El caso del ladrón que robó un móvil en la frontera

Dos robos de teléfonos móviles. Uno con violencia y el otro sin. Un par de semanas de diferencia entre ambos sucesos. Ninguno judicializado. Un mismo implicado: David. Esta historia jamás se contaría si la víctima del primer hurto y autor del segundo, no fuese hondureño. O mejor dicho, si no fuese un hondureño en México. Es decir, migrante.

Corría otro achicharrante mediodía en Tenosique, ciudad tabasqueña fronteriza a Guatemala, cuando en una de las esquinas de la plaza central se armó el revuelo entre el tumulto de gente que hacía fila a las puertas del Banamex para cobrar su ayuda social. Una patrulla de policías municipales rodeaba a David, un corpulento afrodescendiente. Los agentes lo custodiaron varios metros calle abajo hasta el Hotel Don José, donde comprobaron en sus cámaras de seguridad que, en efecto, él había aprovechado un momento de despiste de la recepcionista para robar un teléfono móvil de su mostrador.

Ahí mismo le colocaron las esposas con las manos en la espalda para subirlo al vehículo policial. Treinta metros al grito de “¡Ratero!¡Que lo devuelvan a su país!”, entre los asistentes. David se revolvía en la parte trasera de la camioneta para tratar de entregarle un teléfono móvil a su mujer. Los agentes lo impedían. Daniela asistía atónita sin comprender el motivo de la detención. En sus brazos cargaba una bebé de seis meses.

El escarnio social

Los trabajadores del hotel ya habían reunido a varios colegas para mostrar en bucle el vídeo del hurto. “¡Pinches rateros que sólo vienen aquí a delinquir! ¡Nosotros les abrimos las puertas, los acogemos y así nos lo pagan! Ya ni podemos salir de noche a la calle”, se ceban contra los migrantes argumentando que el incremento de la delincuencia se debe a la creciente presencia de extranjeros. Pero los datos de la Fiscalía de Tabasco muestran lo contrario:

De enero a junio de este año hubo 58 robos a transeúntes (el tipo de delito que mayormente la población atribuye a los migrantes) en Tenosique. En el mismo periodo del año anterior, se produjeron 60 de estos asaltos. En el primer semestre de 2017, se registraron 120.

Es decir, los hurtos en la vía pública se han reducido a la mitad en los últimos dos años, pese a la llegada de migrantes.

Asimismo, entre enero y marzo de 2019 se contabilizaron 130 robos con violencia, otra de las modalidades que achacan a los extranjeros. Sin embargo, en los tres meses siguientes cuando se formó el embudo migratorio en la localidad, esos delitos se redujeron a 98.

Una de las funcionarias de la Fiscalía Especializada para la Atención a Migrantes en esa localidad indica a eldiario.es que en los primeros cinco meses del año se abrieron unas 500 carpetas de investigación de delitos que involucran a extranjeros y apenas una veintena que señalan a un migrante como autor. De éstos, según indica, “casi todos son incidentes entre los propios migrantes”. Ninguno de los casos se refiere a violaciones u homicidios, como espeta alguno de los tertulianos más coléricos del hospedaje Don José.

Pese a las concluyentes estadísticas, en los próximos días uno de los pocos periódicos estatales, Tabasco Hoy, publicará un artículo sobre el hurto de David, lo que alimenta la percepción de un aumento de la inseguridad debido a la oleada migratoria. “Como es robo de un extranjero, ya es una noticia de impacto”, valora Hilario Paredes, el único periodista en ese municipio, quien se apresura a sentenciar que “al cometer un delito, este hombre ya está listo para la deportación”.

Los discriminatorios señalamientos contra los migrantes vienen del más alto nivel institucional. “Eso es un aviso para toda la migración transcontinental, de que así sean de Marte los vamos a mandar, hasta la India, hasta Camerún, hasta el África”, soltó esta semana el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, quien acusó a “humanos de la raza negra” de agredir a la fuerza pública. El Consejo Ciudadano del INM censuró esas palabras “despectivas” por “promover la criminalización de los migrantes en un contexto de hostilidad y discurso de odio”.

