Ni pisos de acogida ni política industrial: el Gobierno valenciano vende a un fondo buitre por 28 millones activos que valían 36 en 2016
El gobierno de izquierdas del Botànic ha permitido a la Sociedad de Garantía Recíproca (Afín SGR) vender activos inmobiliarios públicos a un fondo buitre. Lo ha hecho haciendo una rebaja del 20% tras fracasar la subasta inicial, ya que el precio final de venta al fondo británcio Anacap Financial Partners se ha hecho por 28,4 millones de euros -según la cantidad adelantada por El Confidencial y confirmada por este periódico-, cuando los mismos activos fueron tasados en 36 millones hace apenas dos años. Con la actual situación del mercado inmobiliario el precio podría ser muy superior.
Estos inmuebles, que podrían ser patrimonio de la Generalitat después del rescate con 200 millones de dinero público de la SGR en 2016, podrían haber tenido funciones sociales como viviendas de acogida, o destinarlos promoción económica como política industrial, como sugería Compromís. Finalmente, la venta ya se encontraba en el notario y no ha podido haber marcha atrás si el riesgo de tener problemas legales con el fondo buitre.
En total son los activos inmobiliarios vendidos son 793 inmuebles, y son activos considerados tóxicos y derivados de avales dados sin ningún rigor en la etapa del PP -según explicaba el propio director del IVF, Manuel Illueca- y que la SGR tuvo que ejecutar. Entre los inmuebles hay viviendas, naves industriales, plazas de garaje, suelo y hasta una piscina cubierta.
La operación adelantada por eldiario.es estaba pensada fundamentalmente para aligerar la deuda de la SGR, pero levantó ampollas en Compromís que se llegó a quejar al conseller de Hacienda, Vicent Soler, al entender que los inmuebles de la operación que estaba casi cerrada debían revertirse en las políticas de la Generalitat.
Las quejas provocaron que Soler ordenara la paralización de la venta, pero también abocó a una reunión entre la misma vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y el director del IVF, según ha podido saber este diario. Al parecer las explicaciones de Illueca y sus amenazas de dimisión convencieron a la vicepresidenta Oltra, que no obstante habría reclamado de cara al futuro poder hacer consultas sobre inmuebles disponibles que también posee la SGR que, antes de venderse, pudieran ser susceptibles de destinarlos a usos sociales o de provecho para la propia Generalitat.
De momento, del pufo de la SGR en etapa del PP no se ha derivado ninguna responsabilidad. Tampoco se ha denunciado a los anteriores gestores ni a los empresarios que se beneficiaron de hundir la entidad rescatada con 200 millones de la Generalitat.
