Compromís y el PSPV critican a Catalá por la renuncia del centro de datos de los Docks en contra de un informe jurídico municipal

Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de València han pedido explicaciones al equipo de Gobierno del PP dirigido por la alcaldesa María José Catalá sobre la anulación de la adjudicación de un centro de datos a la empresa valenciana Sineasen en el edificio de los Docks en contra del criterio de un informe jurídico del secretario municipal avanzado este martes por elDiario.es.

La firma se comprometió a una inversión de 43 millones de euros en obras de rehabilitación del edificio y a incorporar a 590 empleados indefinidos. Sin embargo, el pasado 14 de julio, el equipo de Gobierno del PP aprobó desistir del proceso de adjudicación basándose en un informe de Abogacía del Estado y de la Autoridad Portuaria de València (APV) que advierte de que el uso de los espacios cedidos por el Puerto a la ciudad en la Marina deben tener un fin de utilidad pública e interés social. De lo contrario, la propia APV podría recuperar la titularidad de los terrenos o inmuebles desafectados en su día.

Sin embargo, en todo este proceso el equipo de Gobierno de la alcaldesa, María José Catalá, ha omitido de forma sorprendente un informe jurídico del secretario municipal del 19 de mayo de 2022 (documento completo al final de la información), al que ha tenido acceso este diario, que contradice la argumentación de la Abogacía del Estado, de la APV y que por lo tanto cuestiona los motivos esgrimidos para dejar sin efecto la adjudicación de los Docks.

Al respecto, el portavoz de Compromís y exalcalde de València Joan Ribó ha calificado de “irresponsable” la decisión de Catalá de retirar la concesión de los Docks en La Marina a una empresa especializada en gestión datos y que podría dar trabajo a más de 600 personas, muy de ellos calificados. “No entendemos porqué y nos preocupa que esta resolución pueda tener consecuencias negativas sobre la economía de la ciudad porque los perjudicados parece que pueden tener algún derecho a defender”.

Joan Ribó pide explicaciones al gobierno del PP por lo que considera una decisión unilateral y contraria a lo que dictaminan los propios servicios jurídicos del Ayuntamiento que avalan el uso de este edificio, al igual que el resto de edificios de Marina, para actividades económicas, recreativas o turísticas.

La portavoz socialista, Sandra Gómez, ha puesto en duda la legalidad de la reversión del concurso para destinar los Docks a un centro de datos que ha iniciado el gobierno de Catalá. Una iniciativa, ha manifestado, “adoptada en contra de un informe específico elaborado por el secretario municipal y que, por lo tanto, proyecta una enorme sombra de incertidumbre e inseguridad jurídica sobre uno de los espacios de la ciudad que se habían configurado en una referencia para empresas de innovación con el anterior gobierno municipal”.

La decisión del PP de renunciar a la adjudicación de este edificio de la Marina que ya estaba en su recta final va a suponer el pago de indemnizaciones a las empresas que concurrieron al proceso. “La decisión arbitraria de renunciar a esta inversión no sólo supone una enorme pérdida de ingresos y abrir un espacio de inseguridad jurídica para las empresas que están instaladas en la Marina sino que genera muchas dudas legales porque no asume las conclusiones de un informe jurídico elaborado por los técnicos municipales”, ha continuado la portavoz socialista.

Para Gómez, que el PP haya “obviado” el informe de “los garantes de vigilar la seguridad jurídica de los procesos administrativos, supone volver al pasado más oscuro del consistorio que ahora mismo se está juzgando en los tribunales y que tiene como protagonista al PP de Rita Barberá”. “Catalá ha decidido renunciar a una inversión estratégica en la Marina por una cuestión ideológica y, para ello, se ha aferrado a argumentos que contradicen directamente lo estipulado por los secretarios municipales”, ha reiterado.

En este sentido, la dirigente socialista ha anunciado que lanzará un pregunta al próximo pleno municipal para que Catalá explique “por qué ha ignorado deliberadamente el informe del secretario del Ayuntamiento sobre las concesiones en la Marina, generando una sospecha injustificable sobre el procedimiento que se ha seguido históricamente en este espacio marítimo con el resto de edificios cedidos por el Puerto de València a la ciudad”.

Contenido del informe

Las conclusiones de este informe del secretario municipal son claras. En primer lugar, afirma que “la jurisprudencia ha consolidado una nueva concepción amplia o extensiva de la utilidad pública o interés social, como consecuencia de la evolución en la sociedad moderna de estos conceptos y su nueva configuración como mecanismo al servicio no solamente de servicios de titularidad pública, sino también de otro tipo de políticas sectoriales de la más variada índole, entre las que se encuentran las de tipo económico, recreativo y turístico”, como sería el caso de los Docks, donde cabría un uso recreativo, oficinas, comercial y hotelero.

En aplicación de esta doctrina jurisprudencial, prosigue el informe, “los bienes desafectados y cedidos al Ayuntamiento de València no tendrían por qué destinarse única y exclusivamente a usos dotacionales públicos, sino que resultan igualmente admisibles otro tipo de usos urbanísticos de naturaleza privada como son los terciarios, en la medida en que vengan a satisfacer los concretos fines de utilidad pública o interés social acotados por las partes en el Convenio de 26 de abril de 2013, que son la realización de una actuación urbanística de apertura de la ciudad de València al mar y de integración del Puerto con la Ciudad, de tal forma que caben todos aquellos usos que sean útiles para el desarrollo de la operación urbanística tendente a la efectiva consecución de estos objetivos”.

Además, abunda el documento, “desde una perspectiva urbanística o de diseño urbano, solo con usos dotacionales públicos no sería posible alcanzar estos específicos fines de utilidad pública o interés social” y añade que “los posibles usos dotacionales públicos a implantar en este espacio son bastante limitados como consecuencia de la prohibición expresa del uso residencial, y el uso industrial resulta inadecuado para el mismo, por lo que la única forma razonable y coherente de conseguir los objetivos pretendidos es facilitar que los vecinos y vecinas de la ciudad puedan hacer uso de este nuevo espacio mediante el desarrollo de actividades comerciales, profesionales y de ocio y esparcimiento, lo que conduce inevitablemente a la necesaria admisión de los usos terciarios”.

Esta equilibrada combinación “de variados usos dotacionales y terciarios da lugar a lo que se conoce como ciudad compleja o diversa, que implica una adecuada mixtura e imbricación de los diferentes usos urbanísticos en un espacio físico común, modelo de ciudad que encuentra amparo tanto en los sistemas de evaluación de la sostenibilidad y certificación urbana, como en las vigentes Estrategias territoriales, y también en las previsiones del planeamiento municipal”.

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