Renta valenciana de inclusión o ayudas a víctimas de violencia machista y trata, alternativas de emergencia para mujeres prostituidas

Tres brotes de coronavirus en tres prostíbulos han puesto en el foco esta actividad alegal en España en las últimas semanas. Desde que se decretaran las primeras medidas del estado de alarma el pasado marzo, grupos abolicionistas y colectivos feministas han venido recordando que las personas prostituidas, mujeres en su mayoría, sufren una vulnerabilidad especial como víctimas de la explotación sexual y como personas expuestas a los contagios, dadas las trampas legales de la actividad.

La carta de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que pide a las autonomías que cierren los locales de alterne ha recordado las dificultades para perseguir esta práctica opaca. La prostitución no es una actividad permitida en España y los locales de alterne operan con licencias de cafeterías, pubs, hoteles, bares u otros lugares recreativos, con lo que algunos locales habían esquivado las limitaciones al llamado ocio nocturno. Como recordó el president Ximo Puig el pasado viernes, en teoría los prostíbulos no existen, porque ninguno opera como tal. “Los prostíbulos ya están prohibidos” aunque “se sabe que hay espacios en los que se ejerce la prostitución”.

Desde el requerimiento de la ministra Montero se han reactivado las voces que claman por la abolición de la prostitución como explotación sexual antes que como foco de contagio. A su vez, otras advierten sobre la mayor vulnerabilidad de las mujeres prostituidas en caso de cerrar estos locales. La periodista especializada en género Nuria Alabao advertía en un debate en redes sociales sobre las consecuencias del cierre de los locales de alterne para las mujeres, que en la mayoría de casos ni tienen vivienda ni alternativa económica y ahora, debido a la pandemia, ni red de acogida a la que poder acudir. El cierre sin otras medidas podría derivar en tener que ejercer la prostitución en la calle o en pisos, aumentando la opacidad y la vulneravilidad.

Una actividad fuera de la ley también implica dejar fuera de protección a las personas que la ejercen. La Generalitat Valenciana no tiene un plan de ayudas específico para las mujeres que ejercen la prostitución, pero hay varios itinerarios a los que las mujeres en situación de vulnerabilidad -la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas entiende que es el caso de la mayoría- podrían recurrir. Según explica el departamento que dirige Mónica Oltra, todas pueden ser solicitantes de la Renta Valenciana de Inclusión, que se suma al Ingreso Mínimo Vital. Además, la red de atención a mujeres víctimas de violencia de género tiene recursos específicos para mujeres víctimas de trata. Estas ayudas incluyen complementos económicos para el acceso a un alquiler social o plazas residenciales en centros públicos. La Generalitat Valenciana ha ampliado las ayudas a personas en situación de vulnerabilidad hasta en 50 millones de euros.

En Valencia, el Ayuntamiento aprobó un protocolo en 2017 para la atención a las víctimas de trata, que incluye que “se pondrán a su disposición los recursos para su atención integral, entre otros, alojamiento seguro, atención sanitaria, atención psicológica, atención psiquiátrica, otros recursos sociales, educativos y de formación, así como recursos para la inserción sociolaboral, de asistencia jurídica, de interpretación o para facilitar el retorno voluntario”. En caso de ser mujeres migrantes en situación irregular, se paraliza el expediente de expulsión durante 90 días mientras se tramita su solicitud de residencia y las administraciones competentes tendrán la obligación de “velar por la subsistencia así como la seguridad y protección de la persona interesada”. Entidades del tercer sector como Cruz Roja atienden a mujeres que ejercen la prostitución y las ponen en contacto con los servicios sociales.

Las profesionales del servicio Orienta LGTB que depende de esta conselleria ya advirtieron durante el confinamiento que la situación era especialmente grave para mujeres trans, trabajadoras sexuales y mujeres migrantes solicitantes de asilo, colectivos que “no cuentan con muchos recursos y en esta situación de alerta, además de no poder generar recursos económicos, sufren un aislamiento y soledad es brutal”. Estas oficinas coordinan ayudas económicas, sociales, psicológicas y legales.

La delegada del Gobierno para la violencia machista, Victoria Rosell, explicó el pasado lunes algunas medidas adoptadas por su departamento como un plan de contingencia para víctimas de trata y de explotación sexual. La exclusión del requisito de un año de residencia para optar al ingreso mínimo vital se realizó pensando en víctimas de explotación sexual, asegura.

Inspecciones y sanciones

La policía autonómica (unidad de Policía Nacional adscrita a la Generalitat Valenciana), la Guardia Civil y la Policía Nacional vigilan los locales donde se ejerce la prostitución. El cuerpo autonómico tiene orden de intensificar las inspecciones a los locales de alterne u otros espacios donde se sospeche que se pueda ejercer la prostición; este fin de semana se han inspeccionado 22 y los trabajos continuan.

Como indican los fiscales especializados en violencia machista, las operaciones contra la explotación sexual y la trata requieren del trabajo conjunto de la Fiscalía, el Ministerio de Igualdad, Justicia y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. El Gobierno valenciano tiene escaso margen de actuación sobre una actividad que se da con total opacidad, pero de momento emplea dos herramientas: la primera, las sanciones previstas en los decretos aprobados para combatir la COVID-19, que regulan aforos y medidas sanitarias; la segunda, la ley de Espectáculos, que sanciona a los locales con actividades que no tienen licencia con multas de hasta 300.000 euros. Además, expresan desde la conselleria de Justicia, que dirige Gabriela Bravo, que se espera que las inspecciones y la presencia de la Policía Nacional en los locales de alterne tengan efecto disuasorio entre los posibles clientes.