Recta final para crear la empresa pública de las ITV que Zaplana, investigado por el cobro de comisiones, otorgó a empresarios afines

El Gobierno valenciano notificó en septiembre del año pasado a las empresas concesinarias de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que no renovará los contratos una vez finalizada su vigencia a finales del presente año, por lo que el servicio pasará a ser de gestión pública.

De esta forma, la Conselleria de Economia que dirige Rafael Climent trabaja ya en la recuperación del control de las 27 estaciones al vencer el contrato de 25 años otorgado en 1997 por la Generalitat que presidió Eduardo Zaplana y por el que el ex presidente está imputado en el marco del caso Erial.

Para ello, se constituirá una nueva empresa pública a la que se subrogarán los 1.200 empleados de las estaciones y que será la que gestione el servicio. Al respecto fuentes de Economía han informado a elDiario.es de que la aprobación del decreto ley que dará cobertura jurídica a la nueva mercantil está a la espera de unos informes preceptivos que ultima la Conselleria de Hacienda y que desde este departamento han asegurado que están en marcha dentro del plazo previsto, por lo que el mencionado decreto podría aprobarse en cuestión de semanas.

El informe encargado por Economía y realizado por ‘NUVE Consulting’, que con los anexos contiene contiene cerca de 1.500 páginas, destacar que el actual sistema de concesión administrativa es poco rentable para la Generalitat y que la inversión necesaria para la gestión directa es asumible sin recurrir al capital externo.

Una de las conclusiones más significativas del informe es que el servicio de inspección de ITV no tiene ningún riesgo, puesto que se trata de un servicio obligatorio. En este sentido, se estima que los ingresos netos para la Generalitat, descontando los gastos y las inversiones realizadas para la ampliación de la red de estaciones de las ITV, serían de 39,3 millones de euros anuales.

Según las previsiones que maneja este departamento, la gestión directa pública permitirá completar y ampliar la actual red de ITV con diez nuevas estaciones en la Comunitat que harán posible que el 90% de la población pueda pasar la inspección con un tiempo de desplazamiento hasta la estación de ITV más cercana inferior a 30 minutos. Con la actual concesión administrativa la Comunitat cuenta con un total de 27 estaciones de ITV fijas y 13 unidades móviles.

Además, según el informe se prevé que en 2026 ya estará completa esta nueva red e ingresaría en el periodo comprendido desde 2021 hasta 2026 cerca de 207 millones de euros de beneficios netos, frente a los 67 millones que se obtendrían si se continuara con la concesión actual.

Un servicio lastrado por la corrupción del PP

El caso Erial, en el que está imputado el expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro Eduardo Zaplana junto a otros, se abrió para investigar el supuesto cobro de 10,5 millones de euros en comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunitat Valenciana, lo que podría constituir delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.

La operación de externalización de un servicio que era público en los años 90 del siglo pasado sirvió para que unos pocos años después de las adjudicaciones las concesionarias vendieran los derechos por decenas de millones de euros que son los que, a su vez, se habrían utilizado para pagar las mordidas a la trama internacional que se investiga en el caso Erial. Sedesa vendió su concesión por 86 millones de euros y la repartió entre muchos de los ahora investigados.

La adjudicación de los lotes de las ITV, uno de los epicentros del caso, se llevó a cabo en 1997 y resultaron agraciados varios empresarios que habían llevado a Zaplana de la mano al poder autonómico valenciano, allanando el pacto entre Unió Valenciana y el Partido Popular (el conocido como pacto del pollo) tras las elecciones autonómicas de 1995.

Un informe anterior de la UCO concluyó que el reparto posterior de las comisiones fue de 10,5 millones para la trama internacional liderada por Eduardo Zaplana; 11,3 para el que fuera director de la policía con Aznar Juan Cotino y 580.000 euros para el expresidente de Bancaja y de la Generalitat José Luis Olivas.