Las hijas del fundador de bodegas Pesquera defienden la licitud de los contratos que Fiscalía tacha de falsos

Las hijas del fundador del Grupo Pesquera, Alejandro Fernández, han defendido este jueves ante el juez la legalidad de los contratos de arrendamiento de las fincas de cultivo por un periodo de diez años, en contra de la Fiscalía que denuncia su falsedad como maniobra para echar a su padre de la administración de las bodegas.

La Fiscalía Provincial de Valladolid presentó una denuncia contra la ex mujer y una hija de Fernández por presuntos delitos de falsedad en documento mercantil y público, administración desleal y de tipo societario, al considerar manipulados los contratos por los que se arrendaban “la totalidad de la fincas” de cultivo por el periodo de diez años.

Según han informado fuentes jurídicas, el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid ha citado a declarar a dos de las hijas para escuchar su versión sobre los hechos antes de decidir si admite a trámite o no la denuncia. En este contexto, las hijas han presentado documentación que garantiza la licitud de estos contratos para demostrar que se rigen por lo establecido desde la fundación de las bodegas.

La 'guerra' en la familia de Pesquera tiene relación con la separación de hecho del matrimonio, hace ahora dos años. Él cuenta con el apoyo de una de sus cuatro hijas y ella, con el de las otras tres. Juntas sumaban más participación en la empresa familiar, Alejandro Fernandez Tinto Pesquera S.L., ventaja que utilizaron para desplazar a ambos en los consejos de administración, de acuerdo a las fuentes consultadas.

El escrito de Fiscalía explica que “derivado de la ruptura matrimonial, aún no formalizada, las denunciadas han pretendido apartar a Alejandro Fernández de la totalidad de la gestión y tanto de las empresas como de las bodegas, lo que se ha realizado a través de distintos acuerdos sociales en las mercantiles, incluyendo el no reparto de los beneficios de tales sociedades que habitualmente se realizaba”.

“Un contrato simulado”

La Fiscalía sostiene que para ello confeccionaron “un contrato simulado con el fin de construir un instrumento jurídico que excluyera la Tarjeta de Viticultor de Alejandro Fernández, con el fin de conseguir otra a nombre de Olga Fernández Rivera --una de las hijas-- que permitiera recoger la cosecha del año 2018 y su comercialización en las bodegas del Grupo Pesquera bajo la Denominación de Origen 'Rivera del Duero'”.

Indica que, además, se firmó “a sabiendas de que Emilia Rivera --su exmujer-- como partícipe de una sociedad de gananciales suspendida por la separación de hecho, no podía suscribir un contrato de arrendamiento de inmuebles por 10 años, por el exiguo precio pactado y con exclusión jurídica, física y económica de Alejandro Fernández”.

Así, la fiscal detalla que cuando se comunicó el alquiler de las tierras al Consejo Regulador --trámite ineludible para mantener la producción con la denominación de origen--, éste revocó la Tarjeta de Viticultor al fundador del grupo en favor de la nueva arrendataria. Sin embargo, reclamación mediante, dejó sin efecto el cambio y restituyó la Tarjeta de Viticultor a Alejandro Fernández en detrimento de la hija.

Por otro lado, el Ministerio Público destaca que el 5 de marzo de 2018 se celebró una Junta Extraordinaria en la empresa en la que, con oposición de Fernández, se transformó la administración que existía por un sistema mancomunado que integrarían el matrimonio y dos de las hijas y que establecía como “suficientes” las firmas de dos de estos administradores para emprender nuevos cambios.

Con esas dos firmas, en junta ordinaria del 23 de julio de 2018 Alejandro Fernández fue cesado como administrador mancomunado de Tinto Pesquera, “se denegó el acceso a las cuentas totales de la compañía y se acordó el destino de los beneficios de la sociedad, 4,4 millones de euros, a reservas voluntarias y no a dividendos”, como él solicitaba.

Un mes después se celebró también junta de la sociedad 'Condado de Haza', que pertenece al grupo, y en ella se acordó el cese de Fernández y de la hija que le apoya, Eva Fernández Rivera, como miembros del consejo de administración. Los beneficios tampoco se repartieron, 978.028 euros que de acuerdo al escrito de la fiscal, se destinaron íntegros a reservas voluntarias.

Las tierras, en gananciales

Ante esta situación, Alejandro Fernández, que seguía siendo propietario de las tierras y edificaciones del Grupo Pesquera y ostentaba la tarjeta de viticultor imprescindible para obtener la Denominación de Origen Rivera del Duero, decidió recoger la cosecha de 2018 y, si no se la compraba Pesquera, venderla a otras dos empresas.

Cuando ya había comenzado a vendimiar, la exmujer de Fernández esgrimió la existencia de un contrato que en febrero de aquel año habría suscrito con su hija Olga y por el que le arrendaba “la totalidad de las fincas” de cultivo, de las que es propietaria en gananciales, por un periodo de diez años por el importe de 130.344,8 euros.

La denuncia original afirma que el contrato es falso y está además manipulado, puesto que la fecha que consta no se corresponde con la de los documentos públicos que lo acompañan y que habrían sido expedidos en meses posteriores.

La defensa del fundador de Pesquera ha presentado en el juzgado una ampliación de la denuncia en la que asegura que los “dos contratos de arrendamiento que se reputan simulados constituyen una ficción”, pues, según señala, su valor puede llegar a superar los 400.000 euros.

Para ello, ha solicitado la elaboración de un informe pericial en el que se valore la rentabilidad real y de mercado de las fincas en cuestión para demostrar que “las cifras que arrojan como renta de arrendamiento están muy alejadas de las que figuran en los dos contratos confeccionados por las personas jurídicas y físicas denunciadas”.