La revuelta de Polonia y Hungría frustra las conclusiones sobre migración de los 27 en la cumbre de Granada
“No habrá compromiso en migración. Ni hoy ni en los próximos años”. Hungría y Polonia amenazan el pacto de migración y asilo que se está negociando en la UE antes incluso de que nazca. “Hemos sido legalmente violados, forzados a hacer algo que no queremos”, ha espetado el ultraderechista Viktor Orbán a su llegada a la reunión informal que los líderes de los 27 han mantenido en Granada. ¿La razón? Los gobiernos han fijado con una holgada mayoría su posición para negociar con la Comisión Europea y la Eurocámara, pero ellos reclaman una unanimidad imposible para sacar adelante esa nueva legislación, que ya de por sí se va a endurecer para contentar a gobiernos como el de la ultraderechista Giorgia Meloni.
Por segunda vez en apenas tres meses los líderes ultranacionalistas de Hungría y Polonia han vuelto a hacer una demostración de fuerza al vetar las conclusiones sobre migración del Consejo Europeo. Dejan claro que no están de acuerdo con la aproximación al pacto de migración y asilo que han hecho los gobiernos que pasa por que los países que se nieguen a acoger refugiados tengan que responder con contribuciones financieras. Así, la cumbre de Granada ha terminado con una declaración conjunta sobre la ampliación de la UE, mientras que el párrafo sobre migraciones que figuraba en el borrador ha quedado como un comunicado exclusivamente del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, como ocurrió en junio.
“No permitiremos que los traficantes decidan quién entra en la UE. Seguiremos aplicando eficaz y rápidamente todas nuestras decisiones. Aplicaremos un enfoque global de la migración que combine una mayor acción exterior, asociaciones globales mutuamente beneficiosas con los países de origen y de tránsito, el tratamiento de las causas profundas de la migración, las oportunidades de migración legal, una protección más eficaz de las fronteras exteriores de la UE, la lucha resuelta contra la delincuencia organizada, la trata y el tráfico de seres humanos, la instrumentalización de la migración como amenaza híbrida, la intensificación de los retornos y los aspectos internos, de conformidad con el derecho internacional, los principios y valores de la UE y la protección de los derechos fundamentales”, expresa el párrafo excluido.
La negativa de Orbán y su colega polaco, Mateusz Morawiecki, que se enfrenta a las urnas el 15 de octubre, es en este caso meramente simbólica. Pero es una declaración de intenciones al amenazar las nuevas reglas de migración y asilo que se está negociando en la UE contrarreloj para aprobarlas antes de las elecciones europeas de junio de 2024. “Soy el Primer Ministro de la República de Polonia. Soy responsable de la seguridad de Polonia y de sus ciudadanos. Por lo tanto, como político responsable, rechazo oficialmente todo el párrafo de las conclusiones de la cumbre sobre migración”, ha expresado Morawiecki al acabar la cumbre.
“Polonia pone un fuerte veto a tal posición”, ha dicho Morawiecki sobre el texto pactado por los 27, que esos dos países consideran que tendrá un ‘efecto llamada’ a los migrantes, a pesar de que supone un endurecimiento de las reglas de acogida y asilo. El líder de Ley y Justicia ha aprovechado para lanzar soflamas contra su principal rival en las elecciones de la próxima semana: el expresidente del Consejo Europeo Donald Tusk, del Partido Popular Europeo. “Europa se enfrenta a una elección fundamental: aceptar o no una inmigración ilegal masiva”, ha agregado Morawiecki, que ha convertido de la retórica anti-inmigración uno de los pilares de su campaña electoral. La cita con las urnas también ha conllevado un distanciamiento con Ucrania por el conflicto del grano.
Los dos han señalado directamente a Berlín y Bruselas por el “dictado” de esa norma. “Nosotros, como europeos, decidiremos quién viene a Europa y bajo qué circunstancias, y no los traficantes”, ha afirmado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que está adoptando un tono cada vez más duro contra la migración. De hecho, suscribió una declaración auspiciada por Meloni y el primer ministro británico, Rishi Sunak, en el marco de la Comunidad Política Europea centrado en la lucha contra las mafias y el control fronterizo.
