La crisis de la Justicia y los derechos ciudadanos

La independencia judicial está íntimamente conectada al correcto funcionamiento de una sociedad democrática y a los derechos de la ciudadanía. Más allá de su evidente vinculación teórico-política, existe también un nexo jurídico-positivo entre estas nociones. El artículo 24 de la actual Constitución Española establece que “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”, en el marco de un proceso “con todas las garantías”. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es aún más explícita al respecto de esta conexión entre independencia judicial y tutela judicial efectiva en tanto que derecho de todas las personas, al establecer en su artículo 10 que “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”.

La independencia judicial no es solo garantía de la tutela de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas en procesos judiciales concretos, sino que, más allá de ello, la independencia del Poder Judicial en su conjunto es un presupuesto de la división de poderes y, por tanto, de una comunidad política que limita el poder y minimiza la arbitrariedad de quienes lo ejercen. Los ciudadanos y las ciudadanas necesitan de tribunales independientes, capaces de aplicar la ley de manera neutral y de defender sus derechos frente a los ataques de terceras personas, y en particular de actores más poderosos.

Sin embargo, la percepción generalizada en España es que la judicatura no es independiente. El nivel de confianza de la ciudadanía en la Justicia muestra una situación alarmante. El Eurobarómetro Flash 385, de 2013, mostraba que solo un 34 por ciento de los españoles y las españolas confía en su sistema judicial, muy por detrás del 53 por ciento de media de la UE-28 y, por supuesto, de países como Finlandia o Dinamarca (85 por ciento de confianza). España era el sexto país por la cola de la Unión Europea. Las cifras son similares si nos preguntamos por la percepción sobre la independencia judicial. El World Economic Forum ofrece unos datos interesantes, aunque al estar la encuesta dirigida solo al empresariado adolece de un importante sesgo que, incluso, podría favorecer opiniones más positivas sobre la Justicia. Pese a ello, España obtenía una puntuación media de 3.7 puntos cuando se preguntaba por la independencia judicial, un rotundo suspenso, muy por debajo de la media y lejos del 6.6 de Finlandia, siendo nuestro país el séptimo por la cola. Resulta muy llamativo, por su extraordinaria importancia, lo ausentes que han estado estos datos del debate político en España.

¿Cuáles son las causas de esta desconfianza hacia unas instituciones que, a priori, deberían ser los guardianes de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos? A falta de mayor evidencia empírica, pueden apuntarse una serie de hipótesis. Para empezar, es obvio que el nivel de politización de las altas instituciones de la Justicia en España y el carácter explícito e indisimulado de esta politización proyecta una sombra de duda, a ojos de la ciudadanía, sobre la Justicia en su conjunto. Si bien la literatura en Ciencia Política ha mostrado que prácticamente cualquier alta jurisdicción del mundo responde en cierta medida a líneas de fractura ideológicas o partidistas, la crudeza de episodios en nuestro país como el del Tribunal Constitucional en su sentencia frente al Estatut de Catalunya ha mostrado a la ciudadanía una imagen del tribunal muy alejada de la idea de neutralidad e imparcialidad que se espera de él y que legitima su función en una sociedad democrática. Aunque el Tribunal Constitucional no se incardina formalmente en el Poder Judicial, sí que forma parte del concepto general de “la Justicia” en el imaginario de la ciudadanía. No fue más edificante el descubrimiento, por lo demás sin consecuencias, de que el Presidente del Tribunal ocultó su militancia al partido actualmente en el gobierno. Otras altas instituciones judiciales, como el Consejo General del Poder Judicial, han vivido episodios similares, junto a casos de abierta corrupción.

Una segunda hipótesis tiene que ver con la parcialidad de clase de la Justicia. La idea de “una justicia para ricos y otra para pobres” está fuertemente arraigada en el imaginario colectivo. Pero cuando la desigualdad crece tanto y tan rápidamente en un país como ha ocurrido en España en los últimos años, el sesgo social de las instituciones judiciales se acentúa. El acceso a la Justicia se vuelve más difícil para un número más alto de ciudadanos y ciudadanas. Frente a ello, que supone como mínimo una erosión del derecho a la tutela judicial efectiva, los poderes públicos no solo se han mostrado inactivos, sino que incluso su actividad ha ido en ocasiones en sentido contrario al que cabría esperar; buen ejemplo de ello ha sido la reforma del acceso gratuito a la justicia que, según denuncia una buena parte del colectivo de abogadas y abogados, dejará a miles de españoles sin acceso a los tribunales.

Una tercera hipótesis, en fin, tiene que ver con la pérdida general de confianza de la ciudadanía en todas las instituciones políticas. La frecuencia e intensidad de los casos de corrupción y la crisis económica, entre otros factores, han desencadenado una fuerte crisis de confianza de las ciudadanas y los ciudadanos en las instituciones del Estado, y la Justicia no podía ser una excepción, máxime cuando por alguno de los motivos arriba apuntados existe una generalizada percepción de colusión de intereses y conductas entre actores e instituciones de los distintos poderes.

En este contexto de desapego de la ciudadanía hacia sus jueces, juezas y tribunales, sorprende que la agenda del Ministerio de Justicia no preste a este asunto la atención que merece, preterido en favor de prioridades de evidente inspiración iusnaturalista. La falta de confianza de la ciudadanía en su judicatura puede desincentivar el recurso a los tribunales, ante la expectativa de que estos no tutelarán de forma “efectiva” sus derechos, perpetuando así su vulneración. El énfasis se pone en el lugar equivocado si se cree que esta pérdida de confianza en la Justicia es un riesgo para la estabilidad de las instituciones del Estado: lo es, sobre todo, para los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos. No se trata de un matiz menor, pues las soluciones a adoptar pueden variar radicalmente según se tenga en mente una u otra perspectiva.