El juez confirma el archivo de la causa contra el alcalde de València, Joan Ribó, por la encuesta fallera
El Juzgado de Instrucción número 9 de València ha desestimado el recurso de reposición presentado por el grupo popular en el Ayuntamiento contra el auto que decretaba el archivo de la causa contra el alcalde de València, Joan Ribó, por negarles información sobre una encuesta sociológica de Fallas, por lo que confirma su sobreseimiento.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, el mismo juzgado ha admitido a trámite el recurso de apelación, tanto el resultante de forma subsidiaria por el grupo popular como el interpuesto de forma directa por el PP, contra el mismo auto.
Ribó declaró como investigado el pasado 25 de junio por supuesta prevaricación administrativa e impedimento de los derechos cívicos, a raíz de una denuncia del asesor del PP Luis Salom, por negarle el acceso al expediente de la citada encuesta, y el grupo popular se personó en la causa cuando el alcalde fue investigado (antes imputado).
El 26 de julio el juzgado decretó el archivo de la causa y entonces el PP-València interpuso un recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el auto del Juzgado de Instrucción número 9, que ahora ha sido desestimado.
Según el juez, hay “falta de concurrencia” de los requisitos que dicta la propia ley y que los denunciantes invocan para “poder calificar como delictiva la conducta” de Ribó y recuerda que los recurrentes denuncian que pudo incurrir en “prevaricación administrativa por haber podido impedir a los concejales denunciantes el legítimo ejercicio de los derechos cívicos”.
Recuerdan asimismo que “quedó acreditado” que el alcalde “carece de conocimientos técnicos suficientes en materia jurídica que puedan sustentar decisiones con alcance legal o reglamentario”, así como que sus decisiones en ese ámbito administrativo “venían precedidas de los informes elaborados” por el secretario general del Ayuntamiento.
Añade el juez que se “aleja la posición del alcalde de cualquier intento de manipulación a la hora de tratar de obtener una resolución, como la que suscribió, que fuera acorde con una posición de voluntad legítima, causa de la denuncia, privándole de contempla en su ánimo la determinación de infringir a sabiendas las leyes y causar un perjuicio para impedir ejercicio de los derechos de los concejales denunciantes, por falta precisamente del conocimiento técnico necesario y suficiente”
