Un proceso participativo contra la desafección política: de vigilar y castigar a escuchar y deliberar

Los traumas globales de las dos últimas décadas, que suman corrupción política, crisis económicas, catástrofes naturales derivadas del cambio climático, crisis sanitarias y conflictos armados han ido minando la confianza de la población en los sistemas democráticos como herramientas para gestionar la vida política. El contrato social, los mecanismos en los que la ciudadanía confiaba para la resolución de las crisis, han entrado en su propia crisis.

En un ambiente de tensión permanente proliferan los diagnósticos sobre el estado de la cuestión: primero el bipartidismo, luego la construcción del sistema democrático, después la crisis de valores, el populismo o la polarización. La polarización política, como sus predecesores, llena páginas de periódicos y ensayos como una lacra, una maldición bíblica de la que parece imposible deshacerse y no como un constructo. En Por qué estamos polarizados (Capitan Swing, 2021) el periodista Ezra Klein analiza la férrea división de opiniones y emociones en Estados Unidos, avanzadilla de los fenómenos políticos en Occidente, subrayando que el fenómeno se produce entre actores racionales -no pasionales- en base a las políticas de identidad. Para el autor norteamericano, cofundador del portal de noticias Vox -que nada tiene que ver con la extrema derecha española- y columnista en The New York Times, “la polarización es el resultado lógico de un complejo sistema de incentivos, tecnologías, identidades e instituciones políticas. Implica capitalismo y geografía, a políticos e instituciones políticas, psicología humana y la cambiante demografía”.

Como la polarización no es un clima casual, abandonarlo requiere acciones. Klein plantea, para el contexto norteamericano, cambiar la conciencia de identidad -no podemos separarnos de nuestras circunstancias ni evitar los sesgos- y salir de la superestructura de identidades organizadas promovidas por coaliciones políticas que definen, vigilan y activan. En otras palabras: ser conscientes de en qué punto de la maquinaria nos hallamos y actuar en consecuencia. Mucho antes que el periodista americano, pero en el mismo marco de la conciencia, investigadores en ciencias sociales han planteado soluciones para resolver los malestares democráticos contemporáneos.

Ernesto Ganuza y Arantxa Mendiharat, expertos en procesos participativos, proponen regresar al concepto primario de democracia y emplear los sorteos para la resolución de problemas concretos. En La democracia es posible (Consonni, 2020), el sociólogo y la politóloga, defienden la selección aleatoria de ciudadanos para implicarlos en la resolución de problemas que les atañen. Con el sorteo y la deliberación la política se vincula a los problemas propios de la convivencia, defienden en el ensayo. En un marco de fatiga democrática, el proceso asambleario es una respuesta razonable al descenso dramático de la confianza política por parte de la ciudadanía. El participante se siente útil y ve que su trabajo tiene impacto en el bien común, reduce su escepticismo respecto a sus acciones.

Ganuza y Mediharat asesoran al comisionado de Presidencia de la Generalitat para el plan valenciano de salud mental, cargo que ocupa el psiquiatra Rafael Tabarés. El comisionado ha adaptado la experiencia del sorteo cívico para redactar las líneas básicas del plan, que se presentará para el último presupuesto de la legislatura. Los sorteos cívicos y las experiencias participativas se han puesto en marcha a escala municipal, pero es la primera vez que se trata con esta fórmula la salud mental en el ámbito autonómico. Los académicos exponen que nos ubicamos en un ritmo de cambio tan acelerado que impide análisis sosegados. Del sosiego, del debate y de la reflexión trata este proceso: cuatro jornadas repartidas en un mes para que ciudadanos que a priori no poseen mayor conocimiento sobre la salud mental que su propia experiencia se impliquen en el diseño de políticas públicas.

El proceso se mira con escepticismo desde grupos profesionales, incluso desde algunos grupos políticos que forman parte del comité de seguimiento. “Hay mucha desconfianza por parte de las élites hacia la gente”, explica Ganuza en conversación con elDiario.es, crítico con sus homólogos de la academia. “Pensamos que todo es solucionable a partir de la tecnología y la ciencia y eso justifica, para las élites, prescindir de la ciudadanía”. Además, los propios ciudadanos desconfían de sí mismos. En la primera jornada de la convención, que arrancó el 5 de marzo, varios participantes repitieron la misma cuestión: por qué yo, por qué nosotros, por qué somos los que recibimos el encargo y qué utilidad tendrá. Con el avance de las sesiones, la desconfianza desaparece: “Los ciudadanos saben más de lo que piensan”, subraya Ganuza.

