La matanza de Ayotzinapa: el poder de la narcopolítica en México

En una pequeña localidad de Iguala, cuna de la independencia mexicana, se levanta la escuela normal de Ayotzinapa. Por sus aulas se han formado cientos de líderes y dirigentes magisteriales. Tiene un pasado difícil de ignorar. Lucio Cabañas, fundador de la guerrilla más influyente en México, el Ejército Revolucionario de los Pobres; y Genaro Vázquez, líder de la Central Campesina Independiente y comandante guerrillero, destacan entre sus maestros. Durante la guerra sucia mantenida por los presidentes Díaz Ordaz, Luis Echeverría y López Portillo, las fuerzas armadas mexicanas, el PRI y los asesores militares y civiles estadounidenses optaron por la estrategia de contrainsurgencia, cebándose con los estudiantes de las escuelas normales: en especial, con los de la nº 34 de Ayotzinapa. Pueblos enteros desaparecieron por el uso del napalm. Muchos campesinos fueron torturados, asesinados y las mujeres violadas. En ese contexto, la escuela normal de Ayotzinapa se transformó en un símbolo de la resistencia y dignidad.

Las escuelas normales han tenido un papel destacado en la lucha social y reivindicativa. Por ello son consideradas un peligro para el régimen, cuna de insurrectos, luchadores sociales incorruptibles y maestros comprometidos. Durante las últimas décadas han sido objeto de represión y cierre. La exsecretaria general del PRI y expresidenta del Sindicato Nacional de Maestros (SNTE), Elba Esther Gordillo -hoy en la cárcel por delitos de malversación de fondos-, apostilló que las escuelas rurales debían eliminarse por ser un semillero de guerrilleros. No resulta extraño que hoy, tras la matanza, el SNTE no salga en defensa de los 43 normalistas asesinados.

Los hechos no dejan duda. La orden para la matanza ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre proviene de los acuerdos entre las autoridades local, estatal y el crimen organizado. Un conglomerado que hoy dirige la política en México: la narcopolítica. El objetivo era impedir la protesta de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa. El miedo de la presidenta del DIF-municipal a ser interrumpida durante su intervención en un evento, María de los Ángeles Pineda Villa -a la sazón, esposa del alcalde de Iguala, ambos militantes del PRD-, dio luz verde para la ejecución de los 43 estudiantes a la policía local y los sicarios pertenecientes al grupo narco “Guerreros Unidos”. El comando estuvo al mando del jefe de plaza en Iguala, Salomón Pineda (apodado “el Molón”), quien resulta ser además hermano de Ángeles Pineda. Hermanos, padres, cuñados, yernos y suegros; todos forman parte del clan.

Políticos al uso, empresarios, el crimen organizado, transnacionales, oligopolios de la comunicación social y medios de persuasión y disuasión constituyen el conglomerado de la narcopolítica que desangra México. Cada día el ciudadano se despierta sobresaltado. Cuando no son los feminicidios en Ciudad Juárez, es la represión en Atenco, Oaxaca, Chiapas, Baja California, Michoacán o Guerrero. Los asesinatos de periodistas, el secuestro de líderes sindicales, campesinos zapatistas, intelectuales, jóvenes y niños ocupan los titulares de la prensa día tras día. Nadie escapa a su punto de mira. Cualquier colectivo social, asociación de derechos humanos, patrulla comunitaria y de autodefensa que luche para proteger a su comunidad o pueblo será perseguido, intimidado y, si es necesario, sufrirá una dosis elevada de violencia ejemplarizante. No hay límites. Acoso a dirigentes, violaciones de mujeres, desaparición de personas, pederastia o tortura.

Diariamente, cientos de familiares recorren la morgue en busca del hijo, esposo, madre o hermano desaparecido, con la esperanza de recuperar los cuerpos y enterrarlos con dignidad. Pero nada de ello parece inquietar a los miembros de la dictadura perfecta que hoy gobierna México desde la narcopolítica. Así, la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa la derivan a la cultura de la muerte, el México bronco que hunde sus raíces en Toltecas y Mexicas. Un desatino más que muestra el nivel de putrefacción de las plutocracias que gobiernan el país.

