Basta de excepcionalismo penal

Desde el Observatorio del sistema penal y los Derechos Humanos de la Universitat de Barcelona, considero que estamos viviendo muy profundamente un momento de extremo excepcionalismo penal caracterizado por la difusión cada vez mayor de una cultura de la emergencia y la excepcionalidad penal, tanto en el ámbito de la producción normativa, cuanto especialmente en el ámbito de su interpretación y aplicación.

 El recurso constante al sistema penal, a las acciones policiales, el empleo de una jurisdicción única en detrimento del juez natural como es la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, la utilización de la prisión preventiva contra líderes sociales y contra la mitad del Gobierno catalán aproximadamente, suponen las  visiones más extremas -creíamos hasta ahora-; sin embargo también, cada día se resiente más el propio sistema democrático cuando se dificulta la formación de un  gobierno legítimo en Cataluña, cuando se entorpece la actividad normal del Parlamento de Catalunya y cuando se impide que el presidente legítimamente designado por ese parlamento democrático pueda siquiera constituir un gobierno porque se bloquea la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya el nombramiento de los Consellers que han de formar parte de ese gobierno.

Creo en este sentido, como director del observatorio, que debe hacerse un llamamiento muy serio y urgente a una defensa global de la democracia claramente amenazada en estos momentos. Es tarea que nos compete a diversos sectores en la sociedad contemporánea, tanto a la sociedad política como a la sociedad civil, a las corporaciones profesionales, a los sindicatos, a las entidades sociales y culturales, y por supuesto al mundo académico universitario.

Esta defensa de la democracia debe ser verdaderamente un clamor -que más allá de las legitimas opiniones políticas que cada uno pueda tener acerca de la forma del estado- exprese que nada puede poner en peligro -como de hecho lo está haciendo seriamente- al sistema democrático, afectándose tanto al poder legislativo como al ejecutivo legítimamente constituidos en Cataluña. Desde el Observatorio permaneceremos constantemente vigilantes a la situación de semejante deterioro de los derechos humanos, apelando para ello a la necesaria manifestación, unión y visibilización permanente de estas vulneraciones.