Manuel Rico ve una autopista de impunidad en el escándalo de las residencias

Madrid, 1 abr (EFE).- Más de 20.000 mayores murieron en las residencias en la primera ola de covid-19 a causa del virus pero también, en ocasiones, por mala gestión. El periodista Manuel Rico analiza el modelo residencial español y propone un debate a fondo en el libro “¡Vergüenza! El escándalo de las residencias” (Planeta).

“Si en enero de 2020 nos dicen que van a morir 20.000 personas en dos meses, buena parte solos y abandonados, sin atención hospitalaria, no lo creeríamos. Si además nos dicen que no va a haber un gran debate al respecto, pensaríamos que es imposible”, dice a Efe Rico (1967), periodista con más de 30 años de oficio y actual director de investigación de Infolibre.

Con un panorama en el que el 87% de los centros son de gestión privada -porcentaje que incluye un 14,6% de titularidad pública y gestión privatizada-, la principal conclusión es una gran llamada de atención a las administraciones: que haya inspecciones eficaces, sanciones ejemplares y, en definitiva, que las necesidades de los mayores no queden relegadas ante la búsqueda del beneficio máximo de las empresas.

“No todas las empresas son iguales, pero con el modelo actual, quien lo hace mal tiene una autopista de impunidad para que quienes paguen sean los mayores”, señala Rico, que ha sido redactor jefe de Interviú, subdirector de Tiempo y de Público.

Insiste en que se trata de un tema “muy sensible” que nos define como sociedad: “Una sociedad digna debe respetar con dignidad a los más vulnerables, es fundamental que se abra ese debate, que se creen comisiones de expertos en las comunidades autónomas, implicando a patronal, sindicatos y familiares”.

El libro se divide en tres partes. La primera analiza lo ocurrido en la primera ola de la pandemia. Para ello y en base a la Ley de Transparencia, Rico pidió datos a las comunidades autónomas y diputaciones forales con competencias. Once de ellas respondieron a tiempo.

“A día de hoy sigo peleando con tres administraciones de colores diferentes, Castilla y León (PP), Aragón (PSOE) y Vizcaya (PNV), que ya me queda la alternativa de ir a los tribunales”, declara.

También recoge testimonios directos e informes de Médicos sin Fronteras y Amnistía Internacional para concluir que las medidas adoptadas para responder a la pandemia, en particular en Cataluña y Madrid, han supuesto “la mayor violación de derechos humanos de un colectivo en las últimas siete décadas de historia de España”.

“Es incomprensible que la fiscalía no haya abierto una investigación”, considera.

Para entender lo ocurrido, Rico ve imprescindible analizar el negocio que hay detrás del cuidado de los mayores, convertidos en objeto de deseo de los inversores por el envejecimiento de la población y por la creciente financiación con dinero público tras la aprobación de la Ley de Dependencia.

El libro detecta dos grandes “anomalías” en el negocio. Por un lado, los grupos geriátricos controlados por fondos de “private equity” que buscan la máxima rentabilidad económica a corto plazo. Tres de los ocho grandes grupos (Domus Vi, Vitalia Home y Colisée) están en manos de esos fondos que operan desde paraísos fiscales y de quienes se desconoce la identidad de los principales accionistas.

“Son fondos que operan igual si se trata de supermercados que de residencias de ancianos”, advierte Rico. “Las adquisiciones se hacen a base un gran endeudamiento y buscan sectores que generen mucho efectivo para pagar esa deuda”.

“La forma de conseguirlo es tener muchos clientes y ahorrar hasta el último céntimo, lo que en el sector residencial supone recortar en personal o en alimentación y cuidados, que por otro lado son denuncias habituales por parte de los familiares”.

La segunda anomalía son las residencias operadas por congregaciones religiosas con conceptos “decimonónicos” de caridad y beneficencia. “A la administración le viene bien y se lava manos, porque soluciona la atención de miles de personas, pero la atención de los mayores no puede depender de la caridad”, subraya el periodista.

En el libro menciona ejemplos dramáticos de las consecuencias que esto tuvo en pandemia, cuando las monjas no podían salir a pedir limosna o a recoger los alimentos de los supermercados a punto de caducar.

Rico huye de las generalizaciones ya que la realidad que retrata es diversa. “El libro está hecho con criterios de investigación periodística, con datos rigurosos, describir lo que hay es el primer paso, lejos de simplismos, estamos hablando de 5.200 residencias, 375.000 plazas, en 17 comunidades autónomas”.

Pero, del mismo modo, critica “el falso victimismo de las patronales” ante cualquier intento de análisis serio. “La mala imagen del sector la dan quienes ejercen mal, no quien denuncia esa actuación”, defiende.

La investigación concluye con una serie de propuestas para mejorar la atención sociosanitaria y la gestión del dinero público. Rico cita como ejemplo el modelo alemán, que se apoya en inspecciones periódicas rigurosas e independientes, con fines no solo punitivos sino de mejora del sistema.

“Todo es transparente y los resultados se publican de modo que la persona que va a una residencia o sus familiares tengan toda la información para elegir. En España, todo ese proceso es secreto”.

Magdalena Tsanis