El agujero que el PP dejó en el Instituto Valenciano de Finanzas: 665 millones “dilapidados en créditos partidistas”
La gestión del PP durante 25 años al frente del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) dejó un agujero de 665 millones de euros en las arcas del ente. Así de contundente se mostró su actual director, Manuel Illueca, en su comparecencia en la Comisión de Economía en las Corts.
El director del ente consideró que la mejor defensa sería un buen ataque y decidió comenzar su intervención con varios golpes a los dirigentes populares. Morosidad elevada, créditos a amigos del partido y operaciones “sin lógica económica” fueron las señas de identidad del instituto durante los anteriores mandatos, argumentan los socialistas.
Según sus datos, la tasa de morosidad de los clientes del instituto rondaba el 35%. De 665 clientes que tenía, más de 200 eran morosos. Actualmente, la tasa de morosidad es del 2,5%, con solo 5 clientes en la lista de morosos, de los más de 200 del instituto.
Una suma de malas prácticas bancarias, de “operaciones sin lógica económica”, que se desglosan en 192 millones de euros perdidos en préstamos fallidos; 73 millones “dilapidados” en avales; y otros 400 millones “derrochados” en el “sumidero” de la Sociedad de Garantías Recíprocas.
La sociedad avalista todavía tiene cientos de inmuebles que pone periódicamente a la venta para recuperar parte de los créditos concedidos y fue rescatada por la Generalitat con 200 millones de euros. El Banco de España sancionó en 2015 a 36 de consejeros de la entidad, con multas de entre 43.000 y 100.000 euros por cabeza e interpuso una sanción extra de 130.000 euros para la propia entidad por su gestión de los recursos. Rebautizada como Afín SGR, la entidad busca financiar a microempresas con la ayuda de la Generalitat.
Los socialistas ponen como ejemplo un crédito concedido a las empresas de Arturo Torró, exalcalde de Gandia imputado en 2017 por prevaricación mientras estaba al frente de una empresa pública municipal. Según los datos del PSPV que facilitó su diputado de Economía, José Muñoz, se le concedieron préstamos por valor de 3,3 millones de euros de los cuales “tan solo se han recuperado 14.000 euros”.
El director del banco público explicó que “en el pasado, el IVF no explicitaba los criterios de elegibilidad de sus líneas de financiación, ni tenía definidos parámetros de riesgo establecidos 'ex ante' para descartar proyectos financieros viables, ni fijaba los tipos de interés de las operaciones mediante un criterio sistemático, coherente y comprensivo”. “Por desgracia, los criterios de selección de los proyectos de inversión no siempre se caracterizaron por los principios que inspiran la buena gestión pública”, afirmó Illueca, que explicó que con los criterios actuales, préstamos como el que recibió Pecsa, donde Ximo Puig tiene acciones como extrabajador, no se hubieran concedido.
Otra de las críticas que vertió Illueca fue hacia el desinterés de los gestores en elaborar un reglamento para el ente. El reglamento que ajusta las normas del banco público se aprobó el pasado marzo, pese a que el instituto se creó en 1990. En 2018, últimos datos publicados, el IVF suscribió 163 operaciones por un importe 64,3 millones de euros, frente a los 34,1 del ejercicio precedente.
