat ya contaba con la previsión de ingresar esta cuantía, que figuraba en la cuenta de retención de embargos de la dirección general de Inclusión, fuera del presupuesto. Ahora, Hacienda incorpora ese dinero a las cuentas como un ingreso y autoriza que se genere una subvención por el mismo importe. El presupuesto autonómico cuenta con una línea de ingresos denominada “Subvenciones [de] indemnización a la Generalitat por la restitución de fondos públicos indebidamente dispuestos”, donde van a parar los fondos recuperados de los casos de corrupción de la Administración pública.

El ingreso cuasi millonario pudo recuperarse gracias a que el anterior Ejecutivo impulsó una oficina de seguimiento de los procedimientos judiciales en los que existe un perjuicio económico para las arcas valencianas. La oficina, adscrita a Presidencia, recuperó 8 millones en sus años de actividad y dejó pendiente la incorporación de otros cinco millones más. En su primer año de gobierno, Carlos Mazón suprimió la oficina y trasladó esta función a la Abogacía de la Generalitat.