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El Parlamento asturiano cuestiona el silencio del Gobierno sobre la consejera de Bienestar
Asturias —
El Gobierno de Asturias (PSOE) está viviendo su 'semana negra'. En este breve espacio de tiempo, tiene a una consejera cuestionada por participar en la empresa de su marido, Davelco S.A., que ha ejecutado importantes obras públicas promovidas por el Principado, y a un director general cesado por pasar unos días en un balneario de cinco estrellas a cuenta de Aquagest, investigada en el 'caso Pokemon', según la investigación judicial.
A todo esto se unen dos comisiones de investigación, una sobre la fortuna oculta del exsindicalista José Ángel Fernández Villa y la otra sobre la gestión de la ampliación del puerto de Gijón.
La consejera de Bienestar Social, que no acudió al pleno de los viernes de la Junta General del Principado, está en el punto de mira de los partidos de la oposición, tras reconocer que participa con un 19,8 por ciento en la empresa que administra su marido. Esther Díaz comparecerá el lunes en la Comisión de Presidencia para dar explicaciones a los grupos.
El PP aprovecha “el conflicto de intereses”, que ha creado la participación de Esther Díaz, para presentar una batería de medidas sobre el control de los contratos con la administración pública. A pesar de calificarla de “oportunista”, no ha habido fisuras entre los grupos políticos para aprobar un mayor control y transparencia en los llamados contratos menores con la administración pública.
Lo que sí reprocha la oposición al presidente socialista Javier Fernández es que no haya actuado, en este caso, con la misma rapidez que lo hizo con José Ángel Fernández Villa. Para Izquierda Unida, el caso de la consejera “es difícil de entender” y para UPyD, “hay silencios atronadores y éste es uno de ellos”, señala su portavoz.
El jefe del ejecutivo autonómico decretó la expulsión del histórico dirigente minero nada más conocer que había regularizado, en la amnistía fiscal de 2012, 1,4 millones de euros que había ocultado al fisco. Pero, con la consejera de Bienestar Social, ha preferido “no hacer valoraciones” hasta conocer sus argumentos.
A la espera del lunes, el único fleco de unión que quedaba pendiente con Fernández Villa se ha resuelto en la cámara autonómico con su destitución en el consejo de administración de la hullera pública Hunosa, aprobado por unanimidad.
Pero estos no son los único casos. La investigación de una juez de Avilés, sobre la empresa Aquagest, implicada en la 'caso Pokemon', ha salpicado al director general de Administración Local del Gobierno del Principado, que paso unos días en un balneario ovetense de cinco estrellas a cargo de la citada firma. El cargo público puso su cargo a disposición de Javier Fernández y éste, no ha duda en aceptar su cese.
En la carta al jefe del Ejecutivo, el director general señala que “se echa a un lado para no permitir que cuestiones pendientes de aclaración dañen al Gobierno del PSOE. Detesto la corrupción como ciudadano y político y no tengo que ver con ella; nada tengo que ocultar y nada temo”.
En este paquete de actuaciones, también le ha tocado el turno al exministro Rodrigo Rato. El ayuntamiento de Gijón le ha retirado, a petición del PSOE, el título de hijo adoptivo. Para el portavoz municipal del PP, que respaldó la iniciativa, “a los políticos honestos nos asquea la corrupción y la falta de ética”. Por su parte, el PSOE asegura que “no podemos permitir la codicia sin freno”.
