Europa y EEUU se ponen duros con la migración

Retornos o devoluciones directas. Vallas o muros. La inmigración como problema o desafío. A las puertas de unas elecciones en Estados Unidos y también de las europeas de 2024, los flujos migratorios afloran las tensiones y los Estados ricos tienden a encerrarse como fortalezas a un lado y otro del Atlántico.

La ‘mano dura’ contra la migración que se ha ido imponiendo en Europa tras el atisbo de solidaridad en la crisis de refugiados de hace cinco años tuvo una imagen simbólica en Granada este jueves con la reunión auspiciada por los primeros ministros de Reino Unido e Italia, Rishi Sunak y Giorgia Meloni. El primero ha ideado una cárcel flotante para inmigrantes y la segunda ha declarado la guerra a las ONG. 

“Son los británicos quienes deben decidir quién viene al Reino Unido, no las bandas de delincuentes. Nuestro trabajo hasta ahora ha conseguido reducir las llegadas en un 20%. Pero esto requiere colaboración internacional”, dijo Sunak al acabar la reunión, a la que se sumaron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el francés, Emmanuel Macron; y el holandés, Mark Rutte. También estaba invitado al albanés Edi Rama. En sus contactos diplomáticos, el británico aprovechó para alcanzar acuerdos en materia migratoria basados en el control de las fronteras y la interceptación de barcos en el mar. Ni rastro de solidaridad o acogida. 

La migración había quedado fuera de la agenda de la Comunidad Política Europea, pero Meloni se había encargado de que el asunto se abordara al día siguiente en la reunión informal del Consejo Europeo. Y los presidentes de Hungría y Polonia vetaron las conclusiones referidas a la migración de la 'Declaración de Granada' como señal de protesta por el acuerdo alcanzado en el seno de los 27 para el fleco del pacto migratorio que quedaba pendiente para avanzar en las negociaciones con la Eurocámara y la Comisión Europea.

Precisamente lo desbloqueó in extremis Meloni una vez que logró imponer a los socios europeos que la salvaguarda para que la ayuda humanitaria que prestan las ONG no se considerara “instrumentalización” de los migrantes quedara fuera del articulado. “Es un texto decididamente mejor que las reglas anteriores pero la propuesta italiana actual no es continuar hablando de cómo redistribuimos a las personas que llegan ilegalmente a Europa”, dijo Meloni tras dar el visto bueno al reglamento de gestión de crisis. 

El acuerdo permite en términos generales endurecer las normas habituales en el proceso de concesión de asilo cuando se dan unas circunstancias excepcionales. Lo que plantea el texto es alargar los plazos. Por ejemplo, permitiendo que los solicitantes estén en los centros de detención ocho semanas más de las doce que establecieron en la normativa general. 

El pacto en su conjunto se aleja del estudio individualizado de cada caso, como establece la legislación internacional, sino que busca aumentar y acelerar los retornos. Las devoluciones son uno de los objetivos de la UE en los últimos meses en los que se han reforzado los esfuerzos para ello consiguiendo frutos: en el segundo trimestre de 2023 aumentaron en un 29%, según los datos de Eurostat. 

A falta de negociar en los denominados trílogos, el texto de los 27 aleja el reparto obligatorio de refugiados y lo sustituye por la denominada ‘solidaridad flexible’, que permitirá a los países pagar en vez de acoger refugiados. La cifra que le ponen a cada persona rechazada es de 20.000 euros. “Es un acuerdo en el que todos hemos tenido que ceder”, admitió Sánchez, cuyo Gobierno siempre había rechazado ese planteamiento. 

El ultraderechista Orbán: “Legalmente se nos ha violado”

Polonia y Hungría ya han adelantado que incumplirán ese acuerdo amenazando con que nazca muerto. “Legalmente se nos ha violado, se nos ha forzado a elegir algo que no queremos”, dijo el ultraderechista Viktor Orbán, que aseguró que, sin unanimidad, “no hay ninguna posibilidad de tener ningún tipo de compromiso o acuerdo en migración, políticamente es imposible”. “Polonia pone un fuerte veto a tal posición”, expresó Mateusz Morawiecki, que en plena campaña electoral cargó contra su rival, Donald Tusk, por avalar ese acuerdo con el Partido Popular Europeo. 

La retórica de la extrema derecha ha acabado imponiéndose en buena parte del continente, que va convirtiéndose en una 'Europa fortaleza’ en la que vuelven los controles en las fronteras internas y el debate se centra en el control y la seguridad para evitar las llegadas, incluso si eso supone regar de millones a países autoritarios como Túnez o Marruecos.

El giro de Biden: amplía el muro y reanuda deportaciones

El endurecimiento tiene un paralelismo al otro lado del Atlántico. La administración de Joe Biden anunció esta semana dos políticas migratorias que parecen sacadas del libro de estilo de su predecesor, Donald Trump. El miércoles por la noche, el Departamento de Seguridad Interior notificó la derogación de 26 leyes federales en el sur de Texas para poder añadir hasta 32 kilómetros de valla al muro fronterizo con México. Durante la tarde del jueves, llegó el segundo anuncio: Estados Unidos reanudará la deportación directa, mediante aviones, de venezolanos que entraron de manera irregular al país después del 31 de julio y que no califican para un programa de ayuda humanitaria.

Esta última medida es fruto de un acuerdo entre Washington y Caracas, que rompieron relaciones diplomáticas en 2019 y en consecuencia pararon de golpe las deportaciones. Pero, ahora que están entrando más migrantes que nunca por la frontera sur de EEUU, han acordado reactivar esta práctica para asegurar que aquellos que lo hacen de manera irregular tengan “consecuencias estrictas”. Tan solo en el mes de agosto, hubo más de 180.000 detenciones (o “encuentros”, según el lenguaje usado por la administración) de personas que intentaban cruzar la frontera, una cifra récord, a la que los venezolanos contribuyeron con 22.172 personas, casi el doble de las que hubo en junio (11.506).

Así lo avanzó en rueda de prensa el titular de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, que se encuentra esta semana en México acompañando al secretario de Estado, Antony Blinken, en reuniones con el gobierno mexicano. “Hemos tomado la determinación de que el regreso es seguro” para aquellos venezolanos que “no tengan base legal para quedarse”, aseguró Mayorkas. “Somos una nación de inmigrantes, y también somos una nación de leyes”, sentenció. El jefe de la diplomacia estadounidense, Blinken, añadió que estas deportaciones son “una pieza clave” para “estabilizar” el fenómeno migratorio en el continente.

Los dos anuncios de esta semana suponen un giro abrupto de la administración de Joe Biden, cuya política migratoria está siendo criticada por todos los costados del tablero político y social. Una de las primeras medidas que tomó tras alcanzar la presidencia de EEUU en enero de 2021 fue emitir una orden que ponía fin a “la emergencia de la frontera sur” y en la que se comprometía a “no desviar más dinero de los contribuyentes estadounidenses para construir un muro fronterizo”, así como a redirigir a otras causas el dinero que ya se había comprometido a esa partida. 

“Construir un enorme muro que abarque toda la frontera sur no es una solución política seria. Es un despilfarro de dinero que desvía la atención de las verdaderas amenazas a nuestra seguridad nacional”, aseguraba entonces el gobierno de Biden. Dos años y nueve meses después, el discurso es completamente opuesto: “Es necesario renunciar a ciertas leyes, reglamentos y otros requisitos legales con el fin de garantizar la rápida construcción de barreras y carreteras en las inmediaciones de la frontera terrestre internacional en el condado de Starr, Texas”, rezan las primeras líneas del documento que oficializa la medida, firmado por el secretario de Seguridad Interior.

Dicho condado, que hace frontera con el estado mexicano de Tamaulipas, ha experimentado el mayor incremento de detenciones durante el último año fiscal (de octubre de 2022 a septiembre de 2023), unas 245.000 personas, de las más de dos millones registradas en toda la frontera, de 3.000 kilómetros de largo.

“Es un paso atrás”, responde México

La decisión de ampliar la valla ha recibido fuertes críticas dentro y fuera de EEUU. “Es un paso atrás”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que cree “en los puentes, y no en los muros”, en la rueda de prensa conjunta con Blinken y Mayorkas. Tampoco ha sentado bien la medida entra varios congresistas demócratas, como el representante de Texas, Henry Cuellar: “Un muro fronterizo es una solución del siglo XIV aplicada a un problema del siglo XXI. No reforzará la seguridad en el condado de Starr”.

El gobierno defiende que no se movilizarán nuevas cantidades de dinero para la ampliación del muro, ya que proviene de las partidas presupuestarias de la era Trump, que deben ser usadas para ese fin: “El Congreso se apropió de fondos del año fiscal 2019 para la construcción de la barrera fronteriza en el Valle del Río Grande, y la seguridad nacional está obligada a utilizar esos fondos para su propósito”, dice el documento firmado por Mayorkas, que contradice una promesa de campaña de Biden: “Durante mi administración, no se va a construir ningún centímetro de muro fronterizo”.

Durante la administración de Trump, se construyeron unos 725 kilómetros de valla. Cuando Biden llegó al poder, paró enseguida la construcción, que ahora se reanudará en otros 32 kilómetros. Además, el método usado por el gobierno de Biden para llevar a cabo dicha construcción es muy parecido al de Trump, que derogó durante su administración más de 30 leyes federales en Texas. Este jueves, Biden ha derogado otras 27. 

Entre estas leyes, se encuentran las encargadas de proteger el ecosistema de muchas plantas y especies en peligro de extinción –como el ocelote– en la zona, donde se encuentra el Refugio Nacional del Valle del Río Grande. “El plan de construir un muro atravesará el corazón de ese hábitat con una barrera impermeable. Detendrá en seco las migraciones de la fauna. Destruirá una enorme cantidad de terreno de refugio de vida salvaje. Y es un horrible paso atrás para las tierras fronterizas”, denunció en un comunicado Laiken Jordahl, del Center for Biological Diversity.

El giro radical de la política migratoria de Biden desde que inició su mandato responde a las cifras récord de entrada de migrantes en situación irregular registradas durante su administración. Y se explica, en gran parte, por el estado de la opinión pública en EEUU: el 54% de los estadounidenses considera que “la inmigración está haciendo que la vida de los estadounidenses nativos sea más dura”, según una encuesta publicada por Ipsos en septiembre.