Aumenta el riesgo para los migrantes

Daniela ignora lo ocurrido hasta que acude a la estación policial y se lo cuenta Daisy, la dueña del teléfono y recepcionista del hotel. “No sabía nada. Que Dios te guarde y te bendiga”, se disculpa desde el banco de al lado, mientras rompe a llorar ante las consecuencias que el acto pueda acarrear. “Les estamos alojando aquí, no es justo. Yo por mí sigo con el proceso. Me da miedo que salga y más adelante me haga algo”, asegura Daisy sobre una denuncia que, sin embargo, no va a proceder ya que el teléfono fue un regalo navideño de su hermano que vive lejos y no podrá presentar la factura.

“Te entiendo, a nosotros también nos robaron”, asegura la hondureña una vez tranquilizada. Daniela y David abandonaron San Pedro Sula junto a sus cuatro hijos de catorce, ocho, dos años y Yired, de seis meses, que todo el tiempo trata de jugar en el regazo donde su madre resguarda una bolsa repleta de papeles arrugados: toda su documentación. Hace dos semanas cruzaron El Ceibo, el paso fronterizo con Guatemala, y tuvieron que caminar un día entero para recorrer los 60 kilómetros hasta Tenosique, la primera ciudad en territorio mexicano.

Durante la noche en ese trayecto los asaltaron dos jóvenes en motocicleta. “Manosearon a mi hija mayor y cuando mi marido se metió para pararlos, lo golpearon con palos. Luego nos quitaron el celular, casi toda la ropa, la leche para la bebé y los 6.000 lempiras (unos 210 euros). Toda la plata que traíamos”, relata Daniela. Al llegar al municipio denunciaron los hechos ante la Fiscalía, donde les dieron un papel y los llevaron a 'La 72', el único albergue para migrantes en ese punto.

El encargado de La 72, el español Ramón Márquez, reclama que las agresiones en Tabasco –especialmente en esa carretera hacia Tenosique– se han casi triplicado. En enero, el albergue registró 166 agresiones, frente a las 58 del mismo mes de 2018. “Los robos violentos contra migrantes han seguido en aumento en lo que va de año y hemos detectado un alarmante incremento de secuestros sin precedentes desde 2016”, subraya Márquez a este diario. Desde julio la institución constató al menos 36 personas privadas de la libertad en los accesos al municipio.

La presión de Washington sobre México para frenar el flujo migratorio ha multiplicado el riesgo al que se exponen los migrantes. Desde la entrada en vigor en febrero del acuerdo por el cual los demandantes de asilo debían aguardar su proceso en territorio del vecino del sur, eufemísticamente denominados Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), las detenciones por parte de las autoridades migratorias mexicanas se triplicaron en los siguientes cinco meses, hasta alcanzar su máximo histórico de 31.560 migrantes detenidos sólo en junio, mes en que el presidente estadounidense Donald Trump lanzó su amenaza de imponer aranceles a los productos mexicanos.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador desplegó entonces a contrarreloj a 6.000 militares, casi la mitad en la estrecha frontera sur, convertida en la práctica en un 'muro'. “Las redadas y arrestos masivos condenan a los migrantes a la clandestinidad y bloquean su acceso a refugios, provocando cada vez más sufrimiento a esta población, muy vulnerable ante las redes criminales”, denuncia la ONG Médicos Sin Fronteras sobre esa “política represiva”.

Además de las detenciones como medida disuasoria, México detuvo la entrega de visas humanitarias y las suplió por un permiso temporal con fuertes restricciones de movilidad y permanencia, así como dificultó y dilató su otorgamiento.

Leche sin lactosa: una acuciante necesidad

Dicho trámite supuso un calvario para Daniela desde que pisó suelo mexicano. Su proceso se ha estancado en un callejón sin salida: necesitan el permiso del padre de la niña de 14 años, Silvia, a quien Daniela tuvo a los 16 años y ni siquiera sabe dónde localizarlo. Se estima que cerca de la mitad de madres en Honduras son solteras o bien no cuentan con el apoyo del padre.

