La Izquierda pregunta en Bruselas por las propuestas de expulsión a migrantes en situación irregular en la Comunitat Valenciana

Hace apenas un mes conocíamos el caso de una mujer (A. R.) a quien se le abrió un expediente sancionador -que podía conllevar desde la expulsión hasta una multa cuya cuantía podía ascender a 10.000 euros- después de acudir a denunciar el hurto de su pasaporte por no tener permiso de residencia. El caso, denunciado en su día por la ONG València Acull, fue trasladado por Izquierda Unida al Congreso en forma de pregunta al Gobierno.

El eurodiputado de esta formación Manu Pineda, integrado en el grupo de la Izquierda, ha llevado esta problemática al Parlamento Europeo. Pineda, en un escrito dirigido a la Comisión Europea, explica que en la Comunitat Valenciana “se siguen dando casos de tratos discriminatorios contra personas migrantes en situación irregular, por parte de funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Los hechos denunciados por Valencia Acull y por las víctimas de este “trato degradante y humillante”, explica el europarlamentario de la Izquierda, se producen cuando estas personas acuden a realizar trámites administrativos o a denunciar que son víctimas de algún tipo de delito: “Las amenazas vertidas por parte de los policías se centran en propuestas de sanción, expedientes de expulsión o la denegación de asistencia jurídica”.

“Este trato humillante a las personas migrantes -prosigue Pineda- vulneraría derechos fundamentales recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, la Decisión marco 2008/913/JAI de lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia y la directiva 2000/43/EC”.

De este modo, el parlamentario pregunta a la Comisión si considera que estos hechos vulneran derechos fundamentales y la normativa europea sobre igualdad de trato; sobre qué acciones tiene previsto realizar la Comisión “para evitar que estas situaciones tan preocupantes sigan ocurriendo”; y si tiene previsto iniciar una comunicación con las autoridades españolas y valencianas para poner fin a estos procedimientos.

Además del caso de A. R., que se produjo en la comisaría de Russafa, en València, el eurodiputado de Izquierda Unida lo que le pasó a H. R., un ciudadano colombiano que acudió el pasado mes de diciembre junto a un compañero a la comisaría de Burjassot-Godella a denunciar la destrucción de sus pasaportes durante un incendio y que también acabó con un procedimiento sancionador por estancia irregular en España.