En la política contemporánea el ciudadano es un espectador y con un proceso deliberativo se convierte en una parte activa, invirtiendo roles. En estas sesiones, los ciudadanos escuchan a expertos que proporcionan unas nociones básicas del sistema de salud pública e información concreta en materia de salud mental sobre la que construir un argumentario. El proceso permite sacar la salud mental del ámbito clínico y convertirla en una cuestión más social, apunta Ganuza, que presta su apoyo a Pilar Lloret en el seguimiento de la organización y que subraya la concepción de la salud mental como bien común.

Los expertos “se convierten en informadores, no decisores, ni tampoco en grupos de presión; ellos cuentan su especialidad y el ciudadano ve, piensa, contrasta y decide”, detalla Ganuza. Este proceso, subraya la coordinadora de la convención, incorpora la novedad de que los expertos son también testimonios en primera persona, pacientes o familiares usuarios del sistema de salud mental autonómico, que ayudan a aterrizar la cuestión. De esta forma, se rompe la barrera entre las políticas públicas y los ciudadanos y se puede detectar en qué punto fracasan los esfuerzos.

Lloret, que ha participado en procesos participativos como el Plan Vega Renhace, dedicado a reconstruir las comarcas del sur valenciano tras los fuertes temporales, defiende que los sorteos cívicos y los minipúblicos son un buen sistema de apoyo a las políticas públicas. Incluso, apunta, puede resultar útil para desbloquear instituciones como el Poder Judicial, aplicando los criterios técnicos -formación, mérito, incompatibilidades- para una selección aleatoria en el órgano de gobierno de los jueces.

La convención ciudadana

El proceso participativo arrancó en Valencia el 5 de marzo y durante cuatro jornadas reúne a 70 ciudadanos para reflexionar, analizar y deliberar sobre el modelo de salud mental que quieren en la Comunitat Valenciana. Los elegidos por sorteo cívico -con correcciones sociodemográficas para obtener una muestra representativa- se dividen en diez grupos de trabajo, pero están juntos en un mismo espacio, físico y simbólico; una mujer de 76 años debate y delibera con un joven de 16, un hombre sin estudios de un entorno rural con una estudiante de último año de grado. No se subrayan las carencias, se pone en valor la capacidad de juicio: lo que uno sabe se complementa con lo que el otro conoce. Los integrantes y los portavoces se alternan en cada sesión, con el objetivo de que todos tengan voz y que a su vez ninguno adquiera tanto protagonismo como para cohibir las ideas del resto.

El debate, supervisado por un comité de expertos y los grupos políticos con representación en las Corts Valencianes, pasará después por un análisis que determine la viabilidad técnica, política y económica de las propuestas. Las recomendaciones se entregarán al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que asume el compromiso de emitir una respuesta como representante del Ejecutivo. Una vez superado el análisis, el plan autonómico pasará por los mecanismos de participación con la sociedad civil habituales y las consultas con las entidades profesionales.

Las dinámicas de la convención cambian en cada jornada, en función de lo que los participantes trasladan. En el ecuador del proceso, los asamblearios han dibujado unos principios básicos de actuación, ejes sobre los que vertebrar las recomendaciones que redactarán en la tercera y cuarta jornadas. Los principios articulados hasta la fecha hacen hincapié en la prevención -desde la educación y la promoción de hábitos saludables-, el aumento y mejora de los recursos del sistema público, la integración de los familiares en los procesos y el rigor científico de las propuestas. Todas las sesiones se evalúan por los propios participantes -que someten a una votación argumentada las decisiones grupales- y por los coordinadores del proceso para adaptar la siguiente y todas las propuestas tendrán que ser ratificadas por unanimidad, llegando a un pacto de mínimos que legitime el futuro plan de acción. Esta parte, la del debate razonado, es un factor que subrayan los organizadores: no es un espacio para dar opiniones o trasladar quejas, sino un apoyo a la elaboración de políticas públicas. El debate ciudadano, una forma clásica de implicación política, terminará estableciendo un consenso sobre la salud mental como bien común. De vigilar y castigar, de las prisiones y los panópticos, a que una muestra ciudadana se ubique en el centro de la toma de decisiones.