Daniela ha mantenido a sus hijos durante dos semanas gracias al envío de dinero de una amiga en Houston, pero el paso de los días agrava su estancia. El albergue les brinda comida suficiente para subsistir, pero, desbordado por casi el triple de su capacidad, tampoco puede ofrecerles mucho más. Su necesidad más acuciante: leche sin lactosa, que puede costar entre 15 y 20 euros el tarro, impagable en las condiciones de esta familia.

Yired es alérgica a la lactosa y desde que nació ha rechazado la leche materna. “Le dan unos ardores tan fuertes que deja de comer. Se la pasa llorando del dolor o porque tiene hambre. Es desesperante”, explica Daniela sobre la única explicación que encuentra sobre el motivo que empujó a David a robar el teléfono. También les hacen falta pañales, que trata de reutilizar varios días.

No obstante, ninguna de esas carencias le vale a Daniela para justificar a su marido. “Todo el esfuerzo que hemos hecho, por lo que hemos venido y él haciendo pendejadas. Esto en Honduras nunca lo había hecho”, se queja. En San Pedro Sula la familia tenía una vida apacible, o al menos estable entre la extendida pobreza y violencia en el país. Daniela, de 30 años, era cocinera; y David, de 35, trabajaba en la construcción: “No éramos ricos, pero nos manteníamos”. Tuvieron que huir de su hogar cuando una de las maras se hizo con el control del barrio. “No teníamos planes de venirnos –cuenta–, pero salimos rápido, casi con lo puesto, en el momento en que ya asesinaron a nuestra vecina”.

Su objetivo ni siquiera es entrar a EEUU, ni avanzar al norte hacia las regiones más ricas de México. “La idea era quedarnos en Villahermosa y buscar algo de trabajo. Si aquí podemos vivir, ¿para qué arriesgarnos?”, se pregunta.

La capital de Tabasco tampoco promete grandes expectativas de empleo, pero para esta familia representa un salvavidas. Se ubica a tan sólo 200 kilómetros de Tenosique, a unas tres horas en un autobús que cuesta poco más de diez euros. Un trayecto corto, pero custodiado por hasta tres retenes migratorios.

Ante la amenaza de ser detenidos, sin un permiso de residencia cada vez más complicado de obtener, para ellos ese recorrido se tornará incierto y arriesgado. Deberán abordar el tren de mercancías conocido como 'La Bestia' que les transportará por un serpentino camino que ni siquiera pasa por Villahermosa. Daniela desconoce la travesía.

Un paso fronterizo conflictivo

Pasada la hora de espera en la entrada de la comisaría acude al lugar Francisco López, el administrador del destartalado hotel donde se cometió el robo. Su jefe, el propietario del alojamiento, lo ha enviado para “supervisar que se haga justicia”. Ambos han vivido sendas experiencias traumáticas relacionadas con los migrantes, por lo que su presencia enfría la cordialidad de la conversación entre las mujeres.

Según él, era conductor de autobuses cuando en 1998 lo detuvieron en un retén en Palenque, mientras transitaba de Villahermosa a Veracruz, por transportar a 32 indocumentados de los que asegura no tener conocimiento. Pasó ocho años en la prisión de Matamoros, al norte del país.

Al propietario del hotel, Armando, le asesinaron a su hijo en marzo de 2010. Ángel Fernando Paz era menor cuando lo secuestraron, mataron y arrojaron su cuerpo a un pozo de agua. Varios meses después aprehendieron a tres sujetos –dos hondureños y un mexicano–, quienes reconocieron la autoría del crimen, así como ser halcones (vigilantes del paso de migrantes) para el crimen organizado. El cártel de Los Zetas controlaba entonces ese cruce fronterizo.

Crece el rechazo contra los migrantes

“Si viene el patrón se pone fuera de serie. Es como tocar al diablo con este tema”, advierte Francisco, quien bajo la consigna 'pueblo chico, infierno grande' lanza improperios contra todo aquel que apoya a los migrantes en esos lindes. Es la punta del iceberg de un creciente malestar generalizado en todo el país. Un 61,5% de los mexicanos está de acuerdo en impedir el paso a los migrantes indocumentados, mientras que en octubre (antes de la Caravana de centroamericanos) esta opción la defendían un 49%, casi a la par con los favorables de permitir su ingreso. Se observa un alza similar entre quienes abogan por expulsar inmediatamente a los migrantes detenidos y quienes se muestran en desacuerdo con entregarles visas de trabajo, según una encuesta del diario mexicano El Universal, elaborada a mediados de junio tras la amenaza arancelaria de Trump.

