Ribera Salud se expone a una multa hasta 20 millones por retener la información para recuperar la gestión pública del hospital de Torrevieja

La delegación de Protección de Datos de la Generalitat Valenciana, dependiente de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática que dirige Rosa Pérez, ha iniciado una inspección para contrastar si la información reclamada por Sanidad a Ribera Salud relativa al personal sanitario y a los pacientes del departamento de salud de Torrevieja, que la empresa aún no ha remitido a cuatro meses de finalizar la concesión, es de titularidad pública, lo que implicaría una infracción de la Ley de Protección de Datos.

Como informó elDiario.es, la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública envió a la compañía el pasado 15 de octubre un escrito en el que se le informaba de las normas de reversión del servicio y requirió documentación relativa a los medios materiales y personales de todo el departamento de salud para planificar la recuperación del servicio un año más tarde, al finalizar el contrato de 15 años otorgado por el anterior Gobierno del PP.

Sin embargo, la empresa ha recurrido judicialmente todas las resoluciones para dificultar la transición de la gestión privada a la pública y, al estar este trámite pendiente resolución, aún no se ha trasladado la mencionada información.

Según ha explicado el subsecretario de Transparencia, Cristian Veses, “la información que requiere Sanidad es fundamental para planificar la asistencia sanitaria una vez asuma la gestión y, por tanto, en atribución a las competencias de inspección que tiene la delegación de Protección de Datos, en primer lugar se va a confirmar si, como parece, la titularidad de esos datos es pública, y en segundo lugar, si aún no se han remitido a la administración”.

Si ambos extremos se confirman, “se aplicará la correspondiente sanción con arreglo al Reglamento General de Protección de Datos”, puesto que no se puede negar a la administración el acceso a unos datos que son de la propia administración.

Según Veses, “a priori, se podría enmarcar en una sanción muy grave por un tratamiento de datos sin la legitimación necesaria que además puede afectar a derechos fundamentales, lo que puede acarrear una sanción de hasta 20 millones de euros o del 4% del volumen de negocio de la empresa”.

El subsecretario ha añadido que ya han recabado la información de Sanidad y que ahora harán lo propio con Ribera Salud: “Si se acredita que la información es de titularidad pública y que no se ha remitido a la Conselleria daremos traslado a la agencia estatal para que abra el procedimiento sancionador”, ha asegurado.

Desde que la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, anunció el inicio del proceso de reversión del Hospital de Torrevieja, la concesionaria, Ribera Salud, está utilizando maniobras dilatorias para intentar paralizar un procedimiento que finalizará el próximo 15 de octubre, cuando el hospital y el área de salud vuelvan a ser gestionados directamente por la Generalitat Valenciana.

La compañía, que ha contratado al despacho de abogados Martínez-Echeverría & Rivera que preside el exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha recurrido todas y cada una de las resoluciones de conselleria así como los fallos judiciales, que hasta ahora han sido todos contrarios a sus argumentos.

Ribera Salud, empresa valenciana propiedad de la americana Centene Corporation, cuyo director ejecutivo europeo es Alberto de Rosa, hermano del senador valenciano del PP Fernando de Rosa, ha emprendido una batalla judicial para evitar la reversión del centro sanitario, tal y como hizo en 2018 cuando la Generalitat recuperó la gestión del de Alzira, llegando a plantear decenas de recursos.