Meloni, que ha declarado la guerra a las ONG, y Sunak, que ha ideado un sistema de encarcelamiento en barcos para los migrantes, rubricaban una carta este viernes en el diario Corriere della Sera en la que expresan su posición común para frenar los desembarcos de migrantes: “Cada semana, miles de migrantes cruzan el Mediterráneo para llegar a Italia, entrando ilegalmente en Europa. Muchos se dirigen al norte para llegar al Reino Unido. Por eso trabajamos juntos para detener las embarcaciones y pedimos a todos que actúen con el mismo sentido de urgencia”.
La revuelta de Hungría y Polonia ha dejado la cumbre de Granada deslucida y ha hecho saltar las alarmas en las instituciones europeas, aunque los presidentes del Consejo y la Comisión Europea han eludido el asunto en la rueda de prensa y Pedro Sánchez le ha restado importancia recordando que los líderes estaban convocados para hablar de agenda estratégica, ampliación y competitividad: “Hay declaración conjunta, lo que no hay es un párrafo vinculado con la migración”.
“No matemos el pacto antes de adoptarlo. Creo que nos debemos eso a nosotros mismos y a nuestros ciudadanos”, ha advertido, sin embargo, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.
No obstante, los dirigentes europeos quieren lanzar el mensaje de que el pacto puede salir adelante sin esos dos socios. “Han expresado en la mesa su desacuerdo, como ya hicieron a nivel ministerial, pero no es de naturaleza para bloquear una decisión que se haría por mayoría cualificada”, ha explicado al salir de la reunión el presidente francés, Emmanuel Macron.
Las opciones de bloqueo de Hungría y Polonia
“Ha habido un acuerdo ya a nivel de ministros que es donde se toman los acuerdos”, ha afirmado el alto representante, Josep Borrell, que ha tratado así de restar importancia a las aseveraciones de los líderes de Hungría y Polonia. “Aquí se ratifican y se definen grandes líneas de actuación, pero llegamos con un acuerdo”, ha agregado sobre el cierre in extremis de la posición de los 27 respecto al reglamento de gestión de crisis, que era la pieza pendiente para avanzar en las negociaciones con la Comisión Europea y el Parlamento. “No sé qué va a hacer cada país, pero Europa necesita una política de asilo y migración que nos permita no solo parar a los migrantes no solo cuando ya están poniendo en riesgo sus vidas sino antes y atacando las causas profundas de lo inmigración, que son subdesarrollo, desigualdad de la mujer, cambio climático…”, ha apostillado Borrell.
Hungría y Polonia fueron dos de los países que incumplieron las reglas de asilo durante la crisis de 2015 y 2016 y que se opusieron vehementemente al reparto obligatorio de refugiados. En la práctica, incumplir la norma es lo que pueden hacer para cumplir con su amenaza de vetar el pacto migratorio una vez que esté en vigor.
Pero no sería la primera vez que esos países chantajean al conjunto de socios y tienen herramientas para torpedear las políticas europeas como forma de protesta o presión contra el pacto migratorio. Orbán ya ha mandado un mensaje en esa dirección. “Bruselas está tratando de forzar a los estados miembros a pagar más porque quiere dar más dinero para la guerra de los ucranianos y para los migrantes”, ha expresado en un vídeo difundido a través de la red social X (antes Twitter) en el que ya anticipa una batalla para la aprobación de la revisión del Marco Financiero Plurianual en la que Bruselas pidió a los 27 66.000 millones de euros extra para hacer frente a la guerra de Ucrania (50.000), migración (15.000) y competitividad.
“En esta situación, Hungría no puede apoyar ninguna propuesta de modificación del presupuesto”, advierte Hungría, que critica la entrega de armamento a Ucrania en vez de que se promueva un alto el fuego. Bruselas tiene un as bajo la manga: los 27.800 millones que tiene bloqueados por los incumplimientos del estado de derecho (22.000 de los fondos de cohesión y 5.800 del plan de recuperación).
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