Este rechazo se acentúa en las localidades fronterizas, especialmente en las más pequeñas como Tenosique, de unos 70.000 habitantes. Su alcalde, Raúl Gutiérrez, refleja en sus palabras a este medio ese recelo: “Aquí hay una situación de choque de culturas con la llegada de migrantes (...) Lo que queremos es regularizar su estatus migratorio, pero desafortunadamente aquí la manera en que ellos legalizan su estancia es mediante denuncias en la Fiscalía”.

El jefe municipal considera que los migrantes inventan los delitos que sufren en territorio mexicano para “ganar puntos” a la hora de obtener su visa humanitaria o refugio. Aunque los datos desmienten esa suposición; al contrario, los migrantes apenas denuncian un 12% del total de agresiones, según la comparativa de la cifra negra. La Fiscalía Especializada abrió 137 investigaciones por robo con violencia en 2018, mientras que el albergue La 72 registró 1.107 casos.

Enorme impunidad por igual

Asimismo, más de la mitad de las denuncias presentadas, el 52%, quedaron archivadas puesto que los migrantes que la interponen, siguen su camino sin aportar más pruebas. Aunque de poco o nada serviría dar seguimiento al proceso, puesto que de las casi 800 carpetas de investigación por esas agresiones en los últimos cuatro años tan sólo seis obtuvieron sentencia, un 1%, según datos de la Fiscalía.

La enorme impunidad en México afecta a todos por igual. “El proceso no avanzará. No hay supuesto de flagrancia, porque no hay cuerpo del delito (el teléfono)”, susurra uno de los agentes municipales alejado de los implicados. Daisy y los empleados del hotel se percataron del robo media hora después de producirse y capturaron al sujeto por su propia cuenta una hora después. David ya había vendido el teléfono en el mercado de la ciudad por 400 pesos, unos 18 euros, dinero que cargaba en el momento de su detención.

Cuatro horas después de su arresto trasladan al hondureño a ese mercado y hallan al comprador. Daisy recupera su móvil y se retira de las instalaciones policiales junto a Francisco, convencidos de que el ladrón seguirá encerrado y será devuelto a su país. Los agentes así se lo comunican para evitar mayores enfados y enredar la situación. A los pocos minutos liberan a David tras pagar una multa de 200 pesos (unos nueve euros). Una sanción que en realidad era del doble, pero que informalmente la reducen al no disponer de esa cantidad. Lo dejan ir sin cargos y sin informar a las autoridades migratorias para efectos de su posible deportación. Nada de eso le libra de la regañada de Daniela, que desahoga su angustia tras un breve abrazo.

Cuatro meses después del episodio, el encargado del albergue asegura que la familia ya se mudó a Villahermosa, sin poder detallar cuándo, y David regresó en una ocasión el mes pasado para recoger algunos documentos. El vigilante del hotel donde se produjo el hurto cuenta que se encontró a Daniela por la ciudad a comienzos de setiembre y, según le dijo, su marido se había adelantado hacia la capital de Tabasco antes de llevar a toda la familia. Su teléfono se extravió en el albergue. Daniela se conectó al whatsapp por última vez el 29 de julio.

El LG K9 de Daisy cuesta 3.000 pesos, unos 137 euros. La desesperación de David lo llevó a venderlo por una décima parte de su valor. Ese dinero apenas le hubiese alcanzado para comprar poco más que una lata de 400gr de leche sin lactosa, que puede durar unos diez días. Seguramente bastantes menos días que los que la familia todavía deberá esperar en Tenosique hasta arreglar sus papeles. El Samsung S6 que le robaron en la carretera costaba el doble que el de Daisy: el doble de tiempo para alimentar a su bebé. Pero la frontera no entiende de números ni de justicia.