Banco Santander busca vías para deshacerse del ladrillo “lo antes posible”
Banco Santander ha anunciado este martes la fusión por absorción de Banco Pastor y Popular Banca Privada dentro de Banco Popular y, posteriormente, de esta dentro del grupo Santander. De este modo, y una vez reciba el visto bueno del Ministerio de Economía, la empresa reducirá su estructura societaria tras adquirir el pasado año a la entidad tras su proceso de resolución.
La compañía anuncia estas operaciones el mismo día que presenta los resultados del primer trimestre. El grupo se ha anotado un aumento del 10% en su beneficio, hasta los 2.000 millones de euros. La entidad se ha visto influida positivamente por la evolución en España, donde ha ganado un 26% más, así como en México y Brasil, con evoluciones al alza. Por contra, Santander arrastra una situación complicada en Reino Unido donde se ha desplomado su resultado un 21%.
Latinoamérica ya supone un 49% del beneficio del grupo. Destaca especialmente Brasil, que con el 27% del total, ya aporta más al resultado neto de la entidad que España. El tercer país por volumen de beneficio es Reino Unido, seguido por México.
Por contra, el grupo ha tenido una evolución más complicada de los ingresos. El margen por intereses, que pone en relación los que paga con los que recibe, se situó en el primer trimestre en 8.454 millones de euros, apenas un 0,6% más que un año antes. El margen bruto, que se podría considerar como el conjunto de los ingresos, creció un 1%. La evolución más positiva la tuvieron las comisiones, que crecieron un 3,9%. La compañía arrastra un impacto negativo de los tipos de cambio.
La presidenta del banco, Ana Botín, ha asegurado a través de una nota de prensa que el año ha comenzado “bien” con unos beneficios que son “sostenibles”. La directiva, que recientemente se ha mostrado muy crítica con los cambios regulatorios en materia de medios de pago, ha asegurado que la perspectiva para 2018 “sigue siendo positiva”.
La compañía recuerda en la presentación de resultados de la CNMV que ha cerrado en el primer trimestre la venta de la cartera inmobiliaria de Banco Popular al fondo Blackstone, aunque mantiene el 49% de la propiedad. Además, asegura que seguirá reduciendo su exposición al ladrillo, que actualmente supera los 5.200 millones de euros, que incluyen más de 1.200 millones de créditos inmobiliarios morosos.
Respecto a este punto, José Antonio Álvarez, consejero delegado de la entidad, ha defendido su intención de desprenderse de estos activos “lo antes posible”, aunque de manera “ordenada”. Para ello, estudian la venta de grandes paquetes de propiedades inmobiliarias o incluso integrarlas en sociedades como Testa o Metrovacesa.
El grupo ha cerrado el primer trimestre con riesgos morosos y dudosos por valor de 37.408 millones de euros, una cifra que, aunque es menor que al cierre del pasado ejercicio, es un 16% más alta que la que tenía en el mismo periodo de 2017. De este modo, la ratio de morosidad se encuentra en el 4,02%. España, Portugal y los activos inmobiliarios son las áreas donde es más alta esta ratio.
Respecto a la situación de Popular, Álvarez ha defendido que, tras estabilizarse, la entidad está creciendo “bien”, especialmente en su negocio principal que es el de servicios financieros para pymes y autónomos. La compañía, según ha señalado el consejero delegado, prevé cumplir con la integración societaria del grupo en septiembre de este año.
Álvarez ha defendido, frente a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea publicada este martes que implica que los bancos separen la figura del presidente de la dirección ejecutiva, el modelo de gobierno corporativo de la entidad, pese a que Ana Botín mantiene la figura de presidenta ejecutiva. “Lo importante es tener un equilibrio de poderes y nosotros contamos con un gobierno corporativo a la altura de los mejores”, ha defendido el consejero delegado de la compañía.
El directivo ha incidido en la crítica de la presidenta de la compañía a las implicaciones de la normativa de medios de pago, PSD2. “Si uno hace pagos, sea banco o no, debe tener las mismas normas”, ha subrayado el ejecutivo, quien además ha destacado que la nueva directiva europea implica un “aumento de costes” y refuerzo de la ciberseguridad, debido a que otros pueden acceder a sus datos.