La élite política mexicana emprendió un camino peligroso, cediendo el espacio público a los grupos de delincuentes que se han apropiado del quehacer político. El crimen organizado ha emponzoñado y corrompido las autoridades federales, estatales y locales. Algunos representantes del poder soberano se han trasformado en testaferros y sicarios de las mafias. Senadores, diputados, gobernadores y alcaldes del PRI, PAN, PRD y resto de partidos forman parte de los carteles del narco. Reciben sus órdenes a cambio de millones de dólares en pago por sus servicios. El ejemplo de Ayotzinapa lo deja bien claro. Han amasado grandes fortunas, transformándose en nuevos ricos. Exhiben joyas, viajan en coches de lujo, edifican mansiones, despilfarran dinero en efectivo y se jactan de controlar la vida cotidiana en sus ciudades, pueblos o Estados. Actúan a plena luz del día y no temen saltarse las leyes. De esta realidad no están exentos miembros de la policía y las fuerzas armadas. Generales, inspectores y comisarios han caído en sus redes. Se sienten inmunes a la justicia y gozan de total impunidad. Sólo se sienten intimidados cuando la presión social y popular les amenaza y pone contra la pared, como ha sido en esta ocasión. Movilizaciones, paro total de estudiantes y multitud de ciudadanos en las calles de ciudades y pueblos pidiendo justicia y responsabilidades políticas.

La huida del alcalde de Iguala José Luis Abarca y su mujer, la presidenta del DIF-Municipal, María de los Ángeles Pineda; la renuncia del gobernador del Estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, militante del PRD; junto a la detención del capo del grupo narco “Guerreros Unidos”, Sidronio Casarrubias, muestra la complicidad entre el crimen organizado, fuerzas policiales, militares y los poderes públicos que planificaron la matanza de los 43 estudiantes en Ayotzinapa.

Al tráfico de estupefacientes, la esclavitud sexual y el comercio de inmigrantes debemos sumar los intereses de las transnacionales y sus megaproyectos. Transgénicos, aguas contaminadas, vertidos tóxicos, desertización, maquilas, expropiación y acoso a territorios propiedad de los pueblos originarios. Oponerse a su voluntad se paga con la vida o en el mejor de los casos con la cárcel. Jueces, fiscales y abogados coadyuvan con acusaciones y pruebas falsas ad hoc emanadas de los centros de poder para llevar a cabo sus planes.

La aparición de fosas comunes con decenas de cadáveres, algunos mutilados, habla de las múltiples matanzas que asolan México y dibujan un panorama desolador para quienes luchan por la dignidad, la paz y los derechos civiles y políticos. Los muertos se cuentan por miles. No hablamos del México bronco -más quisieran-, sino de una acción planificada, una violencia perfectamente dibujada y cuyas consecuencias inmediatas son la rabia, la indignación y el creciente malestar de un pueblo digno que clama justicia mientras su élite política mira hacia otro lado. ¿Cuánto más podrá soportar la ciudadanía?

Se quiera o no reconocer, la formación de policías comunitarias y autodefensa en más de un tercio del país (según datos de Luis Hernández Navarro en su libro Hermanos de Armas: policías comunitarias y autodefensas, Ed. Para Leer en Libertad, 2014) nos permite dudar de la afirmación weberiana que atribuye al Estado el monopolio del ejercicio de la violencia legítima. En México, la narcopolítica -el régimen imperante- es el resultado de un poder que ha preferido hacer oídos sordos a las demandas de democracia y justicia social. Amparado en el oscurantismo y el desprecio a la vida, prefiere desangrar y explotar a sus conciudadanos. El pueblo mexicano ha perdido la confianza y la credibilidad en el Estado, sus autoridades e instituciones. Hoy clama justicia, llora las víctimas y levanta una consigna: ¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!