La casualidad ha querido que en dos días hayan salido tres noticias que nos explican la forma en que está definido el negocio inmobiliario en España y, por eso, nuestra vida. El jueves nos enteramos de que la ministra de Economía frenó en el último momento el acuerdo para incluir una forma de control de precios en los alquileres en la reforma de la ley que se aprobó unos días atrás en el Consejo de Ministros. Según cuenta El Mundo, Nadia Calviño presionó para romper esa norma impulsada por Unidos Podemos después de reunirse y escuchar ella misma las presiones de los grandes fondos de inversión, empezando por Blackstone.
Este mismo fondo, que también el jueves sacó su sexta SOCIMI con 1.400 pisos en alquiler y que es el mayor operador en nuestro mercado inmobiliario con una cartera con valor de 20.000 millones de euros, fue ayer parte de otra noticia. El Tribunal de Cuentas ha condenado a Ana Botella y siete cargos de su gobierno de la ciudad de Madrid a pagar 25 millones de euros por responsabilidad contable por la venta de viviendas públicas por debajo de su valor. ¿A quién? A Blackstone que, aparte de la rebaja de 23 millones, obtuvo información privilegiada y una autopista burocrática para acceder al negocio. ¿Qué viviendas? Pues nada menos que 1.860 pisos protegidos, pagados con dinero de todos y alquilados a bajo precio a personas y familias con bajos ingresos que, al hacerse cargo el fondo en cuestión de sus contratos, vieron cómo las condiciones se pusieron imposibles.
Por último, en este juego de las noticias encadenadas, toca hablar de algo que tiene que ver con el Ayuntamiento de Madrid de ahora (y de Ahora Madrid). El jueves, este medio publicó en exclusiva un contrato secreto de la Operación Chamartín. Según la nota, Adif ha vendido 1.278 metros cuadrados de suelo a mitad de precio a los promotores de este desarrollo urbanístico, Distrito Castellana Norte (DCN), la empresa formada para la ocasión por la constructora San José y BBVA. Posteriormente, Adif contestó negando tanta rebaja (aunque la cifra que aparece en el comunicado sigue estando por debajo del mercado). Habrá ver lo que sigue en un asunto que no atañe directamente, pero pasa muy cerca de un gobierno de la ciudad que presume de su política de vivienda y que, de hecho, ha empujado, junto con el de Barcelona y otros, al Gobierno central para que sí incluya la norma del control de precios que al final Calviño borró. Y con esto, se termina de rizar el rizo de estos tres titulares conjuntados.
Empezaba el texto hablando de la casualidad como motor del encuentro en el tiempo de estas tres noticias, pero en realidad no es así. No hay nada casual ni sorprendente en esta conjunción porque es la perfecta definición de nuestro fracaso. El derecho a la vivienda que recoge el artículo 47 de la Constitución, presuntamente tan respetada por la gente de orden, es una broma de un mal gusto repugnante. La historia de las políticas del ramo, desde Franco hasta nuestros días, es la historia de un negocio multimillonario, no de un derecho. De hecho, lo único extraordinario es confirmar, a través de estos titulares y sentencias, lo que ya sabíamos. Pero ni siquiera nos da para alegrarnos.
Porque es evidente que el gobierno de Sánchez no pretende hacer una reforma en profundidad de nuestro modelo inmobiliario. No es que haya esquivado algunas propuestas de Unidos Podemos, es que ha pasado olímpicamente de las realmente esenciales de la PAH. Y tan ricamente, como se ve en las resbaladizas respuestas de la secretaria general de Vivienda, Helena Beunza, en esta reciente entrevista de Marina Estévez en este diario.
Tampoco da para ser optimista la sentencia del Tribunal de Cuentas. Se ha hecho justicia —de momento: ya veremos qué pasa con los recursos—, pero el punto de partida, aunque la cita, obvia de alguna manera la función social de la vivienda. Al tribunal lo que le parece mal es que el Ayuntamiento no sacase más partido a esa venta, no la venta en sí: “El precio de venta de todos estos inmuebles, que estaban sometidos a un régimen de protección pública por razón de función social, fue inferior al mínimo jurídicamente exigible, que no es otro que el valor máximo posible de venta de las viviendas calificadas como viviendas protegidas (151.211.518 euros), lo que dio lugar a un menoscabo injustificado en el patrimonio público que asciende a 22.711.518 euros”. Cierto es que lo que ocupa a este Tribunal de Cuentas es la gestión económica, pero no deja de ser demoledor que se dé por hecho que la vivienda, aunque sea protegida, sólo puede ser negocio.
También es un poco desesperanzador ver a algunos concejales del Ayuntamiento de Madrid presumiendo de haber iniciado la demanda que ha acabado condenando a Botella y diciendo que “la vivienda pública no puede ser negocio”, pero callados ante la noticia de la Operación Chamartín, en la que vuelve a revolotear lo del suelo público vendido de aquella manera para mayor plusvalía privada. Cualquier gobierno, por muy comprometido que se proponga ser, acaba siendo contradictorio. Pero en el momento de emergencia habitacional en el que estamos, hay que ser muchísimo más cuidadoso con este asunto. Muchos seguimos sin entender los motivos por los que esta operación, parada durante 25 años, ha sido acelerada justo por Ahora Madrid, no sólo aumentando así el desequilibrio territorial de la ciudad sino autorizando y hasta impulsando la rentabilidad de los grandes capitales frente al interés común.
La nube negra cubre también a los medios de comunicación. Salvo muy escasas excepciones —Eldiario.es es una, sin duda—, se trata la cosa inmobiliaria como un asunto de mercados y no como un tema social. Se sigue hablando de “calentón del alquiler” y de “recuperación del sector” y no tanto de la crisis colectiva en la que estamos inmersos.
Siento traer este mal rollo en estas fechas de esperanza a veces impostada, pero es lo que hay. Estamos, porque nos han traído hasta aquí, en una ruina que también es moral. Y no tiene pinta de que nos vayamos a mover. Toca felicitar el año, aunque sabemos que, en este tema, desgraciadamente no será nuevo.
