El cónsul de República Dominicana: “No procede la deportación de Sergio y se lo hemos dicho al Gobierno”
- El dominicano que lleva 22 años en España y cuya expulsión fue paralizada in extremis este miércoles sigue en el CIE de Aluche
Sergio Morales, el dominicano que iba a ser expulsado pese a estar casado con una española, tener dos hijos y llevar 22 años viviendo en España, sigue en el CIE de Aluche, en Madrid, después de que se paralizara su deportación en el último momento este miércoles.
¿Qué le espera ahora? En el CIE puede pasar un máximo de 60 días según la Ley de Extranjería. Ingresó el 1 de julio, así que tendría que salir a final de agosto como máximo. Sin embargo le han dicho que antes de que eso suceda, “en unos 10 ó 15 días” lo embarcarán en un avión rumbo a República Dominicana, según ha contado el propio Sergio a eldiario.es.
El cónsul de su país, Juan Cuevas, ha tomado cartas en el asunto: “Nuestros abogados fueron al CIE a visitar a cuatro compatriotas, entre ellos a Sergio. Estuvieron allí hace 15 días, pero a él no le avisaron y no bajó. Van a volver el próximo lunes porque vamos a tomar el asunto, entendemos que no procede la deportación”.
No procede porque Sergio tiene arraigo, es decir, una vida familiar aquí con mujer e hijos. Se le ha aplicado el polémico artículo 57.2 de la Ley de Extranjería. Polémico porque dependiendo del juez se está aplicando de manera distinta. Establece que se puede expulsar a un extranjero que haya sido condenado por un delito que conlleve más de un año de prisión. Él fue condenado a 28 meses de cárcel hace 6 años por un delito de agresiones contra un cliente cuando era portero de discoteca.
El procedimiento para estos extranjeros es el siguiente: “Cuando van a ser puestos en libertad, la institucion penitenciaria lo comunica a la Delegación de Gobierno. Entonces, la administración -no un juez- incoa un procedimiento de expulsión”, cuenta el profesor de Derecho y miembro de I+D+i Iusmigrante José Miguel Sánchez Tomás.
El Gobierno rompe su compromiso
A veces se tiene en cuenta el arraigo familiar y a veces no, como en el caso de Sergio. Se debería tener en cuenta siempre, ya que el abogado del Estado se comprometió en marzo de este mismo año a contemplar las raíces familiares y personales a la hora de aplicar el artículo 57.2. Fue en el caso de G.V.A. -una ciudadana argentina que tiene un hijo- contra España, que pretendía expulsarla y que perdió ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, el representante del Estado se comprometió a que no se iba a repetir. “En el futuro la interpretación del artículo 57.2 (...) se realizará puesta en relación con los criterios que recoge el artículo 57.5.b”, el referente al arraigo.
El cónsul dominicano cuenta que recibieron la notificación de la deportación el 30 de julio y que tienen una petición abierta con las autoridades españolas. “Hemos dialogado con las autoridades y hemos dicho que no damos la carta de ruta -el documento que formaliza la repatriación- si antes no nos podemos comunicar con la persona deportada. Y dos, que entendemos que hay que dejarle al menos una maleta para que sea deportado de forma digna, es que no les permiten ni despedirse de la familia”.
Sergio se iba con lo puesto y sin despedirse. Su mujer, Mari Carmen, pasó el miércoles en el aeropuerto con el hijo de ambos luchando contrarreloj: “No entiendo cómo nos hacen pasar por esto, vuelvo a casa destrozada, ha sido un día horrible”. Además, cuenta el motivo de la paralización, no confirmado por fuentes oficiales: “Me dijeron que el Ministerio de Interior reservó la plaza el 30 de julio, pero no la abonó, así que se llevaron a mi marido a primera hora a Barajas y luego lo devolvieron al CIE por falta de pago”. Al consulado no le han comunicado oficialmente ningún motivo.
Lo que le queda a Sergio es poner un recurso contencioso administrativo contra su deportación. La carta que ha mandó el cónsul dominicano a la Delegación de Gobierno el pasado 3 de agosto de momento no ha sido contestada. “El comisario jefe del área de deportaciones nos dijo que hay orden de un juez y que la policía no puede hacer nada”, relata el representante del gobierno dominicano.
Ni la Dirección General de Policía ni el Ministerio de Interior han contestado a las preguntas de eldiario.es
