La LPI que nadie quería, ni en el Parlamento ni en la calle
El pasado 1 de enero entró en vigor la polémica Ley de Propiedad Intelectual impulsada y aprobada por el PP a pesar de contar con el rechazo de toda la oposición y de la mayor parte de la ciudadanía.
El Tribunal Constitucional ha anunciado hoy que admitirá a trámite el recurso de institucionalidad presentado por más de cincuenta diputados de Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados. El recurso fue presentado y formalizado el pasado 4 de febrero por el PSOE.
Esta decisión fue adoptada por el pleno del Constitucional, que se reunió el pasado martes 3 de marzo. Tras su admisión, el Tribunal Constitucional ha trasladado la demanda al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno para que en el plazo de 15 días puedan personarse en el proceso y presenta las alegaciones que consideren oportunas.
El PSOE recurrió esta ley por considerar inconstitucional el pago de la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, que mantiene la reforma del Gobierno del PP, no prevea fijar unos criterios para dar esta compensación, si no que queda a la libre elección del Gobierno. Desde el PSOE aseguran que la aceptación de este recurso a trámite es una “victoria de la cultura española sobre el Gobierno” y aseguran que esta “victoria” debería ser suficiente para que el Gobierno “deje suspendida la Ley Lasalle”, nombre con el que fue rebautizada esta Ley de Propiedad Intelectual.
Los socialistas también ven inconstitucional la disposición que obliga a las entidades de gestión a asociarse para crear una ventanilla única en la que se tramite a pago de los derechos de propiedad intelectual, además defienden que la ley vulnera el derecho de asociación.
La tasa Google, sólo en España
En la calle la ley tampoco tuvo buena acogida. Los ciudadanos vieron limitado su derecho a la cultura y a la información. Sitios tan populares como series.ly o Google News se vieron obligados a cerrar. La nueva LPI establecía como ilegales cosas que, hasta ahora, habían sido totalmente comunes como ofrecer en Internet listado ordenados y clasificados de enlaces. Una comisión de propiedad intelectual puede cerrarlas o imponerles multas de hasta 600.000 euros sin previo aviso.
También estableció el famoso Canon AEDE, conocido como Tasa Google, que afectaba a todos los agregadores de contenidos online. España es el único país en el mundo en que hay que pagar por enlazar contenidos públicos de Internet. El Gobierno y los medios AEDE pasan así a controlar la información que se comparte en Internet y cómo se comparte.
Las universidades tienen que pagar a la entidad de gestión Cedro por los contenidos, la mayoría de ellos Creative Commons, que se publican en los campos virtuales y las empresas, usuarios y emprendedores viven con el miedo de que les cierren sus páginas web sin previo aviso y se lo piensen bien antes de realizar ciertas actividades económicas. Siempre pueden establecer su sede fuera de España ya que aquí parece que en vez de apostar por impulsar nuevas actividades y formas de negocio online, nos quedamos anclados en formas de negocio antiguas y que se van quedando obsoletas poco a poco.
