El juzgado tramita la indemnización de 1 millón de euros solicitada por los vecinos afectados por la depuradora de Pinedo

Más de dos años después de declararse inecutable la sentencia que ordenó el cierre de la depuradora de Pinedo por no tener licencia y por las molestias generadas a los vecinos del entorno, estos siguen esperando una resolución sobre la petición de indemnización elevada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en septiembre de 2019.

En concreto, las familias afectadas solicitaron “que se ordene a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda (ahora Emergencia Climática) la tramitación y obtención, de ser legalmente posible, del Plan Especial de la instalación litigiosa” en las siguientes condiciones: “dada la cercanía de los inmuebles, preexistentes a la planta en cuestión, su Plan Especial debe partir de un estrictísimo control de sus emisiones, estableciéndose un nivel de emisiones cero. En la actualidad la planta se explota con un nivel de emisiones muy alto que genera grandes molestias a los vecinos, como así ha reconocido la propia Administración”.

Por ello se interesa expresamente, que “el Plan Especial establezca que la planta no podrá producir olores, ruidos, vibraciones molestas, así como, emisiones perjudiciales para la salud”. Así mismo, se instalarán, “a costa de la administración, fuera de la planta y en el polígono antes referido, unidades de control de emisiones, de aquellos elementos que pudieran ser perjudiciales para la salud, incluidos ruidos, que controlaran las mismas de forma constante y, cuyas lecturas, puedan ser consultadas en tiempo real por el público en general vía internet”.

Además, los afectados pidieron que se condene “al Ayuntamiento de Valencia, a hacer pago efectivo de a mis mandantes de las sumas y conceptos que se refieren en el anexo único de esta demanda y que en junto suman, por daño moral la cantidad de cuatrocientos ochenta mil (480.000) euros y por pérdida de valor de los inmuebles la cantidad de cuatrocientos sesenta y ocho mil novecientos treinta euros con cuatro céntimos (468.930)”.

Por último, exigieron que se condene al Ayuntamiento de Valencia “a hacer pago efectivo el pago de la suma de dieciocho mil setecientos cuarenta y un euros (18.741) por gastos en profesiones del derecho en que han incurrido mis mandantes con motivo del procedimiento en que sedictó la sentencia declarada inejecutable”, es decuir, en total se reclama una cuantía cercana al millón de euros.

Al respecto, fuentes del TSJCV han informado de que “el asunto se encuentra en trámite, recibiendo escritos de la administración y poderes de afectados para representación legal”. Desde la Conselleria de Emergencia Climática han explicado que el Plan Espacial se está “en tramitación, a falta de diversos informes”.

Por parte del Ayuntamiento, la concejala del Ciclo Integral del Agua, Elisa Valía, ha comentado que en su momento trasladaron que “no corresponde al Ayuntamiento realizar ningún pago, puesto que la fase 3 ilegalizada de la depuradora la ejecutó la Conselleria en su momento, y que actualmente todas las deporadoras son de su competencia”.

La Conselleria, entonces de Medio Ambiente, anunció tras la sentencia que declaró ilegal la instación la redacción de un Plan Especial con una inversión de 25 millones de euros para reducir las molestias que genera la depuradora de Pinedo. Además, se acordó con los afectados la creación de un muro verde que rodee toda la depuradora para reducir su impacto sonoro y visual, así como la ejecución de jardines y la plantación de arbolado en el entorno de las viviendas, incluso en las que limitan con la autovía del Saler. Sin embargo, fuentes vecinales aseguran que ninguna de todas aquellas promesas se han llevado adelante por el momento.

Antecedentes

A finales de 2016, una sentencia de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) decretó “el cierre de la fase III de la Estación depuradora de aguas residuales de Pinedo” al no disponer de la necesaria licencia ambiental, tras la denuncia de una de las 18 familias que llevaban años soportando los malos olores, gases tóxicos y tráfico de camiones con lixiviados junto a sus viviendas.

Los residentes, solicitaron dos años después la ejecución de la sentencia tras recibir constantes promesas por parte del Ayuntamiento de València y de la Generalitat, responsable de la instalación, sobre la elaboración de un plan para reducir de forma significativa las molestias, que sin embargo nunca se llegó a materializar.

En respuesta a esta petición, en julio de 2019 la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo declaró la imposibilidad de ejecutar la sentencia de 2016 que ordenaba el cierre de la fase III de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Pinedo debido a los “gravísimos perjuicios ambientales” que esa decisión originaría.

Por este motivo, acordó tramitar otro incidente en el procedimiento para que los afectados por las instalaciones pudieran ser indemnizados, un procedimiento que aún no se ha